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Un mínimo vital

Era cuestión de tiempo que la amenaza de recesión y los daños causados por la crisis de la Covid-19 resucitaran la necesidad de aprobar una renta mínima. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que el Gobierno está preparando un proyecto de ingreso mínimo vital del que se beneficiarán en torno a un millón de familias, que no duplicará las ayudas autonómicas, y que incentivará la búsqueda activa de empleo. A la espera de conocer los detalles de la renta que finalmente se apruebe, esta vez estamos ante la posibilidad real de que España cuente con un instrumento para combatir los efectos de esta crisis y mitigar la desigualdad estructural.

De una u otra forma, con mayor o menor alcance, varios países han optado por fórmulas que, con distintas denominaciones, se parecen a una renta mínima o al menos a un embrión de ella. Estados Unidos concederá una ayuda de 1.200 dólares, progresivamente más reducida a medida que aumenta la renta, para compensar las caídas de ingresos de los ciudadanos; Brasil anuncia pagos de 115 dólares mensuales durante un trimestre para casi 60 millones de trabajadores. El Gobierno español va más lejos al proponer un ingreso mínimo estructural. El argumento económico fundamental a favor de una renta de este tipo es que la inyección directa de dinero a los ciudadanos es un método más eficaz que las ayudas indirectas o facilidades legales (créditos, moratorias) si de lo que se trata es de mantener niveles aceptables de vida en las familias, y con más motivo en el caso de la recesión que llega.

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Pero hay más. Una crisis de oferta y demanda, con un elevado grado de incertidumbre sobre los ritmos de recuperación posterior, se combate mejor aumentando la capacidad de gasto de los colectivos afectados por la crisis. Sería un disparate afrontar la salida de la crisis de nuevo con la increíble receta pasada de la devaluación salarial; a más capacidad de consumo más rápida será la salida de esta crisis. No es ocioso recordar que los sistemas cuyos ciudadanos tienen un nivel de renta sin altibajos son los que resisten mejor las convulsiones.

Una renta mínima exige una definición del perímetro de ciudadanos que pueden beneficiarse de ella, un cálculo preciso de los costes y, en consecuencia, de la capacidad del Estado para sufragarla. Con esos criterios habrá que medir la renta mínima que proponga el Gobierno. Pero la condición principal es de orden político y social. No será posible financiarla de forma permanente sin abandonar la idea de que el sistema fiscal solo puede operar como una carrera continua a la baja. Un sistema globalizado, sujeto potencial de crisis cada vez más graves o inesperadas (y la del coronavirus lo es en grado sumo), necesita una estabilidad básica. Una política fiscal distinta y moderna, cambios eficaces en la política social y la introducción de mecanismos de estabilización más sofisticados.

Conviene no equiparar la renta mínima con la Renta Básica Universal (RBU) o la Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Estas son sistemas de seguridad social en los que todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, reciben regulamente una suma de dinero, tanto si quieren trabajar como si no, si se es rico o pobre, sin depender de otras fuentes de renta y sin importar con quién se convive. No son lo que se está contemplando.

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