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Las dudas jurídicas se ciernen sobre el caso sin precedentes de Alberto Rodríguez

La retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez no solo ha derivado en un nuevo choque entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, sino también en un enfrentamiento de interpretaciones jurídicas entre quienes defienden que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al parlamentario por pegar una patada a un policía durante una manifestación en enero de 2014 implica la pérdida del escaño y quienes sostienen que no. Esas discrepancias están en la base del pulso que han protagonizado esta semana el Supremo y el Congreso: el primero defendía que, aunque la condena de 45 días de cárcel había sido conmutada por una multa que el parlamentario ya ha pagado, la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo debe ser cumplida e implica la pérdida del acta. Los letrados de la Cámara sostenían lo contrario: que esa pena de inhabilitación priva al condenado del derecho a ser elegido, pero no comporta la inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos.

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