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La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Jose Maria Cuadrado Jimenez / EFE

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha ofrecido su versión del alcance de la recesión ocasionada por la covid-19 en el Plan de Estabilidad 2020-2021 enviado a Bruselas. El perímetro de la crisis descrito en el plan supone una caída del 9,2% del PIB este año, un crecimiento del 6,8% en 2021 una vez superado el colapso derivado de la crisis vírica, dos millones de empleos perdidos, una tasa de paro que escalará hasta el 19% en apenas un año desde el 14% actual, una pérdida de ingresos públicos de 25.700 millones, un déficit del 10,3% del PIB y un aumento inducido de la deuda hasta el 115% del PIB. Una crisis corta, pero de tal intensidad que costará al menos dos años recuperar el ritmo económico previo, en el supuesto de que la actividad empiece a recuperarse en el tercer trimestre y no haya un rebrote de la enfermedad que exija otra parálisis de la actividad, aunque sea menos drástica que la actual.

La virtud del plan es que pretende dibujar un escenario realista, que reconoce la vulnerabilidad de la economía española ante una recesión debido al déficit estructural y al elevado endeudamiento. Un examen puntillista pondría reparos de detalle. Quizá la estimación de caída del PIB del 9,2% para este año sea optimista teniendo en cuenta el boquete en el crecimiento abierto en el primer trimestre con solo dos semanas de parón económico. La caída de los ingresos también parece infraestimada y no solo porque la recesión vaya a ir más allá del 9,2% oficial, sino porque la naturaleza de la recaudación tributaria española es extremadamente sensible a las variaciones bruscas de crecimiento.

Pero los detalles de décimas no son relevantes hoy. Lo importante es entender cuáles son las vías correctas de actuación pública, en España y en Europa, para acelerar la recuperación, reactivar el empleo, reducir el déficit y frenar el crecimiento de la deuda. Lo que ya está meridianamente claro es que esta recesión no se superará en mejores condiciones que la anterior sin una nueva estrategia de las finanzas públicas. Quien sostenga que no será necesario subir impuestos, probablemente se equivoca. Proteger la estructura económica desde la acción exigirá elevar la recaudación durante los próximos dos años y, además, un cambio en la estructura del gasto público. La presión del déficit y las exigencias de la protección de los afectados por la parálisis de la economía no pueden afrontarse sin inyección de dinero público. Véase al respecto la estimación de coste del Plan de Choque (35.000 millones). Va siendo hora de que se advierta que ni la tasa Google ni el impuesto sobre las actividades financieras serán suficientes en esta situación. Más compleja todavía será la reordenación del gasto de forma que puedan liberarse cantidades para destinarlas al coste social de la crisis.

En el mismo sentido, no habrá recuperación satisfactoria sin soluciones en Europa. Crisis nuevas requieren soluciones nuevas. De nuevo se hace evidente que una caía generalizada de rentas necesita inversión nueva; no es suficiente con las medidas monetarias, por heterodoxas que sean. Produce asombro observar que ante una situación crítica, desconocida en la economía moderna, se mantengan las reticencias ante fuentes de financiación seguras como los eurobonos.

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