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Rebelión en Galicia contra la Universidad virtual

La declaración del estado de alarma pilló a José María Loureiro, estudiante de Periodismo de 19 años, en casa de sus abuelos en Franza, una aldea del municipio gallego de Mugardos, a 15 kilómetros de Ferrol, que no ha entrado todavía en el reino digital de la banda ancha. Allí sigue, casi sin acceso a datos y esperando desde hace mes y medio a que su compañía telefónica le proporcione una conexión a Internet mínimamente decente. “La había pedido justo antes del confinamiento cuando por necesidades familiares nos tuvimos que venir con mis abuelos, pero todavía no han venido por aquí. Me han dicho que lo harán la semana que viene”, cuenta este alumno de la Universidad de Santiago.

Loureiro ha conseguido un ordenador prestado, pero no puede conectarse al campus virtual ni entregar los trabajos que le encargan. Algunos profesores “más comprensivos” reducen materia y flexibilizan plazos, pero eso no es suficiente. “No soy yo, es mucha gente. Puede llegar a un 20% del alumnado el porcentaje de los que tienen problemas técnicos o psicológicos”, afirma. “La Universidad está pensando solo en lo académico. El rector ha dicho que cambiar los planes de estudio sería devaluar los grados. Lo que deberían hacer es buscar soluciones más beneficiosas para el alumnado y no preocuparse tanto por la honra de la Universidad”.

La pandemia ha traído a las tres universidades gallegas (Santiago, A Coruña y Vigo) la primera huelga telemática de su historia. El sindicato estudiantil Anega la convocó el 16 de abril para reclamar el fin de curso ante la discriminación que supone para los miles de jóvenes que, por diversas razones, no pueden seguir las clases con unas mínimas garantías durante el confinamiento. Quienes secundan la protesta no participan en las aulas virtuales ni entregan trabajos. Ni los convocantes ni los rectorados manejan datos de seguimiento.

Lo que proponen los estudiantes gallegos en huelga es que el curso se suspenda y que las materias que se estaban cursando cuando se instauró el estado de alarma se den por superadas pero no sean computables, es decir, que la nota no cuente ni para la media ni para adjudicar becas. “Nos quieren desacreditar diciendo que somos unos vagos y que no nos preocupa nuestra formación pero es todo lo contrario: hacemos esto porque nos preocupa mucho, la nuestra y la de todos nuestros compañeros”, señala Beatriz Pais, estudiante de Medicina de 20 años. Ella, confinada en un piso de Santiago, también tiene problemas de conexión y se ha unido a la protesta.

Los escollos para avanzar materia durante la cuarentena son muchos, explican los afectados. A los jóvenes que carecen de medios tecnológicos o conexión adecuada a Internet se unen aquellos que han sido golpeados por el coronavirus en sus propias carnes o en las de sus familiares, los que arrastran trastornos psicológicos y quienes están enclaustrados en viviendas donde concentrarse para estudiar es un imposible. Y no son solo estudiantes. También hay profesores que afrontan estas mismas trabas.

Para los huelguistas gallegos, las autoridades educativas que pretenden proseguir con el curso universitario están “fuera de la realidad”. Pais intentó asistir a clases virtuales pero el audio se cortaba y la imagen se congelaba. Está convencida de que “seguir con el curso y la evaluación poniendo parches es expulsar de la universidad a cientos de alumnos que ya sufrían precariedad”: “Se multiplicará el abandono porque muchos dependen de becas y tienen que aprobar un mínimo de créditos o deberán devolver la ayuda. Ellos son además los que menos medios tienen”. Ni siquiera la Universidad tiene medios adecuados, asegura. Una compañera suya que estudia Odontología tuvo un intento de examen online que naufragó porque se cayó el sistema del campus virtual: “Por mucho que se empeñen, esto acabará cayendo por su propio peso”.

El rectorado de Santiago, la Universidad con más alumnos de Galicia, afirma que para diseñar el sistema que permitirá seguir las clases ha hablado con representantes estudiantiles de 25 centros y 50 titulaciones y que no todos abogan por finalizar el curso. El método de evaluación que se aplicará, defiende, es “flexible” y “garantiza la igualdad de oportunidades”. “Abre la puerta a que el profesorado de cada materia aporte soluciones específicas que se adapten a las necesidades particulares del alumnado, priorizando la evaluación continua, que se tenga en cuenta el trabajo a lo largo de todo el periodo y no una única prueba”, apunta el gobierno de la Universidad compostelana, quien añade que trabaja en “nuevas líneas de ayuda que contribuyan a que nadie se quede atrás”. La Universidad de A Coruña, por su parte, admite que más de 3.000 alumnos de sus campus tienen problemas para conectarse a Internet.

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