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Más de un centenar de investigaciones abiertas por brotes de covid-19 en residencias de ancianos

La Fiscalía tiene abiertas ya más de un centenar de investigaciones por brotes de covid-19 registrados en residencias de ancianos. Según los datos facilitados este miércoles por la Fiscalía General del Estado, el número total de investigaciones penales abiertas asciende a 110, 24 más que la semana pasada, cuando había 86 casos bajo investigación.

La Comunidad de Madrid, con 42 casos (dos más que hace una semana), es la que más investigaciones acumula, seguida de Cataluña, donde se investigan 24 (el pasado martes eran 20). En la mayoría de los casos la intervención del ministerio público ha llegado como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de centros concretos, aunque hay también diligencia abiertas tras la denuncia presentada por partidos políticos o asociaciones contra una residencia o contra la gestión de las autoridades sanitarias en el conjunto de centros de una provincia.

La Fiscalía actualiza semanalmente el dato de investigaciones en residencias de la tercera edad y la cifra ha ido creciendo en cada balance. De las 38 diligencias abiertas hace dos semanas, a las 86 del pasado martes y las 110 del último informe. Con todo, el ministerio público ha ofrecido los datos en bruto por provincias y, en algunos casos, con cierta confusión entre diligencias abiertas que siguen vivas, las que se han archivado ya y las acumuladas a otras investigaciones anteriores referidas al mismo centro. La Fiscalía no ha querido hacer públicos tampoco, por ahora, los delitos que se investigan, pero fuentes fiscales señalan, entre otros, homicidio por imprudencia, maltrato y abandono.

Según las cifras hechas públicas este martes, las 110 investigaciones penales se distribuyen entre diez comunidades autónomas: a las 42 de Madrid y 24 de Cataluña, hay que sumar 10 en Castilla-La Mancha, 10 en Castilla y León, 11 en Galicia, cuatro en Extremadura, tres en Aragón, dos en Canarias y una en Cantabria, Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana. En Andalucía, Asturias, Murcia, Navarra y País Vasco no hay ninguna investigación penal abierta por parte del ministerio público. A las investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía hay que sumar algunas directamente abiertas en juzgados, como dos en Castilla-La Mancha, seis en Castilla y León, una en Galicia y cinco en Madrid.

Además de las diligencias penales, las fiscalías autonómicas han enviado a la Fiscalía General más de un centenar informes de seguimiento sobre las actuaciones en residencias de la tercera edad. Estas no son investigaciones penales (en principio no hay delito) sino en el ámbito civil, para la protección de ancianos que precisan especial atención al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Estas diligencias, abiertas en las fiscalías provinciales y de las comunidades autónomas, tienen diversos objetos, según ha explicado el ministerio público en una nota. Por una parte, se pretende recopilar datos sobre la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución. Además, se intentan resolver problemas puntuales que requieran la intervención de la labor protectora del ministerio fiscal en este ámbito.

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