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La pandemia ahonda la tensión étnica y religiosa en Sri Lanka

El primer día de abril, el septuagenario Bishrul H. Mohammed Joonus fallecía por la Covid-19 en Colombo, capital de Sri Lanka, país en el que se han registrado al menos siete muertos y 200 contagios. Su cuerpo, como el del primer musulmán muerto por coronavirus días antes, fue incinerado, lo que contraviene el ritual islámico de entierro. El gobierno cingalés obliga a la cremación de las víctimas del virus, lo que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y por la comunidad musulmana local, que ven tras esta orden una vía más de discriminación radical budista, religión mayoritaria en Sri Lanka, que ha perseguido a la minoría musulmana incluso antes de los atentados terroristas que hace un año sacudieron el complejo tejido etnoreligioso del país. La pandemia se ha convertido en un motivo más de acoso a la minoría musulmana.

El Domingo de Pascua de 2019, al menos 250 personas fueron asesinadas y otras 500 resultaron heridas en una cadena de siete atentados bomba coordinados contra iglesias y hoteles de lujo de este a oeste de la isla. El mayor ataque terrorista de la historia del sur de Asia tuvo como objetivo el turismo de la llamada perla del Índico y su comunidad cristiana -un 7,6% del total de 21,8 millones de habitantes-, y fue reivindicado por Thowheeth Jamaath, grupo islamista radical vinculado al Estado Islámico. Más de 70 sospechosos fueron detenidos en conexión con los atentados, lo que puso el foco sobre la minoría musulmana -un 9% de la población- y las sospechas de radicalización a través de migrantes llegados de la península arábiga. Este domingo, en una misa retransmitida por televisión a causa de las medidas contra el coronavirus, el cardenal Malcolm Ranjith ha destacado el perdón de la Iglesia católica a los terroristas suicidas que atacaron a los fieles el año pasado, informa la agencia France Presse.

“Los horribles ataques terroristas crearon gran angustia en nuestra comunidad y no sorprende que algunos cristianos participasen en las represalias de budistas radicales” contra musulmanes, explica Maxwell Doos, secretario general del Consejo General Cristiano de Sri Lanka (NCCSL, en sus siglas en inglés). El párroco confirma las denuncias de violencia contra musulmanes por parte del extremismo budista, que ya antes de los atentados había atacado a seguidores del islam durante disturbios en 2013, así como a cristianos. “Elementos racistas” del dominio budista “unidos a la ambición política se aprovecharon de la situación”. Desde 2018, también congregaciones cristianas informan de crecientes abusos de grupos budistas aliados con la minoría hindú del país (un 12,6% de la población).

“Los musulmanes somos parte del desarrollo de Sri Lanka y casi todos condenaron los atentados”, explica por teléfono Ash Sheikh Fazil Farook, portavoz de la Ulama Jamiyathul de Ceilán (ACJU), principal agrupación musulmana del país. “Desafortunadamente los que quieren hacer de este país una nación budista sin espacio para las minorías han aprovechado esos terribles atentados para sembrar el odio”. Tras los ataques, la visita del relator de la ONU para la libertad religiosa concluyó que el Gobierno no estaba tomando medidas para aliviar las tensiones religiosas.

Además, el último informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del mes pasado, subrayaba el fracaso de las reformas institucionales en un país que no ha abordado suficientemente la impunidad tras la guerra civil terminada hace una década.

El enfrentamiento étnico-religioso entre la mayoría cingalesa (nativa del país y budista) y la minoría tamil (del norte e hindú) que dividió a la isla durante tres décadas, entre 1983 y 2009, y que causó más de 100.000 muertos, se ha afianzado en las instituciones con la elección el pasado noviembre de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente. Apodado Terminator por su papel como ministro de Defensa durante la dura represión contra el grupo terrorista separatista de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (Late) y contra gran parte de la población del norte, Rajapaksa rechazó la agenda de reconciliación y responsabilidad sobre los crímenes de la guerra civil a la que se había comprometido con la ONU el presidente saliente.

“El Gobierno vuelve a estar dominado por el peso de la mayoría cingalesa. El presidente ha perdonado a un militar condenado por asesinatos de civiles, incluidos niños, crímenes confesados por él mismo y ratificados por el Tribunal Supremo”, explica Paikiasothy Saravnamuttu, director del Centro por las Políticas Alternativas (CPA, en sus siglas en inglés). El líder de este conocido laboratorio de ideas alerta, además, de la crisis económica que se aproxima en un país con una deuda estimada por el CPA en 5.000 millones de dólares (cerca de 4.600 millones de euros) y cuya economía, dependiente de un turismo que cayó el 70% tras los atentados del año pasado, ahora se enfrenta a la gran recesión por el coronavirus.

Ruki Fernando, activista encarcelado por denunciar violaciones de los derechos humanos en Sri Lanka tras los años de guerra, teme que la pandemia acabe por tumbar el poco progreso hecho desde el final del conflicto: “Hay un riesgo evidente de una crisis política y constitucional si el presidente no reúne al Parlamento y usa su poder constitucional para aprovecharse de la crisis de la Covid-19”.

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