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Trece provincias viajan a 2050: tienen ya solo 1,5 cotizantes por pensionista

El informe España 2050, elaborado por un centenar de expertos para tratar de vislumbrar cómo evolucionará la sociedad y la economía española en las próximas décadas, advertía que mediado el siglo habría solo tres cotizantes por cada dos pensionistas, o, lo que es lo mismo, un cotizante y medio por cada pensionista. Una relación de activos sobre pasivos tan corta que impediría financiar el sistema de pensiones. Se supone que para que un sistema esté en equilibrio financiero, además de tener cotizaciones y prestaciones monetariamente contemporáneas, debe disponer de al menos 2,5 cotizantes activos por cada pensionista o pasivo. Una relación de la que España está ahora ya muy lejos, y de la que lo estará mucho más en 2050 de ser ciertas las proyecciones realizadas por el informe patrocinado por Moncloa.

España tiene ahora, a 31 del pasado mes de mayo, 1,95 cotizantes por cada pensionista. Una proporción que impide al sistema disponer de equilibrio presupuestario. Pero llama la atención que la relación establecida para 2050 de 1,5 cotizantes por cada pasivo y que haría insostenible el sistema de pensiones, ya la tiene ahora una muy buena parte del territorio, y que eso presiona sobre las finanzas del sistema porque la Seguridad Social es, de momento, una de las pocas instituciones obligadas mantener la solidaridad intergeneracional y territorial del Estado.

Concretamente hasta 13 provincias españolas tienen ahora 1,5 afiliados cotizantes o menos por cada prestación de vejez, viudedad o invalidez. No es que tales territorios hayan quemado etapas y alcanzado el futuro ya; es que tienen menos futuro que el resto del territorio y su fuerza laboral es decreciente, mientras que avanza la masa de pasivos.

En la otra parte de la balanza, con una proporción aceptable de cotizantes por pensionista, considerando como tal dos cotizantes o más, hay 14 provincias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sus niveles, pese a ser aceptables, no pueden considerarse suficientes como para sustentar de forma autónoma, si fuera el caso, las finanzas de su sistema de protección. Únicamente podrían hacerlo aquellas que lleguen a 2,5 aportaciones por cada prestación: y tal condición solo aparece ahora en Madrid, con 2,75 cotizantes por pensión; Almería, con 2,75 también; Huelva, con 2,59; Murcia, con 2,47; y las dos ciudades autónomos de Ceuta y Melilla, con 2,49 y 2,96 respectivamente.

Barcelona, Gerona, Alicante, Zaragoza, Málaga, Sevilla, las dos provincias canarias, Toledo, Guadalajara y Álava se mueven en el entorno de dos cotizantes por prestación, y con una relación notablemente mejor que algunas provincias de sus respectivas comunidades autónomos.

Volviendo de nuevo al territorio con menos fuerza laboral, además de las 13 provincias que están ya en 1,5 o menos afiliados por pensión, una buena parte de ellas tienen una ratio mucho más pobre. La más perjudicada en los registros de la Seguridad Social el pasado mes de mayo es Orense, que ni siquiera llega a disponer de una aportación por cada pensión, y tiene únicamente 0,95 cotizantes por pensionista.

En valores igualmente deprimentes están Lugo (con 1,04 cotizantes), Zamora (1,19), León (1,12), Ávila (1,3), Salamanca (1,47), Palencia (1,47), La Coruña (1,44), Pontevedra (1,45) y Asturias (1,2).

El empleo es el motor

Si la relación existente ahora entre cotizantes y pensionistas, del 1,95, es claramente insuficiente para sostener el sistema, solo puede recomponerse con un avance intenso de la ocupación. Hay otras cuestiones cualitativas, como la calidad de las cotizaciones y de las pensiones que inciden directamente también en la sostenibilidad. Pero es imprescindible que para hacer frente al fuerte avance de los pensionistas en las dos próximas décadas, en las que se incorporan como pasivos los nacidos en el baby boom, se incremente de forma muy notable el número de ocupados. Debe hacerlo de forma acelerada para remontar las tasas de dependencia tan exigentes de ahora, y solo puede lograrse con incrementos del empleo que dupliquen el avance del número de pensionistas.

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