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La justicia europea anula la devolución de 13.000 millones de euros de ayudas fiscales de Irlanda a Apple

El Tribunal General de la Unión Europea ha dado un revés a la Comisión Europea al anular la decisión de Bruselas de obligar al gigante tecnológico Apple a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en ayudas que consideró ilegales. La justicia europea considera que la Comisión Europea fracasó al intentar demostrar que esas ayudas suponían una ventaja incompatible con lo dispuesto en la legislación europea para salvaguardar el mercado interior. El fallo de la justicia europea mete presión a Bruselas para frenar la planificación fiscal agresiva que alientan los sistemas tributarios de algunos socios tras tumbar la mayor devolución de impuestos jamás exigida a Bruselas a una multinacional. La sentencia puede ser recurrida por cualquiera de las partes.

Bruselas obligó a Apple en 2016 a devolver 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda tras una investigación a fondo de tres años que concluyó que la compañía de Cupertino había recibido ayudas de Estado ilegales. La empresa dirigida por Tim Cook había elegido ubicar su principal sede fiscal europea en Irlanda, que cuenta con uno de los impuestos de Sociedades más bajos, de solo el 12,5%. La Comisión Europea constató, sin embargo, que el gigante tecnológico llegó a dos acuerdos con Dublín de 1991 y 2007 para beneficiarse de una cuantiosa rebaja en la factura tributaria. La empresa solo tributó el 1% en 2003, y ese tipo efectivo fue bajando hasta el 0,005% en 2004.

A la vista de que esas prácticas de ingeniería fiscal permitieron a Apple ahorrarse el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa, Oriente Medio, África e India, el departamento dirigido por la danesa Margrethe Vestager decidió imponer entonces la mayor devolución de ayudas de Estado dictada hasta la fecha. La advertencia era clara: Bruselas no será permisiva con la ingeniería fiscal que erosiona las bases fiscales de los países de la UE. Apple tuvo que devolver a Irlanda 13.000 millones de euros –entonces equivalente al 6% irlandés—y 1.200 millones de intereses.

El Tribunal General de la UE, sin embargo, ha decidido anular “la decisión impugnada” por Apple porque la Comisión no logró demostrar que existía una “ventaja a los efectos del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, que fija que las ayudas de Estado son incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia favoreciendo a determinadas empresas. “La Comisión se equivocó al declarar que se había otorgado a ASI y AOE [las dos sociedades que usaba Apple en Irlanda] una ventaja económica selectiva y, por extensión una ayuda estatal”, sostiene el fallo.

La decisión de Bruselas había enfurecido a la empresa, al Gobierno irlandés e incluso a la Casa Blanca. La compañía de Cupertino advirtió de que la decisión tendría consecuencias en el continente. Por su parte, Irlanda negó haber incurrido en ayudas de Estado ilegales. La conclusión de la investigación de Vestager era, de hecho, un mazazo contra un país que había sido señalado por otros socios por su baja fiscalidad. El ministerio de Finanzas irlandés, liderado por el flamante jefe del Eurogrupo Paschal Donohoe, ha celebrado la decisión al considerar que “no se proporcionó un tratamiento especial a las dos compañías de Apple”, sino que se le cobró la “cantidad correcta” de impuestos que fijan las “normas impositivas irlandesas”.

Apple e Irlanda decidieron recurrir la decisión ante el tribunal de Luxemburgo, cuyo fallo podrá ser recurrido por cualquiera de las partes implicadas en un plazo de dos meses y diez días. Bajo el mandato de Vestager, la Comisión Europea tumbó también los acuerdos fiscales de Starbucks en los Países Bajos y de Fiat en Italia. La justicia europea avaló la decisión que obligó a Fiat devolver 30 millones en Luxemburgo, pero rechazó que Starbucks tuviera que reembolsar 20 millones de euros. También anuló otra que afectaba a 39 empresas belgas y que ascendía a 700 millones. El mensaje del tribunal era claro: la Comisión podría deshacer los acuerdos que daban ventajas fiscales selectivas, pero tendría que poder demostrarlos. Algo que, según los jueces de Luxemburgo, por ahora no ha conseguido.

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