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La exconsejera Serret acude al Supremo para declarar por el ‘procés’ tras su regreso de Bélgica

La exconsejera catalana Meritxell Serret y actual diputada del Parlament por ERC ha acudido este viernes al Tribunal Supremo para declarar por el desafío independentista del otoño de 2017. Serret se entregó en el alto tribunal el pasado 11 de marzo tras permanecer desde noviembre de 2017 huida en Bélgica, a donde viajó junto a Carles Puigddemont y otros miembros de su Govern tras la declaración unilateral de independencia. El instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, ha convocado a Serret para tomarle declaración junto a la Fiscalía y el resto de acusaciones y defensas.

La diputada ha llegado al Supremo acompañada por una delegación de ERC encabezada por el coordinador nacional del partido y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha vuelto a reclamar una ley de amnistía como “solución democrática” al “conflicto político” con Cataluña. También le acompañaba la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta. La que fuera consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación estaba procesada en rebeldía en la causa del procés por malversación y desobediencia, pero a lo largo del juicio que se celebró en el Supremo contra los líderes independentistas que se quedaron en España no se constató que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O, por lo que Serret, en principio, ha quedado eximida del delito de malversación.

Sin ese cargo, contra la diputada de ERC solo pesaría ya una acusación de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel, por lo que la Fiscalía optó por no reactivar contra ella la euroorden de detención tras la sentencia del procés, como sí hizo contra Puigdemont y los exconsejeros a los que se podían atribuir delitos de sedición o malversación. Llarena sí mantenía la orden de detención nacional contra Serret que implicaba el arresto de la exconsejera si entraba en España sin comparecer ante la justicia. De ahí que en marzo pasado, cuando decidió volver a España, se entregara directamente en el Supremo para regularizar su situación.

La causa sigue de momento en el alto tribunal, aunque las fuentes consultadas señalan que, si finalmente solo se le imputa el delito de desobediencia, es previsible que su causa pase al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament a los que solo se procesó por ese delito. Todos fueron juzgados y condenados por el TSJC, menos el diputado de ERC Joan Josep Nuet, que fue juzgado y condenad por el Tribunal Supremo a ocho meses de inhabilitación.

Tras la vuelta de Serret, quedan seis líderes independentistas huidos de la justicia española. Llarena ha dictado euroórdenes contra cuatro de ellos: Puigdemont y Toni Comín (sedición y malversación), Clara Ponsatí (sedición) y Lluís Puig (malversación). La de Puig ha sido rechazada por Bélgica y las otras tres previsiblemente se reactivarán después de que el Europarlamento les levantara la inmunidad en marzo pasado. La situación es muy distinta a las de la exconsejera Serret. En el caso de que decidiesen regresar a España, es probable que Puigdemont, Comín y Ponsatí ingresasen en prisión provisional y afrontasen un juicio con penas de cárcel como los que afrontan los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. Puig, acusado solo por el uso de dinero público durante el 1-O, se enfrentaría igualmente al riesgo de una condena a pena de cárcel porque sí constan gastos de su departamento (Cultura) para el referéndum. Sin orden de detención activa están en estos momentos Marta Rovira y Anna Gabriel, las dos políticas que buscaron refugio en Suiza, donde no rige la euroorden, sino que habría que activar el proceso de extradición, algo que, por ahora, ha descartado Llarena.

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