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Los hospitales siguen sin una norma para hacer test a los sanitarios tras dos meses de pandemia

El 25 de febrero se detectó el primer caso de covid-19 en Madrid. Poco después comenzó a manifestarse la virulencia de este virus que ya deja en la Comunidad 62.395 casos, 40.741 pacientes que han necesitado hospitalización, 3.431 de ellos en UCI, y 13.409 fallecidos. Desde principios de marzo, los sanitarios no han parado de reclamar equipos de protección individual homologados y óptimos para hacer frente a la pandemia, pero no siempre han tenido acceso a ellos. En parte, por la rapidez con la que la infección asaltó los centros sanitarios, pero también por los fallos en la respuesta institucional.

A este virus se han llegado a enfrentar con trajes hechos con bolsas de basura, con pantallas para la cara fabricadas con archivadores de plástico, han recibido donaciones de empresas de jardinería, se han servido de crowdfundings de ciudadanos para recopilar el material que les faltaba y han estado reciclando mascarillas y batas hasta en tres turnos cuando estaba especificado que eran para una sola vez. Según los últimos datos de la Comunidad, del 30 de abril, uno de cada seis infectados en Madrid es un profesional sanitario: 11.669, y 13 han fallecido.

Uno de cada seis contagiados en Madrid son profesionales sanitarios

Aún con estas cifras y con quejas incesantes de profesionales y sindicatos, dos meses después del comienzo de esta crisis, todavía no todos los profesionales tienen hecha una prueba PCR —incluso tras haber estado aislado por sospecha por los síntomas que presentaban— o serológica. Tampoco han tenido ni tienen un protocolo para unificar criterios entre los distintos centros ni suficientes recursos materiales o de la suficiente fiabilidad para detectar y controlar los contagios entre sus trabajadores.

A principios de abril, el Ministerio de Sanidad ya había repetido en varias ocasiones que los test rápidos iban a empezar a usarse de forma masiva para aumentar la capacidad de diagnosticar el virus, sobre todo entre el colectivo sanitario, fundamental por estar en contacto continuo con el virus. Ahora, ya en mayo, sigue sin ocurrir.

Según la recopilación de información de Comisiones Obreras por centros, la diferencia en cuanto a los test rápidos es notable. “Cada uno lo está haciendo a su manera”, explican desde el sindicato. En atención primaria, por ejemplo, “comenzarán esta semana, están pidiendo a los profesionales que se apunten en una lista” y en el Summa ya se empezó la pasada semana.

En los hospitales ocurre lo mismo. En el de Móstoles se van a hacer del 6 al 14 de mayo y será voluntario, en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes se harán a lo largo de esta semana, como en el Gregorio Marañón; en el Hospital Niño Jesús se hicieron en abril, incluido el personal de limpieza; en el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro y el Príncipe de Asturias ya han terminado; y en otros, como el 12 de Octubre o La Paz no se están haciendo porque no los consideran lo suficientemente fiables.

Mientras, los problemas con el material de protección continúan. Después de la inventiva con la que la plantilla sanitaria se vio obligada a atravesar las primeras semanas de la crisis, cuando el material comenzó a llegar de forma más regular, ya en abril, la inseguridad con la que trabajaban los profesionales se mantuvo.

Primero fueron las mascarillas Garry Galaxy, que obligaron a aislar a más de 1.000 sanitarios en España porque no cumplían con la normativa europea y que en Madrid llegaron a hospitales, al Summa 112, residencias de mayores y personas con discapacidad. Después fueron dos lotes de la marca china Purgivor, que detectaron tanto la Sanidad andaluza como el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y que fueron retiradas de varios hospitales y centros para ancianos y de los que la Comunidad asegura no saber aún su procedencia, aunque asegura que no fueron compradas por el Sermas. Ahora son los guantes.

Varios profesionales del Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá, denuncian el uso de varias marcas que, según cuentan, no cumplen con la normativa, es decir, que no están catalogados como aptos para trabajar con virus. Llegaron, narran, a UCI, Urgencias y radiología, tres áreas estrechamente vinculadas al virus. “Acojonados, así trabajamos”, dice este lunes un enfermero de críticos de ese centro, con 2.458 trabajadores y 644 infectados, según datos del sindicato Mats. “El 25% de la plantilla”, espeta Rubén Herrera, otro enfermero de ese hospital, miembro del sindicato, que ha interpuesto una denuncia en Inspección de Trabajo por este motivo.

El pasado marzo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicó un documento para informar sobre los requisitos específicos que habían de aplicar a los guantes, los recogidos en el reglamento EN ISO 374-5:2016, que son los que reúnen las condiciones de protección contra los virus; el 25 de abril lo recogió el Boletín Oficial del Estado, que emitió una orden para regular los equipos de protección oficial en la crisis de la covid-19 —”guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos”, reza el BOE—; y el 30 de abril lo incluyó el Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

Sin embargo, en este hospital sus profesionales denuncian que decenas de cajas de varias marcas no llevan impresas esas cifras sino la 374-2, que ofrecen protección contra microorganismos como bacterias y hongos, pero no contra los virus. Una de esas profesionales, enfermera de UCI que trabajó durante el fin de semana, lo hizo con ese material. “Un escáner con un paciente sin ir más lejos. Cuando fui al despacho del supervisor para poner en su conocimiento que estábamos trabajando con esto, me encontré con que él también tenía cajas de esos guantes”. Explica que el día 1, cuando los detectaron, fueron informados todos los profesionales de su unidad: “Los agrupamos y al día siguiente fueron retirados, al menos de mi unidad. Y nos trajeron guantes correctos”.

El enfermero Rubén Herrera afirma que esto es una negligencia: “Trabajamos con fluidos que contienen microorganismos y virus capaces de infectar por contacto, penetración en heridas de la piel, y los guantes suponen la barrera del contagio”. Otro enfermero añade: “Lo manipulas todo, lo tocas todo, supervisas pacientes y material y lo haces pensando que estás protegido, hasta que te das cuenta de que no”.

Este mismo profesional asegura que además, durante el puente de mayo, han estado usando unas mascarillas “que tampoco parecen muy fiables y en las que se lee claramente en la caja que no son para uso médico”. Unas KN95 en las que aparece el código GB2626-2019 y que llevan la leyenda en inglés “for non medical use only”. “Además, el BOE del 25 de abril recoge como únicas válidas las GB2626-2006”, apunta la enfermera de UCI.

GB2626-2006 es la norma nacional obligatoria China para regular estos productos hasta hace apenas un mes, cuando emitió una actualización que entrará en vigor el 1 de julio de este año y reemplazará la 2006. El Comité Europeo de Estandarización (CEN por sus siglas en inglés) lo incluye ya como equivalente de la anterior; y también lo ha hecho el Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Aún así, los profesionales siguen teniendo dudas. “Esas mascarillas se han inmovilizado y se han mandado a testar para ver si se pueden usar”, explican fuentes de Comisiones Obreras, porque como ocurrió con las Purgivor a finales de abril, pueden existir lotes defectuosos.

Desde el centro, aseguran que los guantes “cumplen con la normativa y están todos homologados”, que la normativa del BOE “es una tabla de equivalencia nada más” y que “hay otras normas que están vigentes”. Sobre las mascarillas, explican que fueron “suministradas por la Consejería de Sanidad”, que avala su uso, y que “según información del importador del producto, la indicación en el envase for non medical use only se debe a normativas del Gobierno chino que exige que se ponga esa información en la caja, en base a que los EPI por definición no es material médico y el poner esto responde a sus características de producto”. Y añaden que “los niveles de filtración definen su idoneidad” ante la covid-19.

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