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Villarejo subcontrató a unos detectives por 20.000 euros en una operación que él vendía por 200.000

La documentación intervenida en los registros realizados recientemente en las casas de los últimos detenidos del caso Villarejo revelan el amplio margen de beneficio que el comisario jubilado José Manuel Villarejo obtenía de los encargos de espionaje ilegal que presuntamente prestaba. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, incorporado el pasado miércoles al sumario que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, apunta que subcontrató a un grupo de detectives para espiar a los adversarios de los empresarios Muñoz Tamara por una cantidad bastante menor de la que él pretendía cobrar a sus clientes. Según consta en los papeles aprehendidos, apenas abonó 2.000 euros por los seguimientos, aunque uno de los implicados aseguró que después les llegó a dar 20.000 en total. Eso sí, Villarejo facturaba por esos servicios entre 150.000 y 200.000 euros, según explica él en una grabación que consta en la causa.

El nuevo informe policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla a lo largo de 21 folios los indicios localizados en los equipos informáticos intervenidos en los domicilios registrados en las provincias de Málaga, Madrid y Granada, ocupados por Núria M. C., Elisa G. G., Juan Manuel L. L. y Gervasio C. M., los cuatro detenidos el pasado febrero por participar presuntamente en el espionaje del empresario M. M. N y el abogado de este, el exjuez J. U., en lo que el comisario jubilado bautizó como Proyecto Pintor o Thew. El policía, en prisión provisional desde noviembre de 2017, puso este proyecto en marcha tras recibir el supuesto encargo de Juan Muñoz Tamara —marido de Ana Rosa Quintana, que aseguró en su declaración como imputado que llegó a dar en metálico 20.000 euros a Villarejo— y su hermano Fernando. Ambos querían que la trama recabara información comprometedora de M. M. N. —al que “le reclamaban una cantidad importante de dinero”— y su abogado para contar con armas que les permitiera “coaccionarles” y lograr así “un acuerdo ventajoso” sobre esta deuda, según recoge García-Castellón en un auto anterior.

En un disco duro ahora intervenidos a los detectives subcontratados, los agentes han localizado un contrato firmado entre una de las detenidas, Elsa G., y la agencia Anónimo Detectives, de otra de las arrestadas, Nuria M., así como dos hojas con el desglose de los honorarios que esta última cobró por los servicios. En estas se detallan el importe de los seguimientos que hicieron a las víctimas a lo largo de siete días, entre el 17 de marzo de 2017 y el 14 de mayo del mismo año. Los detectives aseguran en estos documentos haber invertido 65 horas y media en seguir el empresario y su abogado, además de haber recorrido más de 1.000 kilómetros. Por todo ello, facturaban 20 euros la hora, así como gastos de kilometraje y dietas de 15 euros por persona. En uno de las hojas de facturación figura como importe total 565,73 euros, IVA incluido. En la segunda, 1.400 euros.

Los negocios oscuros de Villarejo movían “cantidades millonarias”, según ha dejado escrito el juez García-Castillón en varios autos de la Operación Tándem, donde se investiga paralelamente la red de empresas internacional diseñada por el comisario jubilado para evadir presuntamente el dinero al extranjero. Precisamente, en una de las grabaciones incorporadas al sumario, el antiguo agente de la Policía Nacional habla de cifras con Francisco Menéndez, un abogado que confesó haber cooperado con la trama: “Nuestro grupo es un grupo de 125-150 millones de euros”, le dice.

En otra documentación intervenida por Asuntos Internos e incorporada a la causa, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, también constan algunas de las nóminas que el principal sospechoso del caso abonaba a sus colaboradores: según estas, por ejemplo, a través de la compañía Servicio de Investigación y Detección SL, dedicada a la investigación privada, pagó 9.186,56 euros brutos por dos meses de trabajo (diciembre de 2012 y enero de 2013) a Antonio G. R., un policía en segunda actividad también imputado en otra parte de las pesquisas.

Dispositivos GPS y cámaras ocultas

El informe de la Unidad de Asuntos Internos de este 6 de mayo deja otros muchos detalles sobre el modus operandi de la trama. Este documento, que se centra en los movimientos de los detectives subcontratados por Villarejo, destaca que utilizaron dispositivos de geolocalización colocados en los vehículos de las víctimas para espiarles. Los investigadores recalcan que estas balizas de seguimiento solo pueden ser utilizadas por la policía con autorización judicial.

La UAI incluye decenas de mensajes de WhatsApp cruzados entre los detenidos: “Hace cinco minutos salió el AudI con la mujer solo” o “He conseguido mucha información y tengo que analizarla con Gerva”, rezan algunos. Y subraya que los implicados elaboraron, a su vez, informes personalizados sobre los enemigos de los Muñoz con “información extraída de bases de datos policiales de carácter restringido”. Los agentes también explican detalladamente cómo colocaron una cámara oculta en los inhibidores de humo del baño de un local para grabar a una de sus víctimas —algunos de los fotogramas de ese vídeo se han incorporado ya a la causa—. “Toda esta capacidad operativa, tanto de medios personales como materiales de la mayor variedad y al más alto nivel tecnológico, venía siendo ofrecida por Villarejo a sus clientes”, recalca García-Castellón en el auto donde mantiene en la cárcel al comisario jubilado, en prisión provisional desde 2017.

Los registros también han permitido recabar nuevos indicios sobre la supuesta participación en el espionaje de un agente de la Policía Nacional entonces destinado en Granada, José Manuel G. E. Este hombre, pareja de una de las detenidas, aprovechó que se encontraba de baja médica para participar en, al menos, una de las vigilancias. En este sentido, el informe de Asuntos Internos recoge imágenes de una grabación de vídeo que hicieron al exjuez y en la que accidentalmente aparecía él.

Supuestos vínculos con el CNI

Dos de los implicados en esta subcontratación admitieron el pasado febrero en su declaración como imputados en la Audiencia Nacional que este trabajo lo encargó Villarejo. Y, en esas declaraciones, surgió el nombre del Centro Nacional de Inteligencia. Según fuentes jurídicas, Juan Manuel L. L. aseguró que creía que detrás de esa operación se encontraba el CNI porque Núria M. C. había hecho pruebas para incorporarse a este organismo. Elsa G. dijo, por su parte, que el exmilitar Gervasio C. M. tenía vínculos con los servicios secretos y que este fue quien les puso en contacto con el comisario jubilado.

Además, en la casa de Núria M. C. se ha localizado un documento titulado “Datos complementarios CNI”, relleno con sus datos personales y los de su pareja. No es la primera vez que se menciona al Centro Nacional de Inteligencia en la causa. De hecho, el pasado 28 de enero, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, aseguró que Villarejo también trabajaba para el CNI: “El general [Félix] Sanz Roldán me lo reconoció”.

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