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Los estibadores de San Roque piden ayuda

En Quito, poco antes de las cinco de la mañana, cuando se levanta el toque de queda de 15 horas impuesto por el Gobierno para contener la expansión de la Covid-19, empiezan a moverse personas como Jaime Chiguano. Él es parte del músculo del Mercado de San Roque, que abastece al 70% de la población capitalina a través de puestos pequeños y tiendas de barrio. Jaime tiene 37 años y lleva media vida echándose a la espalda la comida de otros a cambio de unas pocas monedas. Desde hace unos meses preside la Asociación de Estibadores Mixtos del mercado, que reúne a 800 hombres y mujeres que ya tenían una situación frágil antes de la emergencia sanitaria y que ahora rozan la desesperación. Como no hay transporte público, el presidente de los estibadores camina cada día unos 45 minutos para llegar al mercado y se pone en una fila para pasar el filtro de entrada. Un guardia de seguridad controla que los trabajadores lleven mascarillas y guantes, y a veces les pregunta si tienen fiebre o no.

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—¿Cómo les ha afectado económicamente la emergencia sanitaria?

—Ya no hay tantos compradores, a lo mucho ahora se mueve una horita. Antes nosotros, en día normal, ganábamos entre ocho y 10 dolaritos. Ahora unos tres o cuatro dólares, pero seguimos aquí por la necesidad— cuenta Jaime, y hace las preguntas que nadie puede contestar en estos días—. ¿Cuándo mismo se solucionará esto? ¿Cuándo será de quedar de a buenas?

—Todo es incierto ahora, ¿ustedes ya han tenido casos en el mercado?

—Aún no llega todavía. Está guardando Diosito.

El imperativo “quédate en casa” que impone la pandemia del coronavirus, no es una opción para buena parte de la población en Latinoamérica y el Caribe que cada día se lanza a las calles de las grandes ciudades para pellizcar unas cuantas monedas. La tasa de informalidad en la región supera el 53% de los ocupados, un poco más de 150 millones de personas, según la Organización Internacional del Trabajo.

La estadística oficial en Ecuador dice que los informales representan un 46%, pero la cifra real puede ser mayor, según el exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y actual investigador de la Universidad de Berkeley, Byron Villacís. Explica que la metodología de cálculo fue modificada y está subestimada. “En Ecuador hablamos de al menos un 60% de informalidad”, asegura. Esto equivale a 4,8 millones de ecuatorianos cuyos ingresos mensuales no superan los 400 dólares, que es el salario mínimo en el país andino.

Estas personas se buscan la vida en las calles de un país que es el segundo con más casos de Covid-19 en la región después de Brasil: en tan solo un mes se superó la barrera de los 10.000 casos y se reportaron más de 500 muertos, sin contar a las decenas de personas que han fallecido en sus casas y que alimentan la estadística de muertes probables por Covid-19.

¿Cómo se cuida del coronavirus? “Si, ahorita que estamos con esas enfermedades, medio está complicado. Toca cuidar. Yo estoy con mascarilla, guantes, tengo que lavar las manos para café, almuerzo, merienda, tengo que tener alcohol”, responde Juan Chimbo, otro estibador del mercado de San Roque, que también empezó en la adolescencia y ya ronda los 60 años.

Jaime y Ernesto Chiguano son parte de la directiva de la Asociación de Estibadores. Cada día, cuentan los socios, están yendo a trabajar. Antes llegaban en torno a los 500 miembros, ahora no pasan de los 150.Jaime y Ernesto Chiguano son parte de la directiva de la Asociación de Estibadores. Cada día, cuentan los socios, están yendo a trabajar. Antes llegaban en torno a los 500 miembros, ahora no pasan de los 150. Soraya Constante

A la pregunta de qué le motiva a seguir exponiéndose, Chimbo responde que sigue trabajando para pagar “su cuartito y su comida”. Y para mandar algo a su mujer que vive en el campo. “También de repente les ayudo a mis cuatro hijos, aunque ya todos casados. Así hasta que Diosito me de salud y vida”.

Muchos de los trabajadores de San Roque son indígenas que han emigrado a la capital con sus familias. No por nada el mercado es considerado como el guardián de la lengua quechua y de otros saberes ancestrales. La Asociación de Estibadores —que también agrupa a las personas que separan los granos y a las que recorren el mercado vendiendo bolsas de frutas o verduras— persigue una mínima seguridad laboral para todos sus socios y la regulación de sus tarifas que se han desplomado por la llegada de los migrantes venezolanos. Pero por ahora, el colectivo está enfocado en subsistir durante el parón por el coronavirus y para explicar su situación grabaron un video con apoyo de un grupo de documentalistas. “Los trabajadores indígenas en la ciudad se están quedando fuera del rango de las ayudas y queríamos poner una alarma sobre eso”, dice Luis Herrera, uno de los realizadores del video.

Las ayudas que ofrece el Gobierno, entre las que figura un bono de 60 dólares que se entregará en abril y mayo, no están llegando a todas las clases populares. En teoría es el Estado quien selecciona a los beneficiarios y les envía un mensaje de texto. Sin embargo, ninguno de los estibadores consultados para este reportaje había recibido el mensaje. “No se sabe cómo serán [las ayudas], nosotros no recibimos ninguna información. Una vez llamamos al Patronato San José, pero no nos contestaron”, cuenta el presidente de los estibadores. El patronato del que habla es uno de los operadores de la ayuda social que entrega el Ayuntamiento de Quito y que en estos días reparte alimentos.

4,8 millones de ecuatorianos no superan los 400 dólares de ingresos mensuales

Rommel Rosero, coordinador de la Agencia de Comercio que controla los mercados de la capital, dice que ha entregado al Patronato San José un listado de 5.000 personas que se dedican al comercio autónomo y tienen un permiso para trabajar en la calle, pero reconoce que por fuera se han quedado al menos otras 9.000 personas. “Los estibadores, las personas que trabajan en los patios de comida, los que cuidan los carros aparcados en las calles… Todos ellos son parte de ese grupo vulnerable, pero muchos de ellos perciben otras ayudas sociales del Gobierno, entonces hay que filtrar la información”, señala el funcionario. ¿Pero quién se encargará de hacerlo? Para esta pregunta no hay respuesta.

“Desde que está esta situación, estamos muy bajos de trabajito, no nos alcanza. Nosotros vivimos con toda la familia, pagamos arriendo, alimentación… Por esas cosas de la enfermedad, quisiera que cualquier autoridad ayude” dice Ernesto Chiguano, de 51 años. Este hombre, que sostiene con su trabajo a su familia de siete miembros, dice que este es el mensaje que daría a las autoridades.

¿No tiene miedo de enfermar? “Estamos trabajando con mascarilla y guantes, porque si no salimos a trabajar, quién va a venir a darnos de comer. Quizás Diosito no permita, no quisiera que esa enfermedad nos contagie”, asevera.

Pero mientras Ernesto, Juan, Jaime y otros tantos trabajadores invisibles en Ecuador se encomiendan a Dios, su situación de futuro se avizora más inestable. El exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos calcula que el nivel de pobreza en el país aumentará entre 10 y 20 puntos. “Y en ese escenario los estratos populares, que ya están excluidos por la estructura de desigualdad, van a tener menos capacidad de generar ingresos y hasta de curarse o acceder a la vacuna cuando esta esté disponible”, señala Villacís.

En la región los pronósticos tampoco son buenos. La pobreza aumentará tras la crisis sanitaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que la desaceleración económica podría aumentar la cantidad de pobres de 185 millones a 220 millones, en una población de 620 millones. Y las personas con pobreza extrema podrían pasar de 67,4 millones a 90 millones. ¿Qué harán los Gobiernos de la región para acortar esa brecha? De momento no hay respuestas. La lucha contra la pandemia absorbe toda la atención gubernamental.

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