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Test defectuosos a 26 euros y mascarillas a 0,51: el Gobierno ha gastado al menos 350 millones en material sanitario

El presidente del Gobierno preside el Consejo de Ministros de este martes.El presidente del Gobierno preside el Consejo de Ministros de este martes.Moncloa

El Gobierno lleva gastados al menos 350,3 millones de euros en material sanitario, según se puede comprobar en la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes. Es la primera vez que el Ministerio de Sanidad informa públicamente sobre el precio que ha pagado por el material. Por ahora sigue sin identificar a las empresas intermediarias a las que se lo ha comprado, pero la distribuidora de los test defectuosos que tuvo que devolver Sanidad, Interpharma, ha emitido un comunicado explicando lo sucedido y afirmando que el dinero que pagó Sanidad ya ha sido devuelto.

El Gobierno no ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público los contratos que ha formalizado por vía de emergencia desde que se declaró el estado de alarma. El Ejecutivo está obligado a dar cuenta al Consejo de Ministros de estas compras, que se hacen sin concurso público, en los 30 días posteriores.

La referencia recoge siete acuerdos, uno por contrato, de compra de mascarillas de distintos tipos, guantes y gafas de protección, y también de test diagnósticos. Uno de ellos corresponde con los 640.000 test defectuosos de antígeno que Sanidad tuvo que devolver a la empresa china Bioeasy porque no funcionaban. Se trata de una compra de 659.000 kits diagnósticos (Sanidad habló al principio de 650.000 test). Por estos kits se pagaron más de 17 millones de euros (17.143.885 con IVA), lo que equivale a 26 euros por unidad. Una parte de estos 17,1 millones serían los que el Gobierno está en curso de recuperar mediante un expediente de reintegro, como adelantó EL PAÍS.

Interpharma, una compañía con sede en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), asegura en un comunicado que la empresa a través de la cual se adquirieron estos test, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, “disponía en el momento del acuerdo de licencia para exportar sus productos” y que los test cuentan con el marcado CE y el certificado TÜV, lo mismo que aseguró Sanidad cuando este diario desveló que tenían una sensibilidad del 30% cuando esta debería superar el 80%. Interpharma asegura que, tras recibir los primeros lotes, el Gobierno “hizo sus comprobaciones y estimó que los test no ofrecían los resultados esperados”. “Cuando nos fue comunicada esta situación se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados”, añade la compañía.

Cinco millones de test a 7,7 euros

Otra de las compras de las que ha sido informado el Consejo de Ministros es de 5.030.000 kits de diagnóstico, que por la cantidad parecen ser los cinco millones de test serológicos o de anticuerpos que se están utilizando en la mayoría de comunidades autónomas como un método de cribado rápido que después se complementa con pruebas PCR, las más fiables. Sanidad informó primero de una entrega de un millón y después de otro, por lo que faltarían por llegar tres millones de estos test rápidos, que previsiblemente llegarán en las próximas semanas. Por estas pruebas el Ministerio de Sanidad ha pagado en total 38,7 millones de euros, lo que equivale a 7,7 euros por unidad.

Solo en mascarillas “de protección respiratoria” Sanidad ha pagado casi 251 millones de euros. Dado que en otro de los acuerdos mencionan el tipo de mascarillas (FFP2), se entiende que estas son las mascarillas quirúrgicas, de las que en total el Gobierno habría adquirido en compra centralizada 488 millones de unidades. El precio de cada mascarilla es de 0,51 euros, exactamente el mismo en las tres compras. Otros 8,8 millones de mascarillas de protección respiratoria FFP2 los ha pagado a 3,56 euros; en total, casi 31,3 millones de euros.

4,5 millones de euros en publicidad

El Consejo de Ministros también ha conocido la “compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de la campaña de información frente al COVID-19”, realizada, como el resto de adquisiciones, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Tampoco sobre este gasto se han facilitado más detalles.

A la falta de información sobre los contratos públicos, criticada incluso por la Junta Central de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, se suma la suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia en lo que respecta a la posibilidad de que los ciudadanos soliciten información al Gobierno. Estas peticiones pueden enviarse a través del Portal de Transparencia, pero no se tramitan porque los plazos administrativos están suspendidos. Esto ha impedido acceder a datos como el número de test diagnósticos que ha hecho hasta ahora cada comunidad autónoma o ver la copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos defectuosos.

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