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Los Ayuntamientos costeros deberán adaptar su planificación urbanística al cambio climático

Hoy parece algo muy lejano en este mundo dominado por el coronavirus y sus tremendas consecuencias. Pero hace poco más de tres meses una inusual borrasca golpeó de forma brutal la costa española. Se llamó Gloria y de un plumazo casi borró el Delta del Ebro y se llevó por delante paseos marítimos y construcciones en el litoral mediterráneo. La subida del nivel del mar y los fenómenos extremos como temporales e inundaciones más frecuentes e intensos son algunos de los efectos de un cambio climático que la ciencia avisa que ya es irreversible a medio plazo. Los países deben reducir sus emisiones para evitar los peores escenarios, pero habrá impactos inevitables para los que no queda otra que adaptarse. Esto último es lo que busca el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuyo borrador acaba de sacar a información pública el Ministerio para la Transición Ecológica y que se espera tener aprobado a finales de este año.

El plan, pensado para el periodo comprendido entre 2021 y 2030, incluye 81 líneas de acción ideadas para “construir una economía y una sociedad más seguras y menos vulnerables” a esos impactos del cambio climático. Entre esas líneas de actuación que plantea el equipo de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se encuentran varias dedicadas a costas y medio marino. Entre otros asuntos, según aparece en el plan, se apuesta por “cambios en el marco normativo orientados a mejorar la eficacia de las respuestas frente a los riesgos costeros”. Y se establece que “todos los Planes Generales de Ordenación Urbana tramitados a partir de 2021″ deban contemplar “los riesgos derivados del ascenso del nivel del mar y los efectos de los temporales marítimos”.

El ministerio apunta también al “aumento de la flexibilidad a la hora de otorgar títulos de ocupación, pudiendo, por ejemplo, limitar o reducir los plazos de las concesiones o agilizar su revisión por causa del cambio climático”. También se propone la “agilización de la revisión de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, basado en datos científicos”. Además, se ponen sobre la mesa “demoliciones de elementos artificiales deteriorados, altamente vulnerables o que sean perjudiciales para la integridad del dominio público y reduzcan su capacidad de adaptación”. Y se abre la puerta a “intervenciones sobre infraestructuras vulnerables para reducir su sensibilidad ante los riesgos costeros” y a la “reubicación de infraestructuras muy vulnerables”.

Este segundo plan de adaptación (el primero se remonta a 2006) es una hoja de ruta, según explican fuentes del ministerio. Es decir, todas estas propuestas se deben desarrollar a través de la reforma y elaboración de varias leyes. Por eso, la estrategia fija como objetivo la creación de “grupos de trabajo con el objeto de analizar y, en su caso, proponer posibles modificaciones del marco normativo”, aunque no se establecen fechas concretas para llevar a cabo esa reforma. Entre esos cambios figura la reforma de la Ley de Costa. La vicepresidenta ya se ha mostrado en varias ocasiones partidaria de cambiar esa norma y el reglamento de desarrollo para adaptarlas, precisamente, a los impactos del cambio climático. De hecho, su departamento comenzó el pasado año un proceso de revisión del reglamento de Costas que se topó con el rechazo de la patronal CEOE y que en estos momentos está paralizado.

En el borrador de estrategia sacado a información pública se resalta que “la adaptación al cambio climático” también se deberá incorporar a “algunas normas con rango de ley que están siendo preparadas en la actualidad”. Se citan la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industria y Estrategia Industrial, todas ellas comprometidas en el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Podemos. También se establece que otras que ya existen “podrían requerir modificaciones para reforzar la adaptación frente al cambio del clima, como la Ley de Costas, el Texto Refundido de la Ley de Aguas o la Ley de Evaluación Ambiental”.

Radiografiar los impactos

Uno de los aspectos en los que más incide esta estrategia es en la necesidad de radiografiar los impactos del cambio climático presentes y futuros. También, en estudiar esos impactos en todos los sectores socioeconómicos. El plan fija la obligación para el ministerio de elaborar, “con una periodicidad al menos quinquenal”, un informe de síntesis “sobre la evolución de los principales riesgos y sus impactos derivados del cambio climático”. Según destaca el ministerio, se recogen por primera vez 27 indicadores climáticos relacionados, por ejemplo, con la incidencia en la salud, los daños económicos por tormentas costeras y el estado de los recursos hídricos.

Otro de los sectores en los que la estrategia se fija es en el turismo. Se propone realizar análisis “sobre los efectos potenciales del cambio climático en la demanda turística”. Además, se aboga por diversificar “la oferta turística de los destinos más expuestos y vulnerables al cambio climático” a través de la incorporación de “nuevas actividades, bien adaptadas a los rasgos ecológicos y climáticos del territorio”. El objetivo, según se detalla, es “reformular el modelo turístico vigente, buscando modelos que sean sostenibles y que tengan en cuenta las capacidades de carga ambiental y climática de los destinos”.

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