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Las cárceles egipcias, un agujero negro en tiempos del coronavirus

Pensionistas egipcios con mascarillas esperan para cobrar su pensión mensual en el distrito de Shubra El Kheima, en El Cairo.Pensionistas egipcios con mascarillas esperan para cobrar su pensión mensual en el distrito de Shubra El Kheima, en El Cairo.KHALED ELFIQI / EFE

Una crisis de salud pública como la que está atravesando Egipto a raíz de la propagación del coronavirus cuenta con una ramificación que amenaza con ser letal en sus abarrotadas e insalubres cárceles, donde languidecen miles de reclusos en condiciones infames.

El pasado sábado, el país árabe superó la crítica barrera de los mil casos a partir de la que las autoridades habían reconocido que sería difícil rastrear las cadenas de transmisión del virus. Hasta el martes, los contagios ya habían escalado hasta los 1.450, y aunque ninguno de ellos se ha registrado en una prisión, familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos alertan de que la extensa población reclusa no va a demostrarse inmune. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ha alertado de que los centros de detención son particularmente vulnerables ante la Covid-19 y que las condiciones de detención pueden contribuir a la propagación de enfermedades contagiosas de este tipo.

A pesar de que no existen cifras oficiales sobre el número de internos debido al alto secretismo con el que el régimen egipcio reviste su gestión de las cárceles, el semioficial Consejo Nacional para los Derechos Humanos documentó que en 2015 las prisiones del país se encontraban al 150% de su capacidad. En los últimos años, centenares de detenidos han muerto entre rejas, la mayoría a causa de negligencias médicas, según la Organización Árabe para los Derechos Humanos y el Comité para la Justicia, una asociación de derechos humanos con sede en Ginebra.

“Las cárceles del [presidente Abdelfatá] Al Sisi ya son terriblemente inhumanas”, señala Amy Hawthorne, subdirectora de investigación en el Proyecto sobre la Democracia en Oriente Medio (POMED), “pero la propagación del coronavirus convierte las condiciones de detención en un asunto humanitario urgente”.

A principios de marzo, el Ministerio del Interior egipcio anunció la interrupción de las visitas a reclusos como parte de sus medidas para evitar que el virus se cuele en el interior de los centros de detención. Una suspensión que coincide además con la de las audiencias judiciales por los mismos motivos, de modo que la comunicación con los internos y la información sobre lo que está ocurriendo en las prisiones se ha cortado casi por completo, según han señalado a EL PAÍS personas próximas a cerca de una decena de reclusos.

“La manera que teníamos de saber cómo estaban era a través de personas a las que se les permitían visitas, y como la mayoría en su prisión no tienen, sabíamos más acerca de nuestros seres queridos cuando aparecían en los juzgados”, explica Nosayba Ahmed, hija de Ahmed Abdelnaby, recluso en la prisión de máxima seguridad de Tora, en El Cairo.

Las medidas de Interior están dificultando asimismo la entrega de productos higiénicos a los reclusos, pero la requisa de estos artículos —que habitualmente practican los funcionarios penitenciarios— no se ha detenido, tal y como señalan familias. Sin embargo, los internos continúan en contacto con las autoridades de la cárcel, y en algunos casos se permite que su entorno les entregue dinero y productos como tabaco a través de los guardias, lo que podría facilitar la propagación del virus. “Parece que no haya una lógica, y que para algunas personas sea que sí y para otras que no,” cuenta Céline Lebrun, esposa del prominente activista palestino-egipcio Ramy Shaath, encarcelado desde el pasado mes de julio.

Estas nuevas restricciones se añaden a las infames condiciones habituales de las prisiones, que incluyen instalaciones infestadas y a menudo sin ventilación y luz adecuadas. “Las celdas están en general abarrotadas” asegura una persona cercana a Ola al Qaradawi, hija del influyente teólogo Yousef al Qaradawi, y su marido, Hosam Khalaf, encarcelados desde 2017. “De parte de Ola [sabemos] que tiene ratas, cucarachas y todo tipo de insectos en la celda,” detalla. “Las prisiones son famosas por ser una incubadora de cualquier enfermedad, y uno de los [consejos] que los internos darían [a los nuevos] es no ponerse enfermo,” desliza Lebrun.

“Nadie puede continuar viviendo en estas condiciones permanentemente,” avisa Somaia, cuyo hermano Yahya permanece encarcelado en una prisión del complejo de Tora.

El Ministerio del Interior, que niega desatender las necesidades médicas y vitales de los reclusos, aseguró en un comunicado a principios de abril que las instalaciones de todas las prisiones han sido desinfectadas y esterilizadas como medida de prevención.“[Las acciones de Interior] podrían funcionar si se estuvieran asegurando de que las personas internas son tratadas con humanidad,” sostiene Sara Mohamed, investigadora en la Comisión Egipcia para Derechos y Libertades. “Pero esto no está ocurriendo.” Por este motivo, a medida que el peligro de que se desate una tragedia aumenta, las voces que piden la liberación de presos se han ido multiplicando. El 19 de marzo, el régimen pareció dar un tímido paso en esa dirección al anunciar la puesta en libertad de 15 opositores en detención preventiva. Pero hasta la fecha ha rehusado extenderla a otros casos, como han anunciado en mayor o menor medida el resto de países del norte de África.

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