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Los refugiados ponen a Europa frente al espejo: ¿puede haber una política migratoria común?

La Unión Europea afronta en 2020 un reto que va a definirla tanto hacia afuera como hacia adentro: acordar una política de asilo común. El control de la frontera exterior, coordinado entre los 27 Estados miembros, y el reparto responsable de las demandas de asilo marcarán no solo el trato dispensado a las decenas de miles de personas que llaman a su puerta cerrada. Además, pondrá a prueba el espacio Schengen (la libre circulación, hoy suspendida en la práctica entre algunos países) y la confianza en las instituciones europeas para gobernar la realidad. ¿Cómo debe abordar Europa la inmigración?

Este recorrido por Bruselas, Turquía, Grecia, España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido traza una panorámica del desafío. ¿Es posible una política migratoria y de asilo común en una UE tan dividida?

Bruselas. Europa busca la llave para frenar la migración

Por Bernardo de Miguel

Del “Nosotros podemos” de Angela Merkel que en 2015 dio la bienvenida a más de 1,1 millones de refugiados al “Grecia es nuestro escudo” con el que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebra en 2020 el blindaje de las fronteras comunitarias. En apenas cinco años, pero con una tremenda crisis migratoria de por medio, Europa ha pasado del escrupuloso respeto a sus valores fundamentales a recibir a los potenciales refugiados con alambradas, gases lacrimógenos y devoluciones en caliente.

El cambio pretende zanjar una de las crisis existenciales que la Unión ha atravesado en los últimos años, en la que los socios partidarios de mano dura con la inmigración, como la Hungría de Orbán o la Polonia de ­Kaczynski, se enfrentaron a unas puertas abiertas de Merkel que conllevaban el reparto obligatorio de los refugiados entre todos los países de la UE.

Pero el giro de Bruselas hacia el blindaje fronterizo (con despliegue incluido a partir de 2021 de los primeros 700 guardias europeos de una fuerza que llegará a 10.000 efectivos) está lejos de resolver el dilema que plantea la política migratoria y de asilo.

Von der Leyen apuesta por un gran pacto que compagine la mano dura en la frontera exterior con la solidaridad interna para el reparto de quienes tengan derecho al asilo (menos de medio millón de personas al año). Objetivo: quitar a la extrema derecha el argumento de una inmigración descontrolada que tan buenos réditos electorales le ha proporcionado en Francia, Italia, Dinamarca, Hungría o Polonia.

Pero la jugada de la presidenta de la Comisión es muy arriesgada. Por un lado, la experiencia piloto llevada a cabo la semana pasada en Grecia ha mostrado que el cerrojazo bordea peligrosamente la legalidad internacional, después de que Atenas, con el beneplácito de Bruselas, suspendiera durante un mes el derecho al asilo. Por otra parte, no hay garantías de que la mano dura lleve a Orbán o a Kaczynski a participar en un posible reparto.

Y por último, el soñado pacto entre dureza y solidaridad puede acabar asustando a los Gobiernos partidarios de una política migratoria y de asilo basada en los valores fundamentales de la UE. La tensión ya es evidente en Gobiernos de coalición como el de Pedro Sánchez, donde la gestión de la frontera ya ha provocado un enfrentamiento entre ministros del PSOE y de Podemos.

La Comisión Europea es consciente de que su recién estrenado mandato (el pasado 1 de diciembre) se juzgará, en gran parte, en función de la política migratoria. Y necesita demostrar que jamás se repetirá la caótica situación de 2015, cuando más de un millón de refugiados vagaron sin control por el territorio de la UE.

Aquella crisis provocó la reaparición de fronteras internas dentro de la zona Schengen (hoy todavía erigidas) y dejó al club comunitario a merced del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien sólo frenó el éxodo a cambio de 6.000 millones de euros de ayudas para atender a los refugiados en su país (más de cuatro millones, según Ankara).

“Europa no puede fracasar dos veces en un asunto tan importante”, ha reconocido esta semana Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de política migratoria, justo cuando los refugiados sirios o afganos procedentes de Turquía vuelven a agolparse en la frontera con Grecia. Mientras Europa resuelve su debate interno sobre la migración, lo más probable es que tenga que subcontratar de nuevo la llave con Erdogan.

Turquía. La puerta oriental de Europa

Por Andrés Mourenza

El día que la Unión Europea firmó con Turquía el acuerdo antimigratorio en 2016 entregó a Ankara las llaves de una de las principales puertas de entrada al Viejo Continente. Desde entonces, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha aventado el fantasma de la apertura de fronteras a fin de obtener contrapartidas políticas. Tanto lo había hecho, que los gobernantes europeos ya no le creían capaz de cumplirla. A finales de febrero se hizo realidad.

“Lo que ha hecho Turquía tiene sentido, porque no podemos gestionar otra nueva oleada de refugiados desde [Siria]”, dice una fuente gubernamental. Turquía sufre una constante presión migratoria que podría intensificarse si empeora la situación en la provincia noroccidental siria de Idlib. En su territorio ya acoge a 3,7 millones de refugiados sirios y cientos de miles de iraquíes, afganos, iraníes… En un momento de debilidad económica —la abrupta crisis de la lira turca en 2018 aún se siente en los bolsillos de muchas familias— su presencia ha espoleado actitudes racistas. Si bien los ataques contra los refugiados no han sido demasiado numerosos, el hecho de que la oposición —incluido el principal partido socialdemócrata— enarbolase un discurso antisirio en las últimas citas con las urnas y se hiciese con importantes alcaldías, ha movido a Erdogan a adoptar una actitud más estricta hacia los que hasta ahora eran “hermanos sirios”. La frontera sur ha sido reforzada con bloques de hormigón para evitar que el millón largo de sirios que huyen de los bombardeos del régimen de El Asad crucen a territorio turco.

En la actual crisis de la frontera turco-griega, el Gobierno de Erdogan ofrece cada día cifras irreales de “inmigrantes que han abandonado Turquía en dirección a Grecia” (23.000, 80.000, 130.000…), que los medios turcos —controlados por el Ejecutivo— repiten como papagayos sin verificarlas. Ankara no sólo trata de convencer así a los refugiados de que cruzar a territorio europeo es factible, sino también a los propios turcos de que la presión migratoria en su país desciende. La situación de Erdogan no es fácil, pero mientras tenga la llave oriental de Europa en sus manos continuará utilizándola cuando le sea oportuno.

Grecia. El limbo de los sin derechos

Por María Antonia Sánchez-Vallejo

La suspensión en la práctica del derecho de asilo como respuesta de urgencia a la enésima crisis migratoria es el último capítulo de una gestión fallida desde 2015, cuando eclosionó la mal llamada crisis de los refugiados. Tras el blindaje del Mediterráneo central, Grecia volvió a ser en 2019, apenas recuperada de la crisis económica, la principal puerta de entrada a la UE. Ese año, el nuevo Gobierno (conservador) decidió degradar el Ministerio de Inmigración creado por Syriza a la categoría de secretaría de Estado, en Interior: de nuevo —ya había sucedido con otros gobiernos de todo signo— la inmigración vista como un problema de seguridad.

El endurecimiento de esa política no ha cesado: intentos de agilizar las devoluciones y los trámites de asilo; también, planes de construir centros de detención en las islas del Egeo para sustituir a los hotspots (teóricamente, centros de identificación y registro, pero en la práctica campamentos donde malviven miles de personas, como el oprobio de Moria).

Europa ni está ni se la espera en Grecia para aliviar la insostenible situación de los migrantes: es la queja de quienes conviven a diario con ellos. Y lo hacen desde 2015, cuando Atenas empezó a reclamar a sus pares europeos una redistribución de las decenas de miles de extranjeros llegados al país; hoy, 70.000 siguen varados en el continente y más de 40.000 en las islas. El fiasco del sistema de cuotas y la insolidaridad del grupo de Visegrado son parte del fracaso.

La geografía ha condenado a Grecia a ser la puerta de atrás de Europa y el poroso trazado de sus fronteras la convierte en banco de pruebas de una teórica política migratoria común. Sin embargo, la única respuesta concreta a la crisis ha sido el refuerzo de Frontex [la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas] en el país.

Pero los parches tan solo alivian una presión estructural. En Lesbos constan llegadas —y naufragios y tumbas anónimas— desde los noventa, en la estela del horror de Afganistán. Si a la geografía se añade el éxodo que provocan las guerras y la miseria, Grecia, sin Europa, seguirá siendo un almacén de seres privados de derechos.

España. La veleta del asilo se cantea con cada crisis

Por María Martín

España afrontó de perfil el desafío migratorio que la Unión Europea encara desde 2015, pero el importante aumento de solicitantes de asilo y la presión de la inmigración irregular por mar en los dos últimos años la han empujado a la línea del frente. La inmigración se considera ahora una política de Estado, pero su gestión es, además de munición para la oposición, motivo de fricciones en el Gobierno de coalición.

Los acuerdos de la UE con Turquía y Libia desplazaron los flujos migratorios hacia el flanco occidental del Mediterráneo. En 2018 España batía un récord con más de 57.000 desembarcados y se convertía en la principal entrada de la inmigración irregular. Los números cayeron en 2019 a la mitad, gracias a los acuerdos con Marruecos para contener la ruta, pero paralelamente se disparaban las solicitudes de asilo. La crisis en Venezuela, la violencia en Colombia y las pandillas de Centroamérica han llevado a decenas de miles a demandar refugio en España. Casi 120.000 lo hicieron en 2019, el doble que el año anterior. En 2020, España, que estuvo siempre a la cola de la estadística, es ya el país de la UE con más solicitantes.

En este escenario, la negociación de un pacto europeo por la migración y el asilo es vital para Madrid. La normativa actual perjudica a los países de entrada. España, Grecia, Italia y Malta además de gestionar las llegadas —por cualquier vía— a su territorio, se deben ocupar de los potenciales refugiados. España defiende un sistema más solidario y equilibrado. Enfrente tiene a los socios del norte, que defienden que los países de entrada mantengan la responsabilidad sobre los demandantes de asilo. El punto más controvertido del debate es si esa solidaridad debe ser obligatoria.

La posición española se vio clara cuando rechazó la fórmula que el eje franco-alemán negoció el pasado octubre para repartir a los rescatados por ONG en el Mediterráneo Central. “Cualquier medida debe contemplar cualquier ámbito geográfico y cualquier medio de rescate”, defendió entonces la delegación española. La premisa se mantiene.

Francia. Una frontera para delimitar la solidaridad

Por Marc Bassets

El presidente francés Emmanuel Macron quiere hacer de la inmigración, junto con la ecología, uno de los dos pilares de la segunda mitad de su mandato de cinco años. Aunque las soluciones a cuestiones como el derecho de asilo son europeas, el Gobierno francés se ve obligado a mostar que reacciona, que hace algo. El pasado noviembre, el primer ministro, Édouard Philippe, presentó, con gran pompa y controversia, dos medidas mínimas, pero que enviaban una señal: Macron se toma en serio la ley y el orden y no está dispuesto a regalarle este terreno a su máxima oponente, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.

Las medidas consistían, la primera, en el establecimiento de cuotas que deberán ser definidas por los agentes sociales y las autoridades regionales, para determinar cuántos inmigrantes se necesitan y en qué sectores. El sistema de cuotas supone a la vez un reconocimiento de que la inmigración es necesaria para que la economía funcione y la voluntad por parte de Francia de poder elegir qué inmigrantes y con qué cualificaciones (la iniciativa no habla de países) admite. De los 276.576 permisos de residencia otorgados en Francia en 2018, un 14% lo fueron por motivos profesionales; el resto, por motivos de reagrupamiento familiar, educativos o humanitarios.

La segunda, destinada a disuadir al llamado turismo médico, contempla un periodo de tres meses hasta que un demandante de asilo pueda acceder a todos los servicios de la seguridad social.

Macron defiende una diferenciación estricta entre los inmigrantes económicos y los demandantes de asilo, que 2019 aumentaron en un 7,3%, hasta los 132.614. Los primeros países de procedencia fueron Afganistán, Guinea, Georgia, Albania y Bangladesh. La tasa de admisión final fue de un 38,2%, un 2,6% más que en 2018. En todo debate sobre los refugiados, Francia remite a la ausencia de una política en la UE, donde Macron exige “un control riguroso de las fronteras” y al mismo tiempo “solidaridad” en la gestión de los demandantes de asilo y su reparto entre los estados miembro. Por ahora no ha obtenido ni lo uno ni lo otro.

Alemania. El ruido distorsiona la integración

Por Ana Carbajosa

La resaca de 2015, el año que marcó la política migratoria y de refugiados en Alemania, todavía domina el debate en la calle, en la prensa y en el Parlamento. Entonces entró al país más de un millón de demandantes de asilo, en lo que se consideró la peor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Su integración marcha a relativo buen ritmo. Cerca de la mitad ha encontrado trabajo estable en estos cinco años, según un estudio del Instituto para la Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo. Las llegadas se han reducido considerablemente. El año pasado hubo 111.094 solicitudes de asilo, un 14,3% menos que en 2018. La mayoría proceden de Siria, Iraq y Turquía. Pero la realidad poco tiene que ver con el ruido político, a menudo convertido en estruendo, y alentado por la extrema derecha.

Los políticos alemanes repiten la consigna de que lo de 2015 no puede volverse a repetir y aspiran a ordenar las entradas y salidas en el país. Uno de los objetivos, que han logrado solo con relativo éxito, es acelerar las deportaciones de quienes no tengan derecho al asilo.

Berlín trata a través de acuerdos con otros países de la UE de frenar lo que llaman la “migración secundaria”. Es decir, aquellas personas que según el fracasado reglamento de Dublín (cada país tenía que asumir las llegadas a sus fronteras) deberían estar en el país que tramitó su solicitud de asilo, pero que han acabado en Alemania, donde tienen familiares, conocidos, mejores prestaciones u oportunidades laborales. El éxito en este campo también es muy relativo y Berlín tiene claro que la única solución realista es pactar en Bruselas un sistema de asilo común. Es un tema en el que Alemania se juega su estabilidad política.

El Gobierno alemán aborda la política migratoria además desde una necesidad aguda de mano de obra extranjera. Faltan enfermeros, fontaneros, informáticos, conductores. Hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Una de las medidas a las que se ha recurrido para cubrir esos puestos es atraer mano de obra extranjera y para ello se ha aprobado una ley que acaba de entrar en vigor. Berlín quiere facilitar la incorporación de extracomunitarios a su mercado laboral.

Italia. La voz del Papa y la obra de Salvini

Por Daniel Verdú

La crisis migratoria de 2015 marcó a fuego la dinámica política y social de Italia. En 2016 llegó a su punto álgido con 181.436 desembarcados (procedentes sobre todo de Libia y Túnez) y se esperaba que en 2017 aumentasen un 30%. La pesimista previsión provocó un viraje populista y xenófobo en el discurso de la mayoría de los partidos que alcanzó al entonces Gobierno socialdemócrata, incapaz de sacar adelante una ley para otorgar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos en Italia (conocida como de ‘ius soli’). Fue el punto de inflexión, el claroscuro por donde nacieron los monstruos de la alarma social y el miedo. Donde comenzó a crecer La Liga de Matteo Salvini.

Italia reclamó insistentemente medidas a Europa. Pero Europa miró hacia otro lado. Y pese a que los acuerdos alcanzados con Libia habían dado su fruto —en 2017 bajaron las llegadas un 34% — el discurso antimigratorio había calado demasiado. En marzo de 2018, el Movimiento 5 Estrellas ganó las elecciones —su líder, Luigi Di Maio, había calificado en campaña de “taxistas del mar” a las ONG que rescatan a migrantes en el Mediterráneo— y se alió con Salvini para formar una coalición que endurecería salvajemente las medidas contra la migración irregular, pese a que las cifras de llegadas seguían disminuyendo.

El nuevo Gobierno reguló por decreto el cierre de puertos y las sanciones contra las ONG, pese a que los datos demuestran que no son un factor de atracción de la inmigración. Además, diluyó el sistema de acogida y los permisos de asilo y forzó a otros países a acoger migrantes que llegaban a sus costas a cambio de no bloquear las naves. El actual Gobierno, de tintes progresistas, no ha tocado ni una coma de aquellos decretos diseñados por Salvini.

La única voz en Roma que ha mantenido una posición de absoluta defensa y apertura respecto de los migrantes llegó desde el otro lado del Tíber. El papa Francisco fijó pronto su posición contra la “globalización de la indiferencia” con una misa en 2013 en la isla de Lampedusa, a cuya costa llegaban a diario cadáveres de ahogados. La puesta en práctica de ese discurso, sin embargo, se fraguó con un viaje a Lesbos (Grecia) en 2016, de dónde trajo al Vaticano a 12 migrantes. Los corredores humanitarios que ha promocionado durante todo su pontificado junto a la comunidad de San Egidio han traído a más de 2.800 refugiados.

Reino Unido. Los europeos ya son extracomunitarios

Por Rafa de Miguel

El Gobierno de Boris Johnson se ha apresurado a cumplir una de las promesas clave de la campaña euroescéptica a favor del Brexit. El nuevo sistema inmigratorio de puntos, anunciado a mediados de febrero, anula en la práctica la libertad de movimiento de personas garantizada por la UE. Los ciudadanos comunitarios serán tratados por el Reino Unido con el mismo baremo que los inmigrantes del resto del mundo, a través de un sistema que marginará a los trabajadores de baja cualificación y a aquellos que tengan bajo nivel de inglés. Se exigirá un mínimo de 70 puntos para poder residir en territorio británico. La atribución de esos puntos (20 si se dispone de contrato previo de trabajo; 20 si las capacidades laborales son de alto nivel; 20 si el salario es superior a los 30.000 euros anuales y 10 si se dispone de un conocimiento alto de inglés) reducen al mínimo las excepciones, que se centrarán, básicamente, en aquellos sectores, como la sanidad o la agricultura, que tengan una alta demanda y necesiten cubrir plazas. Downing Street se ha enfrentado con una parte del mundo empresarial (fundamentalmente el sector agrícola, de construcción y procesamiento de alimentos), a la que reprocha que haya hecho depender su crecimiento de la mano de obra barata. Hay ocho millones de británicos, asegura la ministra del Interior, Priti Pattel, que podrían perfectamente ocupar los puestos necesarios si los empresarios invierten en su formación. La principal patronal, CBI, ha sido sin embargo más cauta a la hora de valorar la nueva propuesta. En primer lugar, porque favorece a sectores fundamentales en la actual economía británica como son el tecnológico y el de servicios financieros. Pero sobre todo, porque el Gobierno no pondrá límites a la contratación en estas áreas ni exigirá, como venía haciendo hasta ahora, que la empresa demostrara que no existía un trabajador británico con la misma cualificación necesaria para el puesto que se desea cubrir.

El nuevo sistema entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Para todos aquellos ciudadanos europeos que ya residen en el Reino Unido, el Gobierno ha puesto en marcha el llamado Settlement Scheme for EU Citizens (Sistema de Asentamiento de Ciudadanos Europeos), un sistema de inscripción a través de internet por el que 3,2 millones de personas han recibido ya el permiso para seguir viviendo y trabajando en el Reino Unido.

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