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Purga constituyente en Chile

La Constitución de Chile de 1980 recoge el pensamiento político de Javier Guzmán y los preceptos del conservadurismo empresarial y castrense, que desde la primera mitad del siglo XX protestaban la proliferación de huelgas, una inflación crónica y la intervención del Estado en la economía. La habilidad del abogado católico permitió la integración del ideario militar, los intereses del mundo de los negocios y el radicalismo neoliberal de la escuela de Chicago. Los promotores de la nueva Carta Magna deberán demostrar igual pericia para consensuar una institucionalidad reconciliada con la sociedad, alejada de los catecismos de la dictadura.

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Aunque las reformas de 1998 y 2005 derogaron la prohibición del marxismo y la bula de las Fuerzas Armadas y el Supremo para designar senadores y vetar leyes, el proceso constituyente que afronta Chile deberá reconducir los paradigmas hacia el pacto y la prosperidad con justicia social, sin los lastres estructurales que permitieron que el 1% de los chilenos más ricos sea el doble de rico que el 1% de los multimillonarios franceses y sin que el Estado transfiera al corporativismo privado competencias que le son propias en salud, educación o seguridad social. Ese rol subsidiario en la ordenación de derechos fundamentales tendrá que desaparecer acorde con las necesidades de la población vulnerable.

Los análisis de la Constitución suelen incidir en el carácter antidemocrático de sus disposiciones, relegando la reflexión sobre artículos que son primordiales porque blindaron la arquitectura legal e institucional del modelo económico, cimentado en la la privatización de los servicios básicos como si fueran bienes de mercado y en las facultades regulatorias de los tribunales ordinarios. El texto fundamental adeuda cambios en las referencias doctrinales de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, limites al poder político de las oligarquías económicas y el desbrave de la lógica de mercado.

El pragmatismo de la concertación contra Pinochet legitimó códigos que las sublevaciones callejeras enmiendan desde octubre. No se trata de obligar a la filantropía empresarial, ni de aprobar agendas de coyuntura, sino de purgar la síntesis político ideológica que carbura el marco económico, tan estable y exitoso, comparativamente, como insolidario en la protección del pobre y de la clase media que teme volver a la pobreza. La nueva Constitución no reducirá el endeudamiento de las familias para acceder a la educación superior, ni subirá sueldos y pensiones, pero permitirá que la concertación de 1988 se establezca como cultura en el documento que habrá de acomodar democracia, economía y legalidad

La equiparación de ingresos tardará seis generaciones en llegar; en Brasil, nueve, y en Colombia, once; la media tabulada por la OCDE es de cuatro y media. Para acortar plazos, los nacionales con el agua al cuello reclamarán el despido de Milton Friedman y la entrada de Keynes en el equipo constituyente, cuando lo que necesita Chile es habilidad en el regate y una combinación de estilos.

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