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Todo vale contra la investigación

El presidente del tribunal anuncia antes de iniciar la sesión que tres de los testigos previstos para los próximos días no van a poder comparecer. Uno porque está muy enfermo, otro porque ha fallecido y la tercera porque está jubilada e ilocalizable, que eso sí que es pasar a mejor vida. El fiscal Romeral interviene enseguida para chafarle a la señora su retiro dorado:

—Con la venia, señoría. Desde la fiscalía nos comprometemos a facilitarle el domicilio de doña Marga García-Valdecasas.

Por lo demás, el lunes se presenta vestido de lunes. El menú del día anuncia la tercera sesión consecutiva y monográfica con los agentes de la UDEF —la unidad de la policía nacional que lucha contra la delincuencia económica y fiscal— como plato único. En las jornadas anteriores ya se había constatado que Manuel Morocho, el inspector jefe que dirige el grupo que investigó los papeles de Bárcenas, es un excelente policía, pero que flaquea como orador y carece del don de la concisión. Cuando los que preguntaban eran el fiscal, la abogada del Estado o las acusaciones populares, el policía dibujó sin grandes dificultades un paisaje más o menos claro del tinglado que, según sus investigaciones, tenían montado Luis Bárcenas y el arquitecto Gonzalo Urquijo para pagar con dinero negro parte de la reforma de la sede del PP. Pero este lunes el agente no navega con el viento a favor. Este lunes interviene la bancada de enfrente, esto es, los abogados defensores de Urquijo, de su socia, Belén García; de la empresa de ambos, Unifica; y del Partido Popular (PP).

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Urquijo y el PP saben que lo tienen crudo. Morocho, a quien el Gobierno de Rajoy intentó por todos los medios apartar de la investigación, es su bestia negra, y por eso han contratado a algunos de los abogados más caros del muestrario, entre ellos a dos exfiscales de la Audiencia Nacional. El objetivo es atacar los puntos débiles de la investigación. Y el abogado encargado de abrir la primera fisura en los informes de Morocho es el exfiscal Luis Jordana de Pozas.

Da la impresión de que el policía y el abogado son viejos conocidos, y no precisamente amigos. Jordana de Pozas, que suele acompañar sus preguntas con una coreografía de gestos y desplantes de cara a la galería, logra poner nervioso enseguida al agente, que se enroca tanto en sus respuestas que el presidente del tribunal termina dándole un aviso:

—Le recuerdo que está bajo juramento.

Es una advertencia desagradable, sobre todo si el testigo es el inspector jefe que lleva más de siete años investigando a contracorriente las tramas de corrupción política. El abogado se viene arriba, el policía titubea, sus subordinados —sentados junto a él— le echan un cable cuando pueden, y el fiscal y las abogadas del Estado no pierden detalle de la contienda. Cuando el abogado de Gonzalo Urquijo, que también se lleva alguna reprimenda del presidente del tribunal por hacer “aspavientos”, acaba su tarea, le toca el turno al letrado de Belén García, la otra socia de Unifica. Es el más veterano de todos, y a pesar de ello no resiste la tentación de formular una pregunta que no es ni siquiera una pregunta:

—Usted ha dicho que ha estado siete años investigando junto a nueve o diez agentes, le quiero preguntar: ¿algo hicieron bien?

El presidente del tribunal declara impertinente la salida de tono del letrado. El inspector Morocho, a estas alturas, ni pestañea. Los abogados más caros, los más veteranos, intentan embarrar el terreno de juego innecesariamente con dardos y provocaciones, cuando los más jóvenes —ya sean de la abogacía del Estado, de la acusación popular o de las defensas— están demostrando un conocimiento más preciso del sumario y de la compostura.

El próximo capítulo será saber si el fiscal encuentra a la mujer jubilada e ilocalizable. Su testimonio es vital para uno de los asuntos más importantes del juicio. “Doña Marga” fue inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

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