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La Audiencia Nacional procesa por primera vez a Villarejo

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha respaldado este jueves la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la conocida como pieza Iron, una de las primeras líneas de investigación abiertas en la Operación Tándem, la macrotrama de corrupción que salpica a policías, empresarios y políticos. Es la primera vez que toma una decisión de este tipo. Según el auto dictado este mismo 7 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado da el paso tras recibir el martes la petición del Ministerio Público en una causa donde se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Ahora, el instructor da un plazo de 10 días para que se presenten los escritos de acusación y se solicite la apertura de juicio oral.

Esta decisión supone un paso importante para Anticorrupción, que pidió al magistrado que tomara también la misma medida en la pieza Land. Estas son las dos primeras líneas de investigación que se han dado por concluidas en “esta causa de extraordinaria complejidad”, como subrayó la Fiscalía. Y ahora, con la iniciativa de este jueves del magistrado, el principal sospechoso de la trama se encuentra más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Iron y Land son dos tramas secundarias del enorme sumario del caso Villarejo. En la primera, según el juez, el comisario jubilado y su socio (Rafael Redondo) ofertaron sus servicios a los responsables del despacho de abogados Herreros & Asociados para solventar una “situación de crisis” con un adversario del sector. Tras contratarlos, los sospechosos obtuvieron ilegalmente “informaciones y datos de carácter reservado —tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria…—” de uno de sus competidores, el bufete Balder IP.

“Muestra del carácter opaco de los servicios es la forma en que se instrumentalizaron los pagos. En el curso del registro de las oficinas de Herrero, no se encontraron en los archivadores correspondientes a 2013 y 2014 ninguna de las facturas emitidas”, apuntó García-Castellón en un auto, donde añadió que “se disfrazó la realidad”. La Fiscalía tiene la intención de acusar en Iron, que ha salpicado a los miembros del bufete, a 14 personas físicas y una jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

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