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Sánchez reclama a derechas e izquierdas “unidad para salvar vidas y empleos”

“Salvar vidas, empresas y empleos”. Esa ha sido la consigna que ha encabezado el argumentario que ha defendido este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todas las preguntas que le han realizado en la sesión de control en el Congreso. Dio igual que la cuestión se la formulase sin ninguna querencia el líder de la oposición, Pablo Casado, desde la derecha, o uno de sus supuestos socios o apoyos en la investidura, Óskar Matute, de EH Bildu, desde la izquierda nacionalista y progresista. Luego esa máxima la repitieron otros ministros en respuesta a otros diputados. El PP, en cualquier caso, acudió a la Cámara con su propio mensaje: recordar que ayer se habían cumplido 10 años de los grandes recortes aplicados por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para intentar capear la dramática crisis financiera que arrancó en 2008 y que el entonces joven diputado Pedro Sánchez refrendó con su voto. “Hasta aquí hemos llegado, no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez”, le ha dicho el líder del PP.

El Gobierno se ha sometido este miércoles a una nueva sesión de control cuando está negociando con los partidos, excepto Vox, una prórroga de un mes del estado de alarma que permita culminar sin tantos sobresaltos políticos cada 15 días como hasta ahora la desescalada del coronavirus. El PP, sin embargo, ya ha ratificado que no apoyará esa medida. En esta ocasión, se han registrado 15 preguntas, en su mayoría relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por la covid-19, de las cuales tres se han dirigido al presidente.

El líder del PP, Pablo Casado, instó en primer lugar a Pedro Sánchez para que desvelase cuáles son las perspectivas económicas del Gobierno para España, pero esa pregunta genérica le sirvió para criticar al Ejecutivo por todo en la gestión de esta crisis y para rememorar de entrada el mensaje que su partido quería implantar al final de la sesión: el presidente actual, Pedro Sánchez, se verá obligado a ejecutar recortes como los que votó hace 10 años cuando era un diputado del PSOE que respaldaba al Gobierno de Zapatero. Casado cuestionó algunas de las soluciones que intentó entonces Zapatero, como el Plan E, y los equiparó a las “mentiras” y promesas que está propugnando ahora Sánchez. Fue ahí cuando denigró que Sánchez demande ahora a Europa un Plan Marshall para la reconstrucción del país cuando en su origen ese plan se pensó para combatir el comunismo y ahora su vicepresidente, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, lo pretende para financiar esa ideología, como creen que defendió en una reciente entrevista en el Financial Times.

Pedro Sánchez replicó a Casado sin entrar en ningún momento en pelea directa o confrontación abierta. Confesó que quería hacer todo lo posible para evitarlo. El jefe de Gobierno ha acudido al Congreso de nuevo con la intención de colocar solo una idea: la salida a la pandemia se adelantará si se encara juntos, entre todos. Y fue así como enfatizó una nueva llamada al consenso al PP, que luego extendió a otros partidos y sectores sociales: “Su grupo está llamado a fraguar la unidad para salvar vidas, empresas y puestos de trabajo”, le exhortó al PP.

Casado reprochó a Sánchez sus intentos de aplicar la llamada “geometría variable” en sus pactos políticos a varias bandas, le recordó sus distintos planes alternativos a la gestión que tanto crítica del Gobierno y que se resumen en desconfinar a toda la población de sus casas, habilitar mascarillas para todos, realizar test masivos y sustituir el estado de alarma por las leyes básicas ordinarias. El dirigente popular ratificó ahí que en la próxima petición de prórroga el PP votará no: “Hasta aquí hemos llegado, no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez”. Sánchez enarboló que no está por la labor de “la dialéctica de argumentario de cartón piedra” de la confrontación “porque los españoles no quieren eso y concluyó de nuevo con el mismo mensaje: “El camino de salida es el de la unidad entre todos para salvar vidas, empresas y puestos de trabajo”. Una idea que repitió más tarde en respuestas a preguntas del PNV y de EH Bildu.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, demandó a Sánchez que especifique a los ciudadanos “qué entiende” exactamente por “nueva normalidad”, el término que ha acuñado el Gobierno para referirse a la etapa en la que culminara la desescalada y le alertó ante la posible pérdida de derechos, libertades y competencias en esta situación de estado de alarma. Sánchez le contestó a Esteban y luego también al portavoz de Bildu que su proyecto no es perpetuar el estado de alarma, que contempla solo como “una necesidad” para dar una salida constitucional a la pandemia.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, le echó en cara a Sánchez el pacto que alcanzó con Ciudadanos la semana pasada a cambio del apoyo de este partido que etiquetó como la derecha neoliberal a la cuarta prórroga del estado de alarma. Bildu exigió a Sánchez que se base más en sus socios de investidura de tintes más progresistas y nacionalistas. El presidente defendió que no hay que mezclar las cosas, que el estado de alarma no es su proyecto político, que su objetivo sigue siendo el que plasmó en su discurso de investidura con sus socios progresistas y con su pacto de coalición con Unidas Podemos: “Reforzar el Estado del Bienestar, proteger los derechos de los atacados por la derecha, reforzar el papel de España en el mundo”.ç

En el resto de la sesión, se repitieron los papeles. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pareció de entrada interesarse por la salud de la vicepesidenta primera, Carmen Calvo, que estuvo afectada por la covid-19. “Espero que esté recuperada y no que los médicos le han dicho que no debería volver al trabajo como dijo en una entrevista (EL PAÍS), porque sería una irresponsabilidad”. La conclusión de Álvarez de Toledo es que Calvo lo ha hecho todo mal , así como el presidente. “Su negligencia se cuenta en miles de vidas, si no dimite, no sé qué más tiene que hacer”. Unidad. Esa ha sido la respuesta invariable de los miembros del Gobierno que fueron interviniendo en el pleno. Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño, Teresa Ribera y los ministros Margarita Robles y María Jesús Montero.

“Usted se ha olvidado de la gente”, ha acusado Teodoro García Egea, a Iglesias. Y le recordó de nuevo los recortes de 2008. Iglesias aprovechó ahí para diferenciar que con respecto a entonces el Gobierno trabaja en beneficio de los intereses generales y no particulares y enlazó esa pulla con la situación actual de la polémica sobre la estancia en un hotel de lujo de la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. “La presidenta tiene derecho a vivir donde quiera pero se lo tiene que pagar ella y no un empresario”, ha apuntado el vicepresidente.

Las llamadas del Gobierno a la unidad y a no entrar en el enfrenamiento las ha reiterado también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante Edmundo Bal, el portavoz adjunto de Ciudadanos, en este caso con la evidencia de que se pueden conseguir resultados como demostraron los sindicatos y empresarios sobre la ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio, una demanda planteada por el partido de Inés Arrimadas en sus negociaciones bilaterales con Sánchez.

El pleno derivó al final en críticas e interpretaciones diversas de diputados de todos los grupos en diferentes áreas: al titular de Sanidad, Salvador Illa, interpelado por el PP y Vox por la situación de los sanitarios y por las supuestas “prebendas” dadas al País Vasco; al de Interior, Fernando Grande Marlaska, también desde Vox, por querer golpear a la democracia con el seguimiento a los ciudadanos en las redes sociales por parte de los cuerpos policiales; a la responsable de Educación, Isabel Celáa, por querer terminar con la educación especial, según el PP. Illa se escudó en que las medidas aprobadas son siempre por criterios técnicos y profesionales, Marlaska calificó de “infamia” las acusaciones de Ignacio Gil Lázaro y lamentó las manifestaciones que Vox ha convocado contra el Gobierno en coches para el 23 de mayo; y Celáa ha informado de que su Ministerio ha programado un plazo de 10 años para dotar de recursos a esos centros especiales de educación inclusiva.

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