Internacional

“La violación de derechos no está institucionalizada en la policía”

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez (Bogotá, 66 años), llegó este martes a esta entrevista, en la residencia del embajador de Colombia en Madrid, con el tiempo medido. “Tendremos 10 minutos”, anunció su equipo. La canciller había decidido horas antes acortar su gira europea un día porque, como anunció en Twitter, acababa de ser abuela. El avión a Bogotá partía en unas horas.

Colombia vive atascada en un estallido social desde el pasado 28 de abril. En estas siete semanas ha habido miles de manifestaciones por todo el país, bloqueos que han impedido el abastecimiento de ciudades enteras y enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes. Unas 50 personas han perdido la vida. La comunidad internacional ha criticado los excesos policiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país la semana pasada para evaluar si se produjeron abusos y violaciones de los derechos humanos en la contención de las protestas. Una visita que el Gobierno de Iván Duque rechazó en un primer momento por innecesaria y que, más tarde, con mediación de la propia Ramírez, aceptó con condiciones.

Más información

La canciller se muestra visiblemente molesta porque la breve entrevista que concede a EL PAÍS verse sobre el conflicto. Critica que la gente se pueda quedar con la idea que “lo único que merece la pena mencionar de Colombia es una coyuntura que por fortuna ya se está superando”. Una hora después del encuentro, el Comité del paro (organizador de las protestas) anunció la interrupción temporal de las movilizaciones. Antes de irse al aeropuerto, Ramírez pide: “Miremos la foto completa, a pesar de las dificultades seguimos teniendo una democracia, que es lo que está faltando en buena parte de América Latina”.

El que sigue fue el diálogo previo.

Pregunta. Se han documentado una veintena de muertes a manos de la policía en el marco de las protestas. ¿El Gobierno condena los episodios de brutalidad policial?

Respuesta. El Gobierno siempre condenará cualquier caso de brutalidad contra la vida de cualquier persona, venga de donde venga. Pero es muy importante no cometer el error de utilizar cifras no verificadas. Es cierto que ha habido 21 muertes durante las protestas, pero no es cierto que haya 21 muertes relacionadas con la policía. De las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, hasta el momento lo único comprobado es que hay cuatro casos en los que hay policías vinculados.

P. Es Human Rights Watch quien ha documentado esas muertes.

R. No puede haber ninguna organización que documente con más certeza que las autoridades.

P. ¿Qué opina de las imágenes de civiles disparando contra manifestantes al amparo, en algunos casos, de la policía?

R. Si hay civiles que han dado muerte a alguna persona, que con disparos al aire han ocasionado la muerte de otra persona, son absolutamente materia penal. También es muy grave que en esas protestas hay cerca de 40.000 armas que se han incautado por parte de la policía. Desafortunadamente las protestas, mayoritariamente de gente joven y pacíficas, se han utilizado por parte de unas minorías violentas y criminales para poder desarrollar actos de vandalismo. Tenemos que saber quiénes han estado detrás de esos actos.

P. ¿Los reparos a recibir inicialmente la visita CIDH no debilitó la posición del Ejecutivo?

R. No, de nuevo información a medias. Lo que se hizo en Washington fue hacer una visita a la CIDH para decirle que aceptábamos su visita a Colombia, pero que era importante que la hicieran después de haber recibido la información solicitada por ellos mismos a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del pueblo. Lo que le ofreció el Gobierno de Colombia [a la CIDH] es que cumpliera con esa secuencia. Antes de que fueran a Colombia se hablaba de cuatrocientos y pico desaparecidos, esa cifra nunca existió. Con el cruce de la información esa lista pasó a alrededor de 70 personas. Así cuando llegaron a Colombia lo hicieron con una situación mucho más ajustada a la realidad que lo se estaba diciendo, entre otros, por organizaciones que creen tener una información y la van transmitiendo con una gran ligereza.

P. Lo que se ha puesto en duda es que se hayan respetado los derechos humanos durante las protestas.

R. Nadie puede poner eso en duda cuando hay cuatro policías que están investigados. Si hay cuatro casos de policías que han violado los derechos humanos, eso es muy grave, pero una cosa distinta es que se diga que la policía colombiana es una institución que utiliza como práctica la violación de los derechos humanos porque eso no existe de manera institucional.

P. Estos días ha dicho que el origen de las protestas es la insatisfacción de los jóvenes. ¿Qué soluciones proponen?

R. Las soluciones que todos los gobiernos demócratas del mundo tenemos que aplicar. Lo primero es escuchar a la gente y entender cuáles son las causas.

P. Pero el diálogo con los organizadores de las protestas está roto.

R. Déjeme acabar. Lo primero que hay que hacer es escuchar cuál es la causa de la insatisfacción. Segundo, si está en las manos del Gobierno, tomar correctivos. Nuestro Gobierno ha tomado correctivos, por ejemplo, dar educación gratis en la universidad a los estratos 1, 2 y 3. El diálogo hay que tenerlo en las instancias que corresponden. Hay una gente que se ha proclamado la Mesa del paro, que lo que hizo fue aprovechar el momento en la protesta para decir que ellos eran los que negociaban en nombre de la sociedad. Muchísimos jóvenes han salido a decir ‘yo no me siento representado’ [por ellos]. Esa Mesa está pretendiendo cosas tan absurdas como que el Gobierno le pueda dar un salario mínimo mensual a 30 millones de colombianos indefinidamente sin trabajar, eso no es posible. El Gobierno está tratando de fortalecer la economía para dar espacio a que se genere empleos. La verdadera solución a los problemas sociales de la gente está en el trabajo.

P. ¿Ya no considera a la Mesa del paro un interlocutor válido?

R. Ellos mismo han resuelto pararse [levantarse] de la mesa, uno no tiene un interlocutor cuando decide pararse de la mesa. Ellos también promovieron la destrucción de buena parte de los recursos que más necesitan las familias, la destrucción económica insensata e ilógica. Ellos mismos perdieron legitimidad frente a las personas que decían estar representando. Han hecho bloqueos que han hecho un daño inmenso al país. Esta gente promovió que se frenaran ambulancias en carreteras y dos bebés se murieron. Ellos pidieron que estuvieran la Iglesia católica y Naciones Unidas acompañando esa mesa, y ni ellos ni el Gobierno puede hacer nada si deciden levantarse de la mesa.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

Leave a Reply