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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se saludan con el codo en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se saludan con el codo en el Palacio de la Moncloa.Pool / Europa Press

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha entrado en una fase de confusión política que hace temer lo peor sobre las posibilidades de que finalmente lleguen a aprobarse, al tiempo que crece el temor sobre una nueva prórroga de los presupuestos de Montoro, que ya parecen eternos. Hay una tensión política subyacente, pero muy notoria, en el Gobierno sobre si las cuentas públicas deben aprobarse con la llamada mayoría de la investidura o si, por el contrario, es posible incorporar nuevos actores políticos a la negociación, con el fin de ampliar el apoyo a un proyecto comprometido, en tanto que llega en un momento especialmente crítico para la economía golpeada por la Covid-19. Este debate está retrasando la atención sobre el problema principal: la economía española necesita un Presupuesto para el año que viene que recoja las graves exigencias de la recuperación, la formalización de ingresos y la cuantificación de los gastos incurridos y el encauzamiento de los fondos europeos, que no es un tema menor. No se puede afrontar la reactivación económica sin las cuentas públicas adecuadas. La acción política debería orientarse en función de una realidad incontrovertible: sin Presupuestos, la recuperación será mucho más lenta y penosa que con ellos.

Sin embargo, cuando el tiempo apremia y restan apenas cuatro meses para el comienzo del ejercicio, el hecho es que no se han dado siquiera los primeros pasos de definir las partidas de ingresos y gastos que deben contribuir desde el sector público a mitigar los efectos de la crisis y estimular el crecimiento el año que viene. No se ha fijado el techo de gasto, ni se conoce un avance de cuadro macroeconómico que enmarque las previsiones de ingresos o las probabilidades de control del déficit o una definición de en qué medida el gasto público debe orientarse hacia la protección social o hacia la inversión. Estas definiciones deberían estar claras ya, pero, que se sepa, solo existe constancia de que el ministerio de Hacienda está trabajando en ello. Tampoco resulta tranquilizador que la vicepresidenta Calvo, aluda, como de pasada, a una posible demora en la entrada en vigor del nuevo Presupuesto, quizá “unos días” de retraso. Estas no son las mejores formas para dar seguridad a los agentes económicos y revelan una cierta inconsistencia (por no decir inconsciencia) en la elaboración del instrumento económico más importante del país.

Dada la gravedad de lo que se juega la sociedad española, nada menos que la confianza en las posibilidades de recuperación de la economía a partir de 2021, ha llegado el momento de que el Gobierno ponga las cartas sobre la mesa, explique los parámetros básicos de su propuesta económica (como los citados techo de gasto, cuadro macroeconómico, orientación fiscal y de gasto) e inicie un debate —este sí es sustancial— sobre cuáles son los límites que la negociación política no debe traspasar. La primera prioridad es acabar con la interinidad presupuestaria, es decir, acabar con las prórrogas que, en el fondo, son la consecuencia de la debilidad parlamentaria y limitan la capacidad del Gobierno para afrontar la crisis; la segunda, mantener los apoyos necesarios para la supervivencia de las empresas viables afectadas por la pandemia y a los trabajadores afectados por la parálisis de la actividad; y la tercera, servir de rampa de lanzamiento un programa de recuperación y de estabilización financiera durante al menos los próximos tres años.

Sería una irresponsabilidad frustrar o retrasar cualquiera de estas prioridades; no solo son necesarias sino que van camino de convertirse en perentorias. Constituyen la base de la confianza empresarial y laboral de la economía poscrisis; y porque son la contrapartida razonable al esfuerzo de los fondos europeos, largamente reclamados. Quizá en los próximos tres años los gobiernos no estén acuciados por el déficit, pero sí estarán exigidos con una intensidad igual o superior por la necesidad de conseguir tasas razonables de crecimiento y no rezagarse respecto al resto de las economías europeas.

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