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Solo un 13% de la vivienda protegida construida en el último lustro se ha dedicado al alquiler

Construcción de viviendas sociales en Barcelona, en enero de 2020.
Construcción de viviendas sociales en Barcelona, en enero de 2020.Massimiliano Minocri

La vivienda protegida no pasa en España precisamente por su mejor momento. La burbuja inmobiliaria de principios de siglo y su estallido arrasaron al sector. Y a la menor promoción de casas bajo esta figura administrativa se suma el hecho de que la mayoría se destinan a la venta, lo que supone un contratiempo en la estrategia del Gobierno para mejorar la accesibilidad al alquiler. Poco más de una de cada diez viviendas protegidas construidas en los últimos cinco años (un 13,3% exactamente) tenían como finalidad el arrendamiento.

España pasó de construir en 2008 más de 68.000 VPO (las siglas con que genéricamente se conoce la vivienda de protección oficial, aunque esa denominación varía por territorios) a menos de 5.000 en 2017. Desde entonces se ha mejorado algo: el año pasado, pese al coronavirus, se acabaron en España 8.732 casas con ayudas públicas. Pero siguen siendo pocas si se tiene en cuenta que el Ejecutivo quiere hacer de la VPO uno de los pilares para garantizar alquileres asequibles.

Además el sector sigue enfocado a la venta. De hecho, las estadísticas oficiales que ofrece el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que en los últimos cinco años se han construido en España 36.009 viviendas protegidas, pero de ellas solo 4.793 estaban destinadas al arrendamiento. La cifra se ha calculado a partir del número de calificaciones definitivas de VPO procedentes tanto de planes estatales como autonómicos y tanto de promotores públicos como privados. Si se observa solo lo sucedido el año pasado, la proporción mejora algo, ya que 2.026 casas del total de 8.732 eran para alquiler, un 23,2%.

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La VPO destinada a la venta, sobre la que durante décadas pivotó la política española en la materia, se considera uno de los orígenes de los males actuales. “Esto es lo que marca la diferencia con otros países que hicieron parques sociales pero destinados al alquiler “, sostiene Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. La economista, considerada una de las mayores expertas en la materia, incide en que esas casas protegidas que compraban las familias, pasado un tiempo perdían la calificación y pasaban al mercado libre. “30 años [el plazo de protección más habitual] parecen mucho, pero pasan y todo se desvanece”, añade Trilla, quien hace unos años calculó en un estudio junto con el urbanista Jordi Bosch que, de no haberse descalificado la VPO, España podría tener ahora uno de los parques públicos más nutridos de Europa: entre seis y siete millones de casas.

Cuatro veces más

Como sea, la Gran Recesión cambió las tornas: comprar se convirtió en más difícil, el porcentaje de personas que arriendan su casa empezó a crecer (hasta aproximadamente uno de cada cinco hogares) y la promoción de vivienda, general y protegida, se redujo drásticamente. Resultado: España se ha encontrado con que no tiene suficiente parque de alquiler social para responder a quienes no pueden permitirse las rentas que exigen los caseros en el mercado libre.

Para revertir esa realidad, y en el marco de la negociación de la futura ley de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha propuesto obligar a que un 50% del suelo que las Administraciones reservan a VPO tenga como finalidad el alquiler. De haber sido así, con base en la estadística antes comentada, en los últimos cinco años España tendría que haber construido con ayudas públicas un mínimo de 18.000 viviendas de alquiler, en lugar de las 4.732 realmente construidas, casi cuatro veces más.

“Estamos buscando soluciones prácticas y que realmente incrementen el parque de vivienda”, reivindica David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, quien puntualiza que el planteamiento de Transportes no busca alterar lo que las comunidades dedican a VPO con base en la legislación autonómica (cada territorio establece cuánto suelo reserva a promociones protegidas). Pero dentro de esos lotes, sí debería garantizarse que al menos la mitad fuera para casas en arrendamiento. “Hasta ahora no existía ninguna obligación”, añade Lucas. Otra modificación que se está planteando es la de obligar (en las que se dedican a alquiler sería siempre así) a que la calificación de VPO sea permanente. Trilla ve esto fundamental: “Si no haces una política acumulativa, al cabo de unos años vence y tienes que volver a empezar”.

El análisis de los datos de vivienda protegida del último lustro deja claro que, de salir adelante la propuesta, las comunidades autónomas tienen mucho trabajo por hacer. Solo dos, Baleares y Cantabria, cumplen el requisito de haber destinado al alquiler al menos la mitad de la VPO acabada desde 2016. Pero en ambos casos se trata de porcentajes sobre volúmenes muy pequeños: en el archipiélago mediterráneo, por ejemplo, el porcentaje del 100% se basa en 41 viviendas, menos de las que en ese mismo periodo ha construido la ciudad de Melilla (que también ha destinado todas sus casas protegidas al alquiler).

De las Autonomías restantes, Galicia es la que presenta un porcentaje de VPO para alquiler más elevado, pero apenas llega a una de cada cuatro casas (24,6%) y de nuevo con un volumen no muy boyante: ese porcentaje se traduce en 120 viviendas. Más apreciable es la posición del País Vasco, una de las que más presupuesto destina a las políticas de vivienda, ya que el 20,2% de viviendas protegidas en alquiler del último lustro se traducen en 1.014 inmuebles. Seis territorios (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y la ciudad de Ceuta) no han levantado una sola vivienda protegida para arrendar.

¿Qué pasa con las comunidades más pobladas? Madrid es de largo la que más VPO construye (16.963 casas en cinco años), pero solo un 12,5% de esas, por debajo de la media nacional, han ido al alquiler (2.116 viviendas) y además es de las que prevé periodos de calificación más cortos. Mejora el porcentaje Cataluña (15,1%), pero sobre una base de VPO construida que es cuatro veces menor (4.833 casas, 728 de ellas para alquiler). También lo mejora Andalucía, pero siendo la comunidad más poblada, es de las que menos VPO han promovido (827 viviendas, 152 para alquiler). Y en el caso de la Comunidad Valenciana, ni destaca por el volumen total (927 VPO) ni mucho menos por el exiguo 0,4% que se destinó al arrendamiento. Lo que se traduce, como en el caso de Canarias, literalmente en cuatro casas.

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