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La cogobernanza en la desescalada diluye la tensión con los nacionalistas

La cogobernanza con los territorios en la desescalada por el coronavirus ha diluido las críticas de los presidentes autonómicos al Gobierno. Los reproches de las últimas semanas en la conferencia de líderes territoriales por la unilateralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones se han reducido de forma notoria en la novena cita desde la entrada en vigor del estado de alarma. El malestar de Iñigo Urkullu y Quim Torra en anteriores reuniones no se ha producido en esta ocasión. Las autonomías que han salido peor paradas en el avance hacia la nueva normalidad, como Madrid y Andalucía (PP) y la Comunidad Valenciana (PSOE), han cuestionado los motivos de su retardo.

El lehendakari ha valorado el acuerdo en el Congreso “que canaliza la cogobernanza”. El Gobierno se aseguró el respaldo del PNV en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma tras admitir una enmienda de los nacionalistas vascos para “ir de la mano” en “cogobernanza y codecisión”. “Podemos ampliar ya la mirada”, ha destacado Urkullu según fuentes presentes, que ha señalado que la planificación y la inversión pública “serán fundamentales” para responder a la crisis socioeconómica. El presidente de Euskadi ha animado a lograr un “consenso estatal” en el desconfinamiento y cree necesario clarificar los límites del déficit.

Torra, que a diferencia de Madrid no pidió el avance a la fase uno de toda Cataluña, ha mostrado su preocupación por la “sensación de relajamiento general”. El presidente de la Generalitat ha propuesto el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio público. En línea con la Cámaras de Comercio catalana, el dirigente de Junts per Catalunya estima que se deberían gastar 12.000 millones parea apuntalar su economía. “Tenemos tres meses para salvar la economía y el empleo, mantener un puesto de trabajo es más barato que perderlo”. También ha incidido en que se debe cubrir a las familias más vulnerables con subsidios como algunos que ya existen en Canadá o Noruega.

Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que planteará un nuevo acuerdo de gobernanza para utilizar otro instrumento que no sea el estado de alarma. El presidente de Galicia defiende un sistema de emergencia sanitaria en lugar de un estado de alarma que permita regular cuestiones sanitarias. “No lo que está ocurriendo con esta excepcionalidad constitucional”, ha manifestado. El barón del PP, cuya comunidad pasó el viernes a la siguiente fase, ha solicitado conocer con anticipación los criterios para pasar a la fase dos. No ha sido su única petición en una cumbre de marcado contenido técnico: Feijóo quiere que se abran las grandes superficies comerciales “siguiendo el modelo alemán” así como la reapertura de los centros de día para personas mayores. Además, ha solicitado que se permita la pesca en los ríos gallegos y la caza de jabalíes para evitar su plaga. También ha reclamado un acuerdo con Portugal que favorezca la movilidad de 70.000 trabajadores transfronterizos.

Isabel Díaz Ayuso ha defendido su gestión y la necesidad de pasar a la fase uno pese al informe en contra de Yolanda Fuentes, que dimitió el jueves como directora general de Salud Pública. “No es recomendable cambiar de fase”, concluía en un informe que la presidenta de Madrid decidió ignorar. El consejero de Sanidad, Enriquie Ruiz, pidió esperar una semana. Debido a las diferencias en el Gobierno de coalición con Ciudadanos, Madrid presentó con un día de retraso su solicitud. “He recibido ataques desmesurados e injustos. No comparto la campaña q me han dirigido, ayuda poco”, según fuentes presentes. “Madrid necesita dar un paso adelante”, ha continuado la responsable del PP, que entiende que se puede “conjugar la delgada línea defendiendo a los más vulnerables con la salida económica”. “Hay que convivir con la covid-19 largo tiempo y eso pasa por la autoprotección y convivir con normas de distanciamiento”, ha añadido.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también ha lamentado la exclusión de Málaga y Granada de la fase uno. La Junta pedía que se aplicase por áreas de salud en ambas provincias. “Son decisiones complejas, pero es difícil de entender que en otras comunidades se haya seguido el criterio de las zonas sanitarias y aquí no haya sido posible”, ha observado. Este ha sido el avance en Castilla y León, gobernada por el PP. También en la Comunidad Valencia, del PSOE, molesta por no haber superado la fase cero en su totalidad. “Pido que se revise esa decisión y aplique el mismo criterio de los demás. Hay un daño de reputación a esas dos zonas”, ha expresado Moreno.

Ximo Puig también se ha pronunciado en la misma línea: “He defendido siempre la corresponsabilidad, pero la cogobernanza no ha funcionado tan bien aquí”. El presidente valenciano ha incidido en que el “único método de la cogobernanza es seguir criterios comunes”. El barón del PSOE ha subrayado que tiene que haber “rigor” en la toma de decisiones. Según asistentes a la reunión, Puig ha manifestado que “confía plenamente en la honestidad de los técnicos y por supuesto en los responsables políticos, pero que frente al informe de 232 páginas presentado el miércoles por la Generalitat al Ministerio de Sanidad para la desescalada, acreditando el cumplimiento de las condiciones para pasar a la Fase 1, la Comunidad Valenciana no ha recibido un papel “. “Las decisiones se toman desde la cultura escrita”, ha sentenciado.

Emiliano García-Page no ha sido crítico pese a que Guadalajara y Cuenca, donde no hubo ningún fallecido en las últimas 24 horas, son las únicas provincias de Castilla-La Mancha que han pasado a la fase uno. “La posición más conservadora del Ministerio de Sanidad debe ser mayor que la suma de 17 posiciones”, ha afirmado. Eso si, García-Page ha constatado la evolución favorable de los indicadores sanitarios y ha insistido en que hay provincias que pueden pasar a la siguiente fase en un periodo muy breve de tiempo. El dirigente socialista ha hecho hincapié en el reparto del fondo no reembolsable. Entiende que se debe repartir por la incidencia real de la covid-19 y no por la potencial. Es decir, por la población. Además, ha insistido en que se debería aprovechar la ocasión de tomar una “decisión histórica”: que la renta básica “sirva para igualar en toda España”.

El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha criticado la falta de información. “Esto es como Eurovisión, no se nos comunico si íbamos a pasar o no. Al menos que haya una mínima deferencia. A eso se le llama detalles, delicadeza”, ha dicho muy molesto. Otras comunidades consultadas afirman que se les notificó la situación de sus respectivos territorios antes de que la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado viernes. Como Feijóo, Revilla ha pedido que se pueda pescar: “Esto no es Madrid”. Al igual que Torra, ha planteado que los ayuntamientos puedan disponer de sus ahorros para invertirlos en obras y contratación.

Prolongación de los Erte

El presidente del Gobierno ha explicado que el fondo de 16.000 millones no reembolsables se distribuirá en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones, se pagará en julio en base al gasto sanitario. El siguiente, de 4.000, se repartirá en base a los criterios de gasto sanitario de octubre y se abonará en noviembre. El tercero, mil millones a desembolsar en noviembre, se repartirá en base a criterios de gasto social. Los 5.000 millones del último tramo se destinarán a la disminución de la actividad económica. La parte ligada al gasto sanitario, la más relevante, se distribuirá en función a indicadores. La fase social dependerá de criterios poblacionales. Y el resto por la caída de recaudación.

La prolongación de los Erte hasta el 30 de junio ha sido celebrada con unanimidad. Se trata de una demanda que venían haciendo presidentes de distinto signo, aunque hay quienes piden que se extienda hasta después del verano. “Nos estamos gastando en estos Erte mas de 4.500 millones de euros al mes”, ha destacado Sánchez. El presidente ha señalado que habrá dos tipos de Erte, unos totales y otros parciales en función del reinicio de la actividad diferente. En cualquiera de las dos situaciones se exonera el pago de cotizaciones empresariales. En los Erte totales se extienden a las cuotas de mayo y junio, el 100% para empresas de menos 50 trabajadores y el 75% para las de más de 50. En los Erte parciales, Sánchez ha anunciado la exención de los trabajadores que por primera vez se incorporen al trabajo. Será de un 85% en mayo y un 70% en junio.

Otros ajustes son la extensión de la protección de fijos y discontinuos y fijos periódicos hasta el 31 de diciembre en el caso de no ser llamados o si su trabajo no se hubiera interrumpido por la crisis sanitaria, y la garantía de no despido en los seis meses posteriores al fin del Erte por fuerza mayor.

Las empresas que hagan Erte por fuerza mayor no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal salvo que devuelvan la parte correspondiente a la exoneración aplicada. “Es un mensaje muy relevante que las empresas asumen de cara a la opinión pública en este momento tan crítico”, ha afirmado el presidente según las fuentes consultadas. Las empresas o sociedades que tengan su domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a los Erte.

El Gobierno firmará este lunes el acuerdo sobre los Erte alcanzado con los agentes sociales. Al acto asistirá Sánchez junto al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño; y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En representación de los agentes sociales lo harán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario general de CC OO, Unai Sordo; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

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