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La decena de medidas de Ribera para reformar el sistema eléctrico que Unidas Podemos ve insuficiente

La pandemia sanitaria, que prácticamente ha cubierto lo que va de legislatura, ha sido determinante en la actuación del Gobierno para bien y para mal en el primer año de legislatura. Además del coronavirus, la ola de frío de principios de 2021 ha desatado una escalada de los precios de la electricidad que ha acentuado las diferencias entre los dos socios de Gobierno.

En el acuerdo de investidura entre las dos fuerzas del Ejecutivo se detallan varias medidas para reformar el sistema eléctrico, que incluye: “Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura, como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030, haciendo el sistema más justo socialmente y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros”. Además, se comprometieron elaborar “un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas; e impulsar la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas”.

Los socios de Gobierno también acordaron “modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas”. Y “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.

Unidas Podemos ha llegado a reclamar al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que intervenga en el mercado para nacionalizar o crear una compañía eléctrica para garantizar un suministro más barato. Algo que ha sido rechazado de pleno por el alma socialista del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, reclama con dureza al Gobierno que aborde la reforma eléctrica que comprometieron en el pacto de investidura y ve insuficientes los pasos que ha dado hasta la fecha su compañera de Gabinete, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera.

Ribera subrayó durante su intervención del Spain Investors Day, el foro para atraer inversores extranjeros a España, que el Gobierno debe orientarse a atajar la crisis ambiental y abordar una transformación en profundidad bajo el paradigma de sostenibilidad y la descarbonización como fuente de innovación, crecimiento y desarrollo económico bajo la premisa de acelerar la transición ecológica hacia un modelo 100% renovable.

El Gobierno, además de esos objetivos de transición energética, se propuso reducir la factura energética de los consumidores domésticos, sobre todo los más vulnerables, y las pymes y facilitar soluciones a los territorios afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón que no estarán en el modelo energético. A ello responden los Fondos Europeos destinados a la recuperación y el aumento en un 132% de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinadas a la transición ecológica, así como los diferentes proyectos aprobados hasta la fecha: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC); el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), encaminados a la reducción de emisiones y la mejora de la capacidad de adaptación para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo, el departamento aprobó en junio pasado un decreto-ley que elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética. En cumplimiento de ese decreto, se aprobó un nuevo marco de subastas de renovables, cuya primera convocatoria es el próximo 26 de enero, y un decreto que regulará los nuevos permisos de acceso y conexión para plantas renovables.

También aprobó el anteproyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que permitirá desligar del recibo de la luz las cargas que se hacen sobre las renovables y que, según las previsiones, rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13%. Este fondo, que será financiado por las compañías comercializadoras y se eleva a 7.000 millones, evitará que se encarezca el recibo y aportará certidumbre a los inversores.

Otra de las últimas actuaciones ha sido la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable, que va a incentivar la creación de cadenas de valor industrial innovadoras, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible. En materia de eficiencia, se ha aprobado el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, dotado con 300 millones y extensible a zonas rurales e intermedias, y se han llevado a cabo las consultas públicas previas para la actualización de la certificación energética de edificios y para el desarrollo de comunidades energéticas locales. En los próximos meses se aprobarán la Estrategia Nacional de Autoconsumo y la Estrategia de Almacenamiento, y se pondrán en marcha las Hojas de Ruta de Biogás y para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España.

Pobreza energética

En la lucha contra la pobreza energética, durante la pandemia el Gobierno amplió la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables, que se categorizaron entre vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. También será de aplicación a los consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro ni, por tanto, acceder a la condición de consumidor vulnerable, cumplan con el resto de requisitos mediante acreditación por los servicios sociales o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.

Desde el pasado 1 de octubre, además, está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis. Además, el ministerio desarrolla medidas para dar una respuesta integral que identifique y responda a las causas estructurales que originan la pobreza energética con el Plan Operativo que contempla la creación de un Suministro Mínimo Vital; la puesta en marcha de un bono social energético, universal y automático que facilite la coordinación entre los distintos niveles de la Administración; y la activación de la figura del mediador social para mejorar la detección de situaciones de pobreza energética y facilitar el acceso a la información a los consumidores vulnerables, entre otras medidas.

Para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación, ha aprobado la Estrategia de Economía Circular, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo asociado a creación de empleo; tramita el anteproyecto de Ley Residuos y Suelos Contaminados, que limitará el uso de plásticos de un solo uso; y ha aprobado tres reales decretos, el de traslado de residuos, el de neumáticos fuera de uso y el que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

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