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Prisión para tres trabajadores de la cárcel de Valdemoro acusados de organización criminal y narcotráfico

Torre de vigilancia y módulos del Centro Penitenciario de Madrid III, en la localidad de Valdemoro.
Torre de vigilancia y módulos del Centro Penitenciario de Madrid III, en la localidad de Valdemoro.AFP

El juez ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión de tres de los cuatro funcionarios de la cárcel de Valdemoro (Madrid) detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil acusado de introducir droga en este centro penitenciario para su distribución entre los reclusos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. El cuarto arrestado ha quedado en libertad. El magistrado acusa a los tres encarcelados, dos hombres y una mujer, de los delitos de organización criminal, tráfico de estupefacientes y cohechos como supuestos integrantes de una trama, en la que también participa varios presos, para introducir droga en el penal madrileño en plena pandemia, cuando el aislamiento al que fueron sometidos los centros penitenciarios provocó un descenso drástico del tráfico de drogas en su interior y una aumento considerable del precio de las dosis. La red también colaba teléfonos móviles, objeto cuya tenencia y uso están prohibidos dentro de las cárceles y que también alcanza precios elevados entre los internos.

Los dos funcionarios varones para los que el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valdemoro ha ordenado su encarcelamiento han ingresado en la prisión de Estremera, la única cárcel de Madrid que dispone de un módulo específico para reclusos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad e Instituciones Penitenciarias. Los internos de estos colectivos son incluidos en un Fichero de Internos de Especial Seguimiento específico para ellos, el denominado FIES-4. La trabajadora, que en un primer momento iba a ser recluida en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Soto del Real, finalmente ha sido trasladada al penal de Alcalá-Meco, ya que ella estuvo destinada en su día en la otra prisión madrileña e Interior quiere evitar que coincida con reclusas con las que haya trabajado para evitar incidentes.

Uno de estos funcionarios ahora encarcelados era investigado desde diciembre por su presunta implicación en la fuga, en diciembre del año pasado, de Jonathan Moñiz, alias El Piojo, y su hermano Miguel Ángel, dos conocidos aluniceros y butroneros (especializados en el robo en establecimientos comerciales tras estrellar un vehículo contra los escaparates o practicar agujeros en los muros) que no pudieron volver a ser detenidos hasta meses después. La investigación apunta a que este trabajador supuestamente facilitó a los dos reclusos parte del material que permitió su huida tras serrar los barrotes de una ventana y alcanzar la valla perimetral del recinto a través de los tejados del centro.

La investigación que desembocó en las detenciones se inició en la primavera del año pasado, tras detectarse que en la prisión Valdemoro seguía circulando droga pese a que el Ministerio del Interior, tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus, había suprimido tanto las visitas a los presos de familiares y amigos (incluidos los encuentros con contacto físico o vis a vis) como los permisos de salida de los internos, las dos principales vías de entrada de estupefaciente dentro de las prisiones. Las pesquisas revelaron que eran los funcionarios ahora encarcelados los que, presuntamente, introducían el estupefaciente que, una vez dentro, era distribuida por, al menos, dos internos del módulo siete de la cárcel, donde están presos conflictivos. Estos reclusos también han sido imputados en la causa. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en las conversaciones telefónicas de uno de los presos, intervenidas por orden judicial, este presumía ante su interlocutor de contar con la ayuda de trabajadores del centro para introducir la droga y otros objetos prohibidos.

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Entre estos últimos había teléfonos móviles, uno de los cuales fue intervenido en el registro realizado en una de las celdas el pasado lunes. Los terminales que se suelen introducir en prisión son dispositivos de pequeño tamaño ―miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo― y se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros, pero dentro de la cárcel, donde están prohibidos y los presos solo pueden llamar desde cabinas y con restricciones, son muy codiciados. En 2017, Instituciones Penitenciarias intervino 1.383 de estos teléfonos móviles. En 2019, último año del que hay estadísticas, fueron incautados 2.672, casi el doble. Aquel año, en la prisión de Valdemoro se localizaron 123 de estos dispositivos, solo por detrás de Alhaurín de la Torre (Málaga), con 179, y Algeciras (Cádiz) y Valencia, con 138 cada una.

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