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La Xunta tramita en pleno estado de alarma proyectos polémicos por su impacto ambiental

Parque eólico en la Serra do Xistral, en la provincia de Lugo.Parque eólico en la Serra do Xistral, en la provincia de Lugo.XOSÉ MARRA

La pandemia mundial y el estado de alarma no han parado en Galicia la tramitación de proyectos industriales de controvertido impacto ambiental. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) ha reactivado esta semana un millar de expedientes de vertederos, parques eólicos o líneas de alta tensión. Lo ha hecho defendiendo sobre el papel que son iniciativas “indispensables” para el “interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central, aunque lo que ha destacado públicamente es su “gran repercusión económica” por las inversiones millonarias que están en juego. Los ecologistas denuncian “indefensión” y acusan a la Xunta de aprovechar la crisis del coronavirus para “dificultar la participación de la ciudadanía en los procedimientos para beneficio y lucro de empresas privadas”.

El estado de alarma “impide que la ciudadanía se pueda reunir, organizar asambleas o actos informativos y moverse con total libertad dentro del territorio”, recuerdan en un manifiesto conjunto una treintena de colectivos vecinales y ecologistas. Las organizaciones, entre las que están Adega, Greenpeace, Verdegaia y Ecologistas en Acción, sostienen que con estas limitaciones “será imposible contrastar la información” aportada por las empresas promotoras de los proyectos y presentar alegaciones durante el periodo de exposición pública. Para empezar, explican, no podrán siquiera recurrir la orden de la Xunta que reactiva los proyectos hasta que no finalice el estado de alarma.

Entre el millar de actuaciones desbloqueadas por el Gobierno gallego, hay instalaciones eólicas paralizadas durante años por la crisis económica y que resucitaron antes de estallar la pandemia con la oposición del movimiento ecologista gallego. Otros parques eólicos comenzaron a tramitarse durante esta legislatura, como el de Solpor. Con sus siete aerogeneradores atravesará los municipios coruñeses de Ordes y Mesía. Los vecinos denuncian que se levantarán turbinas eólicas a solo 500 metros de las casas. “Esa es la distancia mínima legal, pero se fijó en el año 2000 cuando los molinos medían 60 metros, ahora miden 200”, explica Jessica Rey, de la agrupación Salvemos a Comarca de Ordes. “La Xunta está pensando en la economía de las empresas, muchas de ellas foráneas, pero no en la de los ciudadanos que viven en los núcleos afectados”. Solo en esta comarca gallega por la que pasa el Camino de Santiago están previstos 12 complejos para producir energía eólica.

La larga lista de expedientes que acaba de reactivar la Xunta incluye desde autorizaciones de caza hasta permisos urbanísticos en terrenos protegidos o derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Todos son, según el Gobierno gallego, “indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos”, tal y como exige el decreto de estado de alarma, pese a lo cual fueron paralizados durante el primer mes y medio de vigencia de esta medida excepcional. La Consellería de Medio Ambiente explica que no prosiguió con su tramitación desde el principio porque al estallar la crisis “hubo que concentrar los esfuerzos en garantizar los medios telemáticos y logísticos necesarios para fomentar el teletrabajo” de los empleados públicos. En la orden autonómica donde se motivan las razones por las que estos proyectos son considerados “indispensables”, el Gobierno gallego llega a ceñir sus argumentos a que “son razones de interés general las que presiden, en todo caso, la actuación de las Administraciones públicas”.

Medio Ambiente rechaza las acusaciones de los ecologistas y esgrime que la reactivación de las tramitaciones “no conllevará ninguna reducción de los mecanismos garantistas” porque “ni se acortan plazos ni se prescinde de controles o de los trámites de información y consulta pública”. “Se garantizará el derecho de cualquier persona interesada en formular alegaciones, de modo que si por circunstancias derivadas del estado de alarma no pudiese hacerlo, se garantizará que en ningún caso la tramitación de los procedimientos genere cualquier tipo de indefensión de los interesados”, afirma el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

El consejo de gobierno que preside Feijóo dio el visto bueno a esta medida la semana pasada señalando que las inversiones pendientes solo en parques eólicos rondan los 1.300 millones de euros. Los ecologistas ven “claro” que la reactivación de proyectos “contaminantes” por parte de la Xunta “limitando la respuesta ciudadana legítima” incumple los requisitos del estado de alarma y sirve solo a los intereses de las empresas.

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