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Tercera dosis

El tercer plan de choque aprobado por el Gobierno complementa los dos paquetes anteriores destinados a compensar los efectos del parón drástico de la economía, necesario para combatir la pandemia del coronavirus. No es un secreto que los colectivos económicos más afectados son los trabajadores más precarios, las pequeñas empresas y los autónomos. A ellos va dirigido este tercer plan de choque. Incluye, entre otros aspectos, créditos sin interés para los inquilinos, la suspensión total de los desahucios, un subsidio de 440 euros para los trabajadores que no tengan acceso al seguro de paro, la moratoria del pago de las cotizaciones a los autónomos, la opción de aplazar los créditos al consumo, la ampliación de la moratoria de las hipotecas a oficinas y locales y una prohibición total de los cortes de suministros básicos (agua, gas y electricidad) durante el estado de alarma.

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El análisis de las medidas revela, como no podría ser de otra manera en un conjunto tan abigarrado de disposiciones, un cierto desconcierto a la hora de aplicarlas y también la percepción de que en algunos casos son insuficientes para cumplir los objetivos previstos, por una falta de contundencia derivada de las dificultades del erario público. Los créditos a tipo cero para facilitar el pago del alquiler mensual (en caso de que el propietario sea un gran tenedor de inmuebles y descarte reducir la mensualidad en el 50%) pueden ser un alivio, pero una consecuencia posible es que el arrendatario vea aumentar su deuda en los próximos meses. En el caso de los autónomos, las moratorias y aplazamientos compensan parcialmente una situación que en algunos casos es catastrófica, pero el Gobierno debería considerar también si el límite para acceder a las ayudas (que hayan perdido al menos el 75% de los ingresos) no es un listón demasiado alto. No es descartable que en las próximas semanas aparezca un cuarto plan para cerrar los flancos sociales que todavía permanecen abiertos.

Pero las críticas, sin duda justificadas por la inquietud de pymes y autónomos, no tienen siempre en cuenta que los planes de choque tienen como único objetivo evitar los daños inmediatos y los que puedan aparecer en el plazo de meses. Dicho de otra forma, las medidas de urgencia no van a resolver los problemas de fondo del alquiler o la debilidad estructural de las pequeñas empresas; una situación excepcional, dramática en muchos aspectos, no es el momento para resolver problemas de fondo, que requieren de acuerdos y leyes de mayor alcance y consenso. No obstante, las deficiencias de aplicación de las medidas deberían subsanarse con rapidez, porque han de surtir efecto en un plazo breve de tiempo.

La brusquedad de la emergencia debería disculpar algunas vacilaciones; pero en las últimas semanas se ha acumulado la experiencia suficiente para actuar con mayor decisión. Sigue siendo cierto que en una economía tan integrada como la española infunden tanta o más confianza que la acción del Gobierno las decisiones que proponga o adopte la Unión Europea. La economía española recibiría una dosis importante de confianza si se desbloquearan los eurobonos; o si se concretara, como parece que es el propósito de algunos líderes, un fondo de desempleo comunitario, aunque sea en la modalidad de reaseguro. Los escudos nacionales tienen que apoyarse en una protección europea sin reservas.

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