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Una mayoría evitará que los pactos se usen para investigar al Gobierno

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, la semana pasada en el Congreso.La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, la semana pasada en el Congreso.Ballesteros / EFE

El contenido y el procedimiento sobre los que trabajará la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica tras la pandemia están aún por discutir y acordar. Sí está descartado que se convierta en una comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno: una mayoría parlamentaria lo impedirá en el supuesto de que el PP y Vox fueran por esos derroteros. El PP seguirá su línea de fiscalización de la gestión del Gabinete de Pedro Sánchez, pero el PSOE y la mayoría de los grupos parlamentarios evitarán que también la comisión de los pactos de San Jerónimo derive en ese examen.

Entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado, deshicieron el lunes el nudo que hacía imposible que circulara la comunicación entre ellos. Ambos cedieron, aunque el PP sostiene que mucho más el Gobierno, hasta el punto de que hubo acuerdo para que se forme una comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica tras la pandemia. Por tanto, lo que salga tendrá principio y fin en el Congreso de los Diputados. Aún no se ha creado, pero no habrá mucha demora; nadie la quiere retrasar, aunque tanto el PSOE como Unidas Podemos y Ciudadanos quieren aquilatar los contenidos de la comisión para que no se convierta en una comisión de investigación de la labor del Gobierno ante la pandemia.

Fuentes socialistas advierten de que ese no puede ser el objetivo, y también lo ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de manera abierta. Ese resquemor no se sustenta aún en hechos concretos y verificables pero sí en la convicción política de que el PP y Vox no querrán desaprovechar esta plataforma, señalan fuentes parlamentarias. No fue esta la exigencia que ayer expuso la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Ella se centró en demandar para su grupo la presidencia de la comisión de los pactos de San Jerónimo (por el nombre de la calle de Madrid que alberga la sede de la soberanía popular). El control al Gobierno, en todo caso, será exhaustivo, esta misma semana comparecerán tres ministros y la sesión de control de hoy mostrará con crudeza el ataque de la oposición, principalmente PP y Vox, y el alto grado de exigencia al Ejecutivo de Cs y del resto de grupos sobre la gestión de la crisis sanitaria.

No hay dudas de que el control sigue y se mantendrá mientras nace la comisión impulsada por el Gobierno y cuyo objetivo sería poner en marcha una panoplia de medidas después de los estragos que dejará la pandemia. No ha echado a andar y todo son aproximaciones. “Esta comisión solo podía ser parlamentaria y nos alegramos de que sea la única comisión para unos pactos que tenían que ser los de la carrera de San Jerónimo”, señaló ayer Álvarez de Toledo. “No éramos favorables a soluciones extraparlamentarias ni inventos cesaristas”. Así denominó la portavoz del PP el planteamiento inicial de Sánchez de que los pactos nacieran en La Moncloa.

Solo con sus diputados, el PP podría forzar la creación de la comisión, que en ningún caso será permamente, pero no lo hará porque quiere que se forme con el acuerdo general. Dentro de ese pacto en su constitución, el PP pedirá la presidencia, alegando que nace por un acuerdo ente los líderes del PSOE y del PP. Este es el razonamiento de los populares que, además, esgrimirán que el PSOE ostenta la presidencia de la Comisión General de Autonomías, que está llamada a tener protagonismo en esta crisis y en la postcrisis. Por tanto, la otra, la del Congreso, debe presidirla el PP, sostienen.

En el PSOE han disimulado lo que han podido pero esa propuesta no les satisface en absoluto. No hay aún confianza mutua, y no es seguro que se tenga, sobre el comportamiento en esa comisión y si podrá llegar a algún puerto. Hasta hace 48 horas, el PP consideraba que los pactos que pedía el Gobierno eran para socializar los errores y las culpas, a lo que los populares no estaban dispuesto.

Agentes sociales

Ahora, en el Congreso, con la representación que cada uno tiene, el PP se siente cómodo, porque hará valer su fuerza parlamentaria y su condición de segundo partido. No está resuelto, porque no se ha producido la primera reunión de todos los que participarán, si el Gobierno logrará que los trabajas se dividan en cuatro áreas o mesas: reactivación económica, Estado del bienestar, sanidad y salud pública y la contribución de la Unión Europea.

Aún no están todos los que pueden participar en ese gran pacto. Mañana, el presidente del Gobierno se reunirá con la CEOE y los sindicatos, con los que se quiere contar activamente en el desarrollo de los pactos. Al ser una comisión parlamentaria, ellos podrán asistir convocados por los grupos parlamentarios. “Agradecemos la disposición de partidos, entidades locales, patronal y sindicatos para trabajar en esta tarea”, <NO1>El Congreso va a ser el escenario de ese trabajo conjunto y esperamos que la Mesa determine la fecha y metodología de funcionamiento”, <NO>expresó ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Sobre la patronal y los sindicatos la titular de Hacienda recalcó que su papel es “trascendental” para la reconstrucción del tejido productivo y para garantizar la protección los ciudadanos más vulnerables. “Sin ellos es imposible sentar las bases. Ninguna transformación de calado en nuestro país es posible sin ellos”, remachó. Los agentes sociales sí están dispuestos a dialogar, negociar y acordar sobre bases antagónicas. Esa práctica no la tienen los partidos políticos, que vienen de culturas ideológicas enfrentadas.

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