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Solo tres comunidades han constituido las comisiones que tendrán la última palabra en la eutanasia

España está a punto de abrir las puertas a la eutanasia. Después de tres décadas de vaivenes jurídicos e intentonas legislativas fallidas, la norma que regula la prestación de ayuda para morir entrará en vigor en apenas cinco días y convertirá a España en el quinto país del mundo que contempla la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho. La ley, coinciden defensores y detractores, es muy garantista, con varios filtros de control para acceder a una prestación reservada solo a personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” y lo pidan por escrito dos veces. Sin embargo, a pocos días de que la ley aterrice en la calle, todavía quedan inconcreciones de la norma por resolver y la maquinaria operativa de las comunidades funciona a medio gas. Las comisiones de garantía, por ejemplo, que son los órganos autonómicos que tendrán la última palabra para validar las solicitudes, todavía no están constituidas en la mayoría de los territorios. Solo seis comunidades las han creado y, de ellas, apenas tres han designado a sus miembros. Los expertos consultados admiten que todavía faltan muchos detalles que pulir para que la ley puede echar a andar sin tropiezos.

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