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Las difusas líneas rojas del Supremo para la pandemia

Pocos días antes de que, el 9 de mayo, terminara el segundo estado de alarma, el Gobierno atribuyó al Tribunal Supremo un papel que no tenía: tomar la decisión final sobre cuándo está justificado que una comunidad autónoma restrinja derechos fundamentales para combatir el virus. El objetivo era que la Sala de lo Contencioso-Administrativo creara, en pocas semanas, una jurisprudencia que evitara el caos jurídico que se vivió el pasado verano, cuando los tribunales autonómicos dieron soluciones discrepantes a propuestas similares.

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