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La nueva Directiva de Defensa Nacional incluye las pandemias, la desinformación y el cambio climático

Las pandemias, la desinformación y el cambio climático se incorporan por vez primera a la Directiva de Defensa Nacional (DDN), el documento que fija las grandes directrices de la política de Defensa para los próximos años. El texto, que ha sido firmado esta mañana en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la cúpula militar, sustituye al de 2012, firmado por Mariano Rajoy.

El documento reconoce que la crisis de la covid-19 o la nueva estrategia de la UE han dado “un giro” a la percepción de la seguridad en Europa y la manera de gestionarla. Y ofrece un diagnóstico sombrío del panorama estratégico, reconociendo que se ha producido “una erosión notable del orden internacional y un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza”. Tras constatar un “retroceso del multilateralismo”, advierte: “El cambio de la dinámica de negociación y acuerdo por otra de competición y confrontación no se ha traducido todavía en conflictos armados de envergadura, pero se acerca esa posibilidad”.

Aunque el texto, de 11 páginas, no alude en ningún momento a Estados Unidos, cuyo liderazgo reconocía la directiva de 2012, alude implícitamente a la Administración Trump cuando subraya, con preocupación, “el auge de los proteccionismos económicos y el repliegue de muchos países sobre sí mismos”.

Reconoce que los riesgos a la seguridad nacional proceden tanto de actores estatales, “entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad [interrelación] entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio”.

“En ocasiones”, reconoce, “como en el caso del cambio climático o incluso las pandemias, los desafíos no son consecuencia de un acto hostil ni deliberado, aunque supongan un reto de enorme envergadura”.

El documento, que desarrolla la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, constata que “ya no hay problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de la Seguridad”.

El texto apuesta por mantener a España en el “grupo de cabeza” de los países dispuestos a desarrollar la seguridad y defensa europeas, incluido el fortalecimiento de su base industrial y tecnológica, lo que servirá “para complementar y reforzar las capacidades de la Alianza Atlántica”, además de apostar por el liderazgo de la ONU en la resolución de conflictos.

En relación con la desinformación, subraya que las llamadas estrategias híbridas suponen que “el uso de la fuerza vaya acompañado de campañas psicológicas, orientadas a desacreditar las acciones propias y a sembrar el desconcierto en la opinión pública”. “En el ciberespacio y en el entorno de la información”, advierte, “es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción”, para no ser identificados y evitar una respuesta.

Como es habitual en este tipo de documentos, la directiva solo marca líneas generales y no compromete medidas concretas. No obstante, sigue apostando por una defensa creíble, como base de la disuasión, y un “nivel razonable” de autonomía.

Las Fuerzas Armadas no solo deben ser capaces de garantizar la defensa de los espacios de soberanía y de participar en misiones internacionales (bajo el paraguas de la ONU, la UE, la OTAN o coaliciones ad hoc), “con especial atención al entorno europeo cercano, al Mediterráneo, el Sahel Occidental y el Océano Atlántico”. También debe estar preparadas para apoyar a las autoridades civiles, “en la gestión de situaciones de crisis y emergencias”, con un enfoque integral del sistema de Seguridad Nacional, detalla el texto.

Frente a las amenazas híbridas, incluida la desinformación, propugna la integración de todos los recursos, civiles y militares, nacionales e internacionales, con el objetivo de “mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad”. En este marco aboga por reforzar las capacidades del servicio secreto CNI, mejorar la coordinación de los servicios de inteligencia, la actuación en el ciberespacio y “la gestión responsable de la información pública”, un concepto este último que no aclara.

Para gestionar las consecuencias del cambio climático, propone una integración de las capacidades civiles y militares, como la Unidad Militar de Emergencias, “en plena sintonía con los objetivos y principios de la Agenda 2030” de la ONU, que en España gestiona la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

En las misiones internacionales no solo se subraya la necesidad de que los militares españoles muestren respeto y “empatía” hacia la cultura local y la población civil, prestando una asistencia “que no pueda ser tachada de interesada”, sino que, en línea con lo que ha venido defendiendo la ministra Robles, se apuesta por una mayor implicación de la mujer en la mediación y resolución de los conflictos. La directiva fija como prioridades del Ministerio de Defensa la mejora de la calidad de vida de los militares, incluida la conciliación familiar, y “la integración plena y el incremento de la presencia de la mujer en la carrera militar”.

Para atender a todos estos retos, las Fuerzas Armadas deben ser capaces de sostener el despliegue permanente que en cada momento fije la Directiva de Política de Defensa y de realizar, en caso necesario, un esfuerzo suplementario del 50% al menos durante un año. “El desarrollo de estas directrices precisará de la financiación que resulte necesaria”, concluye el documento. Pero, aquí radica su mayor debilidad, no incluye ninguna previsión económica, teniendo en cuenta que España solo gasta en Defensa el 0,91% de su PIB, uno de los menores porcentajes de la OTAN.

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