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Turquía imputa a 20 saudíes por el asesinato de Khashoggi y emite órdenes internacionales de arresto

Manifestación en recuerdo de Jamal Khashoggi, el 25 de octubre de 2018.Manifestación en recuerdo de Jamal Khashoggi, el 25 de octubre de 2018.Osman Orsal

La Fiscalía General de Estambul ha imputado este miércoles a 20 ciudadanos de Arabia Saudí por el asesinato del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi, entre ellos dos cercanos colaboradores del príncipe heredero Mohamed Bin Salman, a los que acusa de ser los cerebros del crimen. La publicación del sumario de acusación se produce casi un año y medio después de la muerte de Khashoggi, asfixiado en el consulado saudí de Estambul y cuyo cadáver, supuestamente despedazado, fue hecho desaparecer y jamás ha sido hallado.

El fiscal turco encargado del caso solicita penas de cadena perpetua no revisable parar los veinte acusados y ha emitido una orden de detención internacional contra ellos, además de solicitar a Arabia Saudí su extradición, solicitud que también ha notificado a las autoridades pertinentes de la Unión Europea.

En su comunicado, la Fiscalía de Estambul explica que ha llegado a estas conclusiones tras meses de investigación en los que se han analizado las llamadas de los sospechosos y el contenido de los teléfonos, el ordenador y la tableta de Khashoggi; se ha registrado el consulado saudí, la residencia del cónsul, las habitaciones de hotel en que se hospedaron los sospechosos y los vehículos utilizados, y se ha tomado declaración a más de medio centenar de personas.

Dieciocho de los imputados son acusados de la comisión de “homicidio premeditado con la intención de causar sufrimientos monstruosos a la víctima”. Entre ellos se hallan los 15 saudíes enviados expresamente desde su país para ejecutar el asesinato, así como tres empleados del consulado, incluido el cónsul general saudí. A los otros dos se les acusa de “instigar y planificar” el crimen. Se trata del exsubjefe de los servicios secretos, Ahmed al Asiri, considerado muy cercano a Bin Salman, y Saud al Qahtani, quien dirigía el área de medios de comunicación de la corte real y un ejército de soldados en la red para defender la imagen del reino y atacar a sus potenciales enemigos en el ciberespacio.

El pasado diciembre, Arabia Saudí anunció que había impuesto la pena de muerte a 5 personas y condenas de cárcel por un total de 24 años a otros tres individuos en relación con la muerte de Khashoggi, si bien no hizo público el nombre de los condenados tras un juicio cerrado al público. Sí que anunció que Al Asiri había sido absuelto por falta de pruebas y que Al Qahtani ni siquiera llegó a ser procesado, pese a haber sido apartado de la primera línea de la corte durante meses.

Tanto la falta de responsabilidad de Al Qahtani como la ausencia de intencionalidad previa que decretó el tribunal saudí contradicen las conclusiones alcanzadas por la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien el pasado junio aseguró que existían pruebas suficientes para responsabilizar del asesinato al príncipe heredero y otros altos cargos del reino. Tras su viaje a Turquía con un equipo de tres forenses en enero del año pasado, Callamard dijo haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”.

Poco después de hacerse pública la sentencia saudí, Callamard la calificó de “antítesis de la justicia”. En una serie de tuits, tachó de “burla” que “los sicarios hayan sido condenados a muerte mientras los cerebros de la operación no solo quedan libres, sino que apenas han sido tocados por la investigación y el juicio”.

El asesinato de Khashoggi llevó al límite las relaciones entre Turquía y la monarquía saudí, cuyos gobiernos compiten por incrementar su influencia en la región y son adversarios en diversos conflictos internacionales como Libia, Egipto y el bloqueo a Qatar.

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