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Las comunidades podrán convertir las residencias de mayores en centros sanitarios

Las comunidades autónomas, en función de la situación epidemiológica, podrán convertir las residencias en espacios de uso sanitario, lo cual quiere decir que los internos enfermos de Covid-19 podrán ser atendidos allí sin ser trasladados a centros hospitalarios, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por el momento, el Gobierno no ha ofrecido más detalles sobre cómo se va a dotar de medios, tanto humanos como materiales, a unos centros que no son hospitalarios para que puedan asumir el reto que se les plantea. La orden afecta a todos los centros residenciales, públicos o privados, tanto de personas mayores como discapacitados. También ha puesto a estos centros bajo la supervisión de la inspección sanitaria.

La orden se conoce un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, revelase que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había encontrado cadáveres de internos en varios de esos centros. “El Ejército, en algunas visitas, ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas”, dijo Robles al Programa de Ana Rosa, de Telecinco. “Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes en el trato que se dé a los mayores en esas residencias”, añadió, sin precisar en cuántas se produjeron estos hallazgos, ni dónde están ubicadas.

A partir de este martes, el Ejército levantará acta de la situación de las residencias de mayores que visite, según fuentes de Defensa. Los equipos de la UME que acudan a estos centros para desinfectarlos llevarán unos cuestionarios en los que dejarán constancia del estado de las instalaciones, la falta de personal, la atención prestada a los internos, el número de contagiados, enfermos o fallecidos, etc. Esta documentación servirá para tener una radiografía más precisa de la situación de estas residencias, convertidas en uno de los focos de la pandemia, y se remitirán a la Fiscalía del Supremo, que ha abierto una investigación.

En la orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes se recoge precisamente que todos los centros, públicos y privados, deberán facilitar periódicamente “información veraz y ajustada” sobre su situación a la autoridad competente de la comunidad autónoma. Además, faculta a las comunidades a intervenir dichos centros, ordenando el alta, baja, reubicación o traslado de internos, creando nuevos centros o modificando su capacidad u organización e incluso nombrando a un funcionario público para dirigir la actividad asistencial de centros privados en los que haya contagiados por coronavirus. También podrán cambiar al responsable de una residencia pública que se vea desbordada. Los centros, independientemente de su titularidad, estarán obligados a informar a la comunidad autónoma y a la Delegación del Gobierno si se ven sobrepasados, tanto por falta de personal, como por que el servicio se vea comprometido o no puedan cumplir con el protocolo que obliga a aislar a los residentes en cuatro grupos. Igualmente en el caso de que no puedan gestionar la retirada de cadáveres.

El pasado jueves se aprobó un protocolo de obligado cumplimiento en todos los centros residenciales por los que se obliga a separar a los residentes en cuatro grupos (aquellos que ya estén contagiados; quienes tengan síntomas; quienes hayan tenido un contacto estrecho con ellos, y quienes estén libres de sospecha) que deberán ser aislados. En la orden, también del Ministerio de Sanidad, se especificaba que sanitarios de atención primaria supervisarán la situación de los pacientes y se generalizarán los test. Y que estos determinarán cuándo deberán ser trasladados a los hospitales. Ahora, en la nueva orden se va más allá, según ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para “asegurar que se presta la atención adecuada”.

Illa ha vuelto a señalar que el Gobierno no dispone del dato de número de contagiados y fallecidos en residencias de ancianos. Sanidad remite a las comunidades, y Ejecutivos como el de la Comunidad de Madrid, la región más golpeada, tampoco facilita esta información. El sector de la dependencia, mermado por los recortes de 2012, lleva semanas reclamando que los equipos de protección individual lleguen a las residencias, para proteger a los propios trabajadores y a los residentes ante la propagación del virus.

Actuaciones de la UME

Por el momento se desconoce el número de residencias en las que la UME ha hallado cadáveres. Tampoco lo ha concretado este martes el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, quien, tras la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, se ha limitado a señalar que, cuando los militares acudieron a realizar tareas de desinfección, “se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias”, lo que se puso en conocimiento de la Fiscalía. El lunes por la noche, la Fiscalía General del Estado anunció que había decidido abrir una investigación sobre la presunta presencia de “personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos” en centros de la tercera edad.

Las Fuerzas Armadas tenían previsto actuar este martes hoy en 92 residencias, con lo que al final de la jornada llegarán a 310 las visitadas. El Ministerio de Defensa ya confirmó el lunes el hallazgo de cadáveres en varias residencias pero, al carecer de actas de las visitas, la información de que disponía era muy imprecisa y no diferenciaba aquellas residencias donde se daba una situación de completo abandono de otras donde se estaba a la espera de la llegada de los servicios funerarios.

Fuentes sanitarias explicaron que habitualmente los cuerpos de los residentes fallecidos se trasladan a un habitáculo refrigerado, denominado túmulo, donde se espera a que vayan a recogerlos los servicios funerarios. Sin embargo, cuando existen sospechas de que la muerte se ha debido a la Covid-19, el protocolo establece que no se les toque hasta que llegue el facultativo y el personal de la funeraria, equipados con bolsas y equipos de protección, permaneciendo mientras tanto el cadáver en la cama. El actual colapso de los servicios funerarios en Madrid, agregan las mismas fuentes, hace que puedan tardar hasta 24 horas en ir a recogerlo.

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