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Torra declara por otra desobediencia mientras espera la sentencia que puede inhabilitarle

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto al vicepresidente Pere Aragonès a su llegada a una reunión del Govern. EFE/Quique García
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto al vicepresidente Pere Aragonès a su llegada a una reunión del Govern. EFE/Quique GarcíaQuique Garcia / EFE

Lo de Quim Torra con los tribunales parece un dejà vu pero no lo es. Este miércoles declara ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia, en una causa judicial muy similar, aunque posterior en el tiempo, a la que le mantiene a la espera de ser inhabilitado como presidente de la Generalitat.

Las razones de esta segunda investigación contra Torra son idénticas a las que motivaron la primera. El president desoyó una orden (en este caso procedía del TSJC y no de la Junta Electoral Central) de retirar una pancarta (la misma que en la primera ocasión) a favor de la libertad de los políticos encarcelados por el procés. Lo hizo, también, en plena campaña de las elecciones generales: las del 10 de noviembre de 2019.

Cuando el TSJC abrió este segundo frente contra Torra, ya le había condenado por su primera desobediencia a un año y medio de inhabilitación. El mandatario, que admitió haber desobedecido pero al mismo tiempo intentó esquivar el castigo (alegó que la Junta Electoral Central no podía darle órdenes) recurrió ante el Tribunal Supremo, que la semana pasada revisó su caso. En los próximos días el Supremo dará a conocer si, como es previsible (los antecedentes así lo indican y los hechos son claros) confirma la condena, lo que obligaría a Torra a dejar la presidencia.

La decisión puede abrir un nuevo periodo de inestabilidad política en Cataluña, entre otras razones porque Torra ya ha mostrado su nula disposición a convocar elecciones. En caso de confirmarse la inhabilitación, esta segunda causa judicial pierde interés para la trayectoria de Torra. La investigación seguirá adelante, pero es incluso probable que, siendo Torra ya un ciudadano común y no un aforado, se trasladase a los juzgados ordinarios y no al TSJC.

Está por ver qué declara Torra este miércoles ante los magistrados del TSJC, aunque es probable que siga en la misma línea de tratar de desacreditar a los jueces. La causa penal comenzó por una denuncia de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, a la que reclamó la retirada de la pancarta. Los jueces atendieron la petición y, el 20 de septiembre de 2019 -cuando ya estaban convocadas las elecciones generales de noviembre- ordenaron a Torra que la retirase. Como ya había hecho, se negó a hacerlo, y fueron los Mossos d’Esquadra quienes, por orden judicial, hicieron el trabajo.

Torra, que la semana pasada fue el centro de todos los focos en Madrid, lo será ahora en Barcelona. Acudirá a declarar, una vez más, arropado por el vicepresidente Pere Aragonès (Esquerra Republicana), a pesar de que Junts per Catalunya y sus socios en el Gobierno catalán no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuál es la respuesta que debe darse en caso de que Torra sea inhabilitado.

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