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La Guardia Civil alerta de la “alta posibilidad” de disturbios por la crisis económica de la covid-19

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en un control de carretera en Extremadura el pasado martes.Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en un control de carretera en Extremadura el pasado martes. / Europa Press

Un documento confidencial de la Guardia Civil, elaborado para reorganizar el dispositivo de seguridad durante el tiempo que dure la desescalada, alerta de que existe una “alta probabilidad” de que en los próximos meses se incremente la conflictividad social y esta provoque “de manera puntual” protestas, disturbios e, incluso, “actos de sabotaje”. En concreto, la Guardia Civil destaca la posibilidad de que haya “actos de sabotaje contra infraestructuras críticas o edificios vinculados a los partidos políticos”. El informe, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso EL PAÍS, desglosa a lo largo de 22 páginas y bajo el título Orden de Servicio 21/2020 Delta-Papa los diferentes escenarios para los que el instituto armado alerta que se pueden producir. Entre ellos, incluye “protestas o alteraciones de orden público por motivaciones políticas o de corte separatista”.

El informe pone el foco también en posibles incidentes provocados por “afectados por ERTE o despidos” y en la población de “aquellas áreas geográficas que se consideren marginadas por la aplicación asimétrica de las medidas de desconfinamiento”. No obstante, el documento destaca que la población en general ha aceptado “las restricciones impuestas, siendo probable que esta sea la tónica que se siga a lo largo de todo el proceso hacia la nueva normalidad”. No obstante, los autores del mismo insisten en que la desescalada puede alargarse “varios meses”, no descartan una vuelta atrás si hay nuevos contagios e, incluso, que haya “rebrotes de la enfermedad con la llegada del invierno”.

El informe ―fechado en mayo y firmado por el máximo responsable del Mando de Operaciones, el teniente general Fernando Santafé— forma parte de los documentos que las diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado están elaborando a petición del Ministerio del Interior para elaborar un plan conjunto de actuación para los próximos meses, tanto mientras este en vigor el estado de alarma como en los meses posteriores. Los responsables de la Guardia Civil inciden principalmente en los riesgos de seguridad que, en su opinión, podría tener que enfrentarse la sociedad española ante la crisis económica que se inicia y que “repercutirá en los ciudadanos más desfavorecidos que podrían ver desatendidas sus necesidades básicas”.

Así, el documento previene ante un posible incremento de la criminalidad, después de que durante el confinamiento esta descendiera de manera brusca (más de un 73% durante las dos primeras semanas del estado de alarma). “No se puede descartar que se incrementen las cifras de delincuencia tanto habitual como organizada, debido a la necesidad de ingresos de los delincuentes”, señalan los autores, que advierten de que el aumento de la movilidad en las próximas semanas, según avancen las provincias en las distintas fases de la desescalada ayude a “enmascarar los desplazamientos de los delincuentes”. Por ello, augura que podrían aumentar los robos en vivienda, especialmente en segundas residencias, así como “en establecimientos comerciales e instalaciones agrícolas o ganaderas”. También un aumento de los delitos de violencia de género y aquellos que sufren colectivos vulnerables como menores y ancianos. Respecto a la ciberdelincuencia, que se ha mantenido en cifras elevadas durante el confinamiento, apunta que se mantendrá en “unos niveles altos” en estafas.

El informe también presta especial atención al posible surgimiento de “movimientos de conflictividad social”, fruto de la grave crisis económica provocada por la pandemia. Para ello, plantea mantener “la observación de la actividad en redes sociales, foros etc”. También previene sobre el empleo de internet “para la generación de episodios de desinformación (bulos), así como la apología del quebramiento de las normas”. Esta actividad provocó una tormenta política el pasado abril después de que el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago afirmó durante una rueda de prensa que el instituto armado rastreaba la red para “evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Entre los posibles focos de esta conflictividad social, la Guardia Civil enumera hasta nueve. Así, apunta los que se puedan producir “en aquellas zonas más deprimidas económicamente”, así como en “sectores de producción o servicios que se puedan considerar perjudicados por el mantenimiento de las restricciones y limitaciones”. También los provocados por afectados por ERTE o despidos, o en aquellas zonas geográficas en los que la desescalada vaya más lenta y puedan considerarse “marginadas” respecto a otras. Avisa de que las “protestas y alteraciones del orden público” pueden generase también por “el incumplimiento de normas de conducta” y “las medidas de autoprotección”, así como por la prohibición de celebrar las fiestas patronales de las localidades. Tampoco descarta un aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas. También pone el acento en las alteraciones “por motivaciones políticas o de corte separatista” y la realización de “actos de sabotaje contra infraestructuras críticas o edificios vinculados con los diferentes partidos políticos”.

En el ámbito del terrorismo, apunta que “hasta el momento no se conoce ninguna amenaza concreta”, pero insiste en que no hay que desdeñar “que la intención y capacidad del terrorismo yihadista en Europa se mantiene elevada y que cualquier acción que pudieran cometer en las circunstancias actuales podría causar una importante alarma social”. En las últimas semanas, las Fuerzas de Seguridad han detenido a varios presuntos yihadistas, uno de ellos que supuestamente había buscado durante el confinamiento posibles objetivos para perpetrar un atentado.

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