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La pandemia visibiliza la precariedad laboral de las ‘kellys’

Una camarera de piso prepara una habitación.Una camarera de piso prepara una habitación.T. Ferragut

Son cientos de miles y la gran mayoría son mujeres. Las camareras de piso en hoteles, también llamadas kellys, son la cara más desprotegida del sector hostelero. Ahora han levantado la voz para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se han quedado: después de que el Gobierno decretara el estado de alarma no pudieron acudir a sus puestos de trabajo y muchas quedaron desprotegidas. Las más afortunadas pudieron acogerse a un ERTE, las demás sobreviven con lo último que les queda del paro o de alguna otra prestación. Muchas otras no tienen opciones económicas para sobrellevar el confinamiento.

Llegan a ser hasta 250.000 las camareras de piso que cubren la demanda generada cada verano en los diferentes destinos turísticos de España y muchas de ellas son contratadas por empresas externas. Agrupadas en las asociaciones de Kellys de Gran Canaria, Málaga, Huelva, Granada, Asturias, Ibiza, Madrid, Sevilla y Baleares, denuncian su desprotección y afrontan el futuro con escepticismo. “Aun cuando se relance la economía, en el mejor de los casos el próximo mes de julio, la campaña de verano, desde el punto de vista turístico (tanto interior cómo exterior) la consideramos perdida en 2020”, lamentan en un comunicado.

Ante la actual situación, este colectivo exige más compromiso a empresas y Gobierno: piden que las empresas que a partir del 1 de septiembre hagan contratos de seis meses a un año tengan una exoneración del 50% al 100% en las cotizaciones a la Seguridad y que se fomente la contratación de las empleadas mayores de 50 años, entre otras cuestiones. Además, solicitan que en los hoteles usados como edificios medicalizados sea el Gobierno quien contrate al personal de limpieza y desinfección, y que se faciliten las prejubilaciones de camareras a partir de los 60 años.

Además de estas demandas urgentes, el colectivo ―en el cual figura un alto porcentaje de mujeres migrantes extranjeras― tiene una reclamación desde hace años: la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación, derivado de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, al que atribuyen la precarización de sus condiciones laborales. María del Mar Jiménez, portavoz de las Kellys de Madrid, insiste en que no piden mayores sueldos, sino contratos justos. “Lo que pedimos es simple, que si somos el 30% o el 33% del trabajo estructural de un hotel, que seamos parte de la plantilla de ese hotel, no pedimos más”. Jiménez también apunta a los sindicatos: “En el convenio de 2008 firmaron que se podía externalizar el trabajo de camareras de piso”.

“Queremos que la parte estructural de una empresa no tenga que estar externalizada. Y nosotras somos esa parte estructural”, denuncia María Pilar Cazorla, portavoz de las Kellys de Asturias. “Desde la nueva reforma laboral, este artículo nos ha empobrecido en todos los aspectos”. Cazorla, de 45 años, trabaja desde 1998 en el sector y desde 2016 vive con una minusvalía del 44% por una lesión que sufrió cuando trabajaba en un hotel a través de una empresa externa que no le proporcionó el volante asistencial para que su mutua le atendiera. Por ello, interpuso una demanda.

Según CC OO, las empresas multiservicios (EMS) “han aprovechado las posibilidades brindadas por la reforma laboral de 2012”. Además, anota: “La externalización de servicios se extiende a cada vez más tipos de actividades y sectores.”

La actual situación no ha hecho más que empeorar las condiciones laborales de estas mujeres, que ven con preocupación la posibilidad cada vez más real de no tener un trabajo en lo que queda de año. Uno de los escenarios que Exceltur contempla tras la pandemia precisaría de un plan de rescate de emergencia muy superior al que se está considerando actualmente, con una pérdida de la actividad turística de hasta un 81,4% en 2020.

Más del 70% de los empleados en el sector turístico son mujeres, según la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid. Mayte López, de 36 años, es camarera de piso en Granada y ha trabajado durante casi seis años con contratos de limpiadora a través de una empresa externa. “Si estás como limpiadora no tienes finiquito, no tienes vacaciones, los días de descanso dependen según le vengan bien al hotel”, dice. Asegura que, de entre 10.000 y 12.000 camareras de piso que trabajan en Granada, solo unas 2.500 están contratadas. Ella lo había logrado, pero estaba a punto de finalizar su contrato antes de que se decretara el estado de alarma, por lo que no pudo acogerse a un ERTE. “La hostelería será lo último que levante cabeza y no sé cuándo volveré a pisar un hotel para trabajar”.

En 2019, las kellys, colectivo que ya agrupa entre 8.000 y 9.000 mujeres afiliadas, recibieron el premio TO DO Human Rights in Tourism del Instituto para el Turismo y el Desarrollo en Alemania, “por reclamar sus derechos sin violencia”. Estas asociaciones, que han surgido por comunidades y provincias integradas por sus mismas trabajadoras, ya tienen presencia también en otros países y son, por ahora, las únicas organizaciones que orientan, guían y velan por los derechos de las camareras de piso. A Pilar Cazorla algunas de sus compañeras en Asturias o Madrid la conocen como “la abogada de las kellys”, pues desde que interpuso la demanda en 2016 se ha encargado de asesorar a las compañeras que se lo han pedido. Hay demandas por concepto de fraude legal en todos los casos que le llegan. En Madrid, por ejemplo, las kellys han atendido a más de 800 denuncias por ese concepto. Cazorla, en Asturias, ha asesorado y llevado 12 juicios. Todos ganados.

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