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Pactos desde La Moncloa

Ha resultado ser mucho más grave que una simple gripe. Y podemos enzarzarnos en una estéril pelea por quién dijo o quién hizo qué y cuándo, buscando culpables de una epidemia mundial para la que nadie podía estar preparado. Debemos llorar a los muertos, apoyar a sus familiares y agradecer los esfuerzos, más allá de lo que exige el deber, de tantos y tantos colectivos, imprescindibles para garantizar una convivencia civilizada, con los sanitarios al frente. La pandemia ha sido lo más grave que nos ha pasado desde la II Guerra Mundial. Por culpa de un virus, hemos vivido en España la mayor restricción a nuestras libertades individuales y el mayor y más súbito desplome de nuestra actividad económica de los últimos cuarenta años. Tenemos, pues, la obligación de analizar lo ocurrido, extraer aprendizajes, esforzarnos para que los grandes sacrificios realizados durante ella sirvan para ser mejores en el futuro.

El virus, a pesar del aislamiento generalizado, nos ha hecho conscientes, de repente, de cuál es nuestra unidad esencial, el grupo básico que nos configura y nos iguala como personas: ser seres humanos. Hemos descubierto que la sociedad existe como un todo superior a la suma de los individuos que la formamos, y que existe un interés general al que, cuando es necesario, debemos subordinar los intereses particulares. El virus ha evidenciado, también, cuánto necesitamos la ciencia, el conocimiento experto, el análisis basado en datos, como fundamento de nuestras tomas racionales de decisiones.

Sus consecuencias nos obligarán a cambiar políticas, comportamientos y actitudes. Deberemos hacerlo en muchos campos y, desde luego, al menos en torno a los siguientes asuntos:

Políticas sanitarias. Desde la reforma y no desde el recorte, se debe fortalecer nuestro sistema nacional de salud y ello exigirá potenciar las políticas preventivas de salud; redimensionar la atención primaria frente a la hospitalaria; desarrollar la atención sanitaria a enfermos crónicos, sin abandonar los agudos; impulsar la atención domiciliaria basándose en el uso de las nuevas tecnologías; dotar al sistema sanitario de personal suficiente, bien formado y bien retribuido; fomentar la investigación en este campo.

Atención a los mayores. Ahora que hemos descubierto déficit oculto del cuidado a los mayores, la consideración que merecen va mucho más allá del debate sobre las pensiones para incluir las políticas de atención real a dependientes, la necesidad de más y mejores residencias medicalizadas, el desarrollo de una verdadera red de asistencia domiciliaria.

En democracia nadie sustituye al Gobierno, ni puede obligarlo a aplicar un programa contrario a su proyecto

Impulso a la digitalización. El acceso a Internet y a los servicios de comunicación asociados ha sido la característica más diferencial entre esta cuarentena respecto a otra que hubiera ocurrido hace tan solo veinte años. Hoy, las redes sociales, los webinars, los chats, Twitter, no sólo permiten interrelacionarnos como nunca antes, sino que abren nuevas posibilidades para acceder desde casa a servicios como la compra de bienes y servicios, la información, la banca, las administraciones públicas, la sanidad, el trabajo, la educación o el acceso a la cultura. Las políticas de impulso al mundo digital, que incluye inteligencia artificial, robótica, control de datos, ciberseguridad, se han convertido en asuntos de la máxima prioridad.

Fortalecer la red de protección social. La pandemia nos ha obligado a poner en marcha políticas de sustitución de rentas (liquidez para empresarios, salarios para trabajadores) con una dimensión desconocida, a la vez que utilizábamos nuevas medidas de flexibilidad laboral como los ERTE y los permisos retribuidos recuperables. Pero también ha evidenciado que una gran cantidad de personas vulnerables se quedan fuera de los esquemas tradicionales de ayudas públicas a los más desfavorecidos. Incorporar un ingreso mínimo vital vinculado al estado de necesidad puede ser una parte de la solución.

Una nueva articulación entre lo público y lo privado. Hemos visto, en esta emergencia, cómo surgía una nueva alianza entre el Estado y las empresas globales a la hora de buscar suministros en los mercados internacionales, prestar atención sanitaria a los enfermos, facilitar el acceso a la liquidez de empresas y autónomos. Muchas empresas han demostrado que no se deben, en exclusiva, a sus accionistas, sino que también atienden sus responsabilidades frente a sus trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en su conjunto. Y el Estado se ha mostrado solidario al aplicar moratorias de impuestos o dar avales en créditos a empresas. Hemos sentido, también, la necesidad de revisar una política de establecimiento de reservas estratégicas. Estimular la inversión privada para que vuelva a crear empleo, en la cantidad y calidad necesarias, será fundamental tras la pandemia.

No sabemos si los acuerdos serán factibles. Pero de serlo, nuestro sistema político ganará legitimidad

Financiación solidaria de todo esto. Ninguna de las tareas necesarias para la reconstrucción tras la pandemia se podrá hacer sin cuatro requisitos: un Estado más fuerte, un sector privado más dinámico, una sociedad más digitalizada y una red de protección social más sólida. También necesitamos un sistema fiscal justo y suficiente para financiar las necesidades que vamos a tener. Y también un sistema de financiación autonómica estable, suficiente, solidario y corresponsable que contribuya a la igualdad de los ciudadanos y a la coordinación coherente de las partes que integran el Estado Autonómico y sirva para abordar el elevado déficit y deuda públicos que la crisis nos dejará como herencia inevitable.

Hay, pues, muchas tareas para iniciar la reconstrucción aprovechando lo aprendido durante la pandemia y para tomar las decisiones que la hagan efectiva.

En todos los países esas decisiones las debe tomar el Gobierno. Para eso está y para eso tiene la legitimidad de haber sido elegido por los ciudadanos. Nadie, en democracia, puede sustituirle. Esa es su obligación y también su derecho, pues a él le atribuye la Constitución la dirección de la política y nadie puede obligar a un Gobierno a aplicar un programa contrario a su proyecto.

Pero en circunstancias excepcionales, como las que vivimos, las decisiones que haya que tomar encontrarían mejor acomodo si se abordasen desde la lógica del acuerdo y del pacto político-social, y no desde la desconfianza y la confrontación. La iniciativa, las propuestas, el empuje y el talante para conseguir el cambio de lógica deben partir del Gobierno. Pero todos los agentes políticos y sociales deben asumir sus responsabilidades y ofrecer propuestas de equilibrio porque esto es asunto de todos.

El camino requiere coincidir en el procedimiento (propuestas que no exijan lo que se sabe que “el otro” no puede admitir) y en la actitud (voluntad de acuerdo). Hoy no necesitamos hacer viable una democracia consolidada, sino lograr la mejor recuperación, la más sólida, más justa y más rápida posible. No sabemos si los acuerdos serán factibles. Pero de serlo, nuestro sistema político ganará legitimidad y apoyo ciudadano frente a los populismos. No tienen por qué ser, en contenido, como los Pactos de La Moncloa de 1977. Pero sí sabemos que o son Pactos impulsados desde La Moncloa, o no serán.

José Enrique Serrano es exdirector del Gabinete de Presidencia de Gobierno, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas.

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