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La costa catalana se blinda ante los vecinos de segundas residencias

Los municipios más turísticos del litoral catalán se han blindado esta Semana Santa por tierra y aire ante la previsible visita de vecinos de segundas residencias que rompan el confinamiento impuesto por el Estado de alarma. La inmensa mayoría de localidades han establecido controles policiales en todos los accesos: han colocado bloques de hormigón para cerrar el paso a los vehículos y dejar solo una entrada al pueblo o han habilitado drones para perseguir a los que han salido estos días y sancionarlos. Algunos alcaldes han reclamado expresamente a los ciudadanos empadronados que denuncien ante la policía local la presencia de los vecinos de segunda residencia.

En el dispositivo de la llamada “operación no salida”, en palabras del consejero de Interior, Miquel Buch, participan desde este jueves 500 agentes de los Mossos d’Esquadra en colaboración con las policías locales. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los alcaldes que “blinden sus municipios” y les ha sugerido que, si no tienen suficientes efectivos de la policía municipal, envíen a empleados de mantenimiento. “No podemos poner un mosso detrás de cada persona”, ha dicho el president en una entrevista en RAC1.

Cambrils, Calafell o L’Hospitalet de l’Infant, en la Costa Dorada de Tarragona, han cortado carreteras y accesos a las poblaciones para intentar frenar la presencia en las segundas residencias. Otros, como Mont-roig del Camp, Palafrugell o L’Ametlla de Mar incluso se ayudan de drones para hacer vigilancias aéreas. Lo mismo ocurre en Badalona, con cuatro kilómetros y medio de costa. En Sitges, otra localidad turística de referencia en la Costa del Garraf, han aumentado los controles de la policía local y desde el inicio del confinamiento se han impuesto 321 denuncias en 25 días, informa Ivanna Vallespín.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha hecho un llamamiento ciudadano para que los vecinos delaten a aquellos que logren saltarse los filtros policiales y traten de acomodarse en apartamentos y casas de veraneo. El primer edil del municipio alega que la vigilancia vecinal facilita la sanción de quienes se saltan el confinamiento y posibilita que los agentes “los devuelvan a su casa”. Un alcalde de Girona asegura que “los buenos vecinos son ahora los vecinos chivatos”, en alusión a las personas que denuncian a los visitantes. El Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragonès) colocó hace días barreras de hormigón en varios de los accesos a La Pineda, en ambos sentidos, con el fin de obligar a todos los turismos a pasar obligatoriamente por una sola avenida y facilitar el control de los agentes municipales, informa Àngels Piñol.

En Torredembarra sí se ha detectado un aumento de movilidad foránea. Un dispositivo de control de la policía local con agentes de paisano en tiendas y supermercados permitió, este jueves, denunciar a 34 personas que no pudieron acreditar su residencia en el municipio. El posible desembarco afecta también a las zonas del interior. Lídia Bargas, la alcaldesa de Prades, un pueblo montañoso de apenas 500 habitantes y que tiene un potente gancho turístico, ha hecho un llamamiento explícito: “Por favor, no subáis”. En Prades los vecinos dicen haber notado la llegada de no residentes pese a las restricciones que impone el confinamiento. Una denuncia parecida se hace desde el Priorat. En el Solsonès, el Ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys ha decidido ir casa por casa en las segundas residencias para comprobar si están habitadas y, en caso afirmativo, sancionar a sus habitantes.

El endureciendo de los controles también se ha hecho realidad y con el mismo fin en la Costa Brava. En algunos de ellos, como Torroella de Montgrí-l’Estartit o Begur, la policía municipal ha establecido controles en las dos vías de acceso, además de cámaras. En otras localidades como Colera ya cerraron con vallas y precintos policiales todos los accesos y el alcalde alertó en redes sociales a sus vecinos que si tenían alguna urgencia supieran que “todos los accesos al pueblo están cerrados excepto la entrada principal”.

En El Port de la Selva, con poco más de un millar de habitantes en el parque natural del Cap de Creus (Alt Empordà), el Ayuntamiento blindó el pueblo el 3 de abril. Desde entonces han llegado unas 300 personas al municipio y han hecho dar media vuelta una veintena de familias. Los controles duran las 24 horas. Esta medida se adoptó tras comprobar que varios turistas habían llegado de noche. Decenas de familias francesas han conseguido llegar a sus segundas residencias en la Costa Brava norte a pesar de que desde el 17 de marzo se suprimió el acuerdo Schengen de libre circulación y fueron reinstaurados los controles fronterizos.

El grueso de los vecinos de las segundas residencias llegó el primer fin de semana de mes y luego han ido entrado paulatinamente de todas las maneras imaginables: escondidos en el maletero de vehículos de personas que salían a diario a trabajar e incluso andando por el camino de ronda. En Palamós también han aumentado los controles en las principales vías de acceso a la Fosca, la mayor zona residencial del municipio, para canalizar toda la entrada de vehículos por una sola carretera.

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