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Los nuevos jueces recogen sus despachos en Barcelona en un acto marcado por la ausencia del Rey

Sesenta y dos nuevos jueces está previsto que recojan este viernes sus despachos en la Escuela Judicial de Barcelona en un acto envuelto en una gran polémica por la ausencia ―por vez primera― del Rey. Será el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien presidirá el acto y además fijará la posición del órgano que preside ante la ausencia del Felipe VI. El presidente del Tribunal Constitucional tampoco asiste al evento tras la polémica por la no asistencia del Monarca. Desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI ha presidido todos los años la ceremonia de entrega a los nuevos jueces de los documentos que les acreditan como miembros del poder judicial con capacidad de juzgar en su nombre, como establece la Constitución. Y antes de él lo hacía su padre, Juan Carlos I.

La decisión del Gobierno de que el Jefe del Estado no esté presente este viernes en Barcelona ha tensado hasta el extremo las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó este jueves la ausencia de Felipe VI por la necesidad de “proteger las instituciones”, entre ellas la Monarquía. Buena parte de la carrera judicial, en especial el sector más conservador, considera la decisión del Gobierno como una cesión política a los independentistas y un desaire del Ejecutivo a la magistratura y al propio Monarca.

El Rey había aceptado la invitación formal del Consejo General del Poder Judicial para encabezar el acto, y el órgano de gobierno de los jueces había remitido a los asistentes las invitaciones en las que figuraba la presencia del jefe del Estado. Sin embargo, el martes, la Casa del Rey comunicó al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que Felipe VI no acudiría a la ceremonia. Un vocal del Consejo, José María Macías, aseguró que la comunicación de La Zarzuela indicaba que el Gobierno no autorizaba la presencia del Monarca en el acto. Nadie en el Ejecutivo ha desmentido esta versión.

La indignación de los jueces, expresada por sus principales asociaciones profesionales, y también en redes sociales y conversaciones privadas, ha ido creciendo a lo largo de la semana. Algunos magistrados la perciben, con incomodidad y enfado, como un intento del Gobierno de instrumentalizar a la carrera judicial —en este caso a la última promoción de la Escuela— para mandar un doble mensaje político: al PP, para que acceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años; y a los independentistas catalanes, para que ayuden a sacar adelante los Presupuestos del Estado.

Aunque nadie en el Gobierno ha querido vincularlo expresamente con la ausencia del Rey en Barcelona, en los próximos días está previsto que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia en la que previsiblemente confirmará la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que podría derivar en protestas.

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