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La Fiscalía catalana investiga la muerte de ancianos en las residencias de dos municipios de Barcelona

Personal sanitario, en Igualada el pasado día 18.Personal sanitario, en Igualada el pasado día 18.RUBEN LUCIA

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de las muertes de ancianos en las residencias de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona). El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado la apertura de diligencias en esos dos focos de contagio de coronavirus tras constatar el alarmante número de afectados y fallecidos, según han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales. Al menos 12 personas han muerto como consecuencia del virus en la residencia de Capellades y otras nueve en la de Olesa. Ambos centros están cercanos al brote de Igualada, que causó al menos 24 víctimas en la zona.

Los fiscales de Manresa y Martorell (el partido judicial al que pertenecen los dos centros) han recibido este martes por la mañana la orden de abrir una investigación para aclarar tanto la gestión de los dos centros como las circunstancias en las que han fallecido los ancianos. Esas diligencias específicas se suman a un control más general que lleva a cabo la Fiscalía Superior de Cataluña sobre la actividad de las residencias. El ministerio público ha solicitado información al respecto a los departamentos de Salud y de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Fiscalía catalana sigue así la senda de la orden de la Fiscalía General del Estado de investigar la presencia de “personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos” en centros de la tercera edad.

La situación las dos residencias catalanas, de titularidad privada, es desesperada. “Te paso el teléfono de prensa”, responde con celeridad una persona que atiende al teléfono desde la residencia Consorts Guasch de Capellades. El número en cuestión es el del alcalde de la localidad, que también es presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro, con capacidad para 83 personas. El primer edil, Salvador Vives, señala que la situación es “complicada” por la situación de vulnerabilidad de los mayores.

Los ancianos afectados por coronavirus en Capellades están siendo atendidos en la primera planta de la residencia. El centro está vedado para los familiares y también para las personas que acudían regularmente a tratar con los internos. Como el párroco Adolf Pujol. “Hace dos semanas que no puedo acercarme allí, está totalmente prohibido”, dice Pujol, que a sus 76 años lamenta que ni siquiera puedan celebrar ceremonias de despedida para los muertos. “Nos hemos ofrecido para lo que sea, pero por ahora lo único que podemos hacer es rezar”, añade Pujol, que está en contacto telefónico con algunas de las familias.

En Olesa, la residencia Santa Oliva —que cuenta con 106 plazas— ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército. El Ayuntamiento hizo el lunes un llamamiento al Gobierno catalán para que “tomase el control” de la residencia, al límite también por el brote de coronavirus. El centro de mayores hizo extensiva su petición de ayuda a la Delegación del Gobierno y a las unidades militares. El Ayuntamiento ha puntualizado que no fue desde la Administración local que se hizo este llamamiento, aunque “no reniega de que se haya de pedir ayuda al Ejército o a quien haga falta si es necesario con el tiempo”. Pero destaca que las labores de desinfección de las calles y de refuerzo a los servicios sociales municipales están garantizados hasta el momento y se han reforzado sin necesidad de ayuda externa.

Falta de personal

El alcalde de la localidad, Miquel Riera, insiste en conversación con EL PAÍS en pedir auxilio: “La Generalitat tiene que o ayudar o intervenir directamente, no puede quedarse mirando desde fuera”, destaca Riera. El principal problema en esta residencia, dice, ha sido la falta de personal y no tanto la carencia de equipos de protección y otros materiales, que se solventó de forma más o menos rápida. “Es muy difícil encontrar personal cualificado. Hasta el domingo, 24 personas se cogieron la baja y fue entonces cuando decidimos pedir ayuda. El departamento de Asuntos Sociales nos envió una lista de 18 posibles candidatos, y solo uno quiso venir a trabajar”, lamenta el alcalde.

Riera cree que con el decreto aprobado el lunes que permite que las residencias contraten también a personal no homologado se avanzará hacia una solución. “Solo con incorporar seis o siete personas la residencia ya no estaría bajo mínimos. Y los que están de baja quizá lo ven de otra manera”, explica Riera, que reconoce que entre los trabajadores del sector, “con sueldos malos y muchos no vocacionales”, la situación crítica ha asustado a muchos. La situación también es crítica para las familias. “Lo están viviendo muy mal, quieren ver a sus familiares y no pueden. No pueden acompañarles en la enfermedad ni hacer un funeral normal”.

María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1 —representantes de los familiares de residencias de ancianos— destaca que los casos de Olesa y Capellades no son únicos. “Serán muchas otras residencias si no se facilitan equipos de protección a los trabajadores, se hacen los test necesarios y se atiende fuera los centros a los que den positivo”, asegura. Sindicatos y asociaciones han denunciado en las últimas semanas la falta de material, las carencias de personal y el “abandono” de las residencias de ancianos. “No nos temblará el pulso para acudir a la Fiscalía cuando esto acabe, los están dejando morir porque no se adoptan las medidas imprescindibles para protegerlos”, añade.

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