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Kichi reclama el IBI a la Iglesia para medir su compromiso con la crisis sanitaria

José María González, Kichi, alcalde Cádiz, pasea por la ciudad en una imagen de archivo.José María González, Kichi, alcalde Cádiz, pasea por la ciudad en una imagen de archivo.Juan Carlos Toro

El alcalde Jose María González Kichi quiere que la Iglesia de Cádiz “arrime el hombro” en el descalabro económico provocado por crisis sanitaria del coronavirus. O, al menos, pretende sondear su grado de implicación y el coste en términos de imagen que la institución religiosa está dispuesta a asumir si se niega. El termómetro para lograrlo va a ser una vieja aspiración de su Ayuntamiento, rescatada en tiempos de pandemia: exigir el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de todas aquellas propiedades que no tengan uso cultual o educativo.

El Consistorio –gobernado por Adelante Cádiz, facción local de Podemos– va a enviar por primera vez al Obispado de Cádiz y Ceuta las facturas para el cobro de este impuesto sobre posesiones que, al no tener fin de culto o social, suelen estar vinculadas a rendimientos lucrativos. Serán “inmuebles, locales y garajes”, según ha desgranado la institución municipal en un comunicado emitido durante la segunda semana de cuarentena y adelantado por un anuncio del propio González en sus redes sociales. “Debemos implicar al conjunto de la sociedad, entre los que se encuentra la Iglesia, en el esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad gaditana”, aseguró el regidor.

Hasta que no elabore las facturas, el Ayuntamiento no sabrá cuánto podría recaudar con la medida, pero espera que sirva para paliar el golpe que el coronavirus está asestando a las arcas municipales, menguadas por medidas de ayuda que van desde moratorias de alquileres municipales o la congelación de tasas. La única estimación existente sobre las propiedades de la Iglesia de Cádiz es un estudio que, en 2012, calculó que poseía inmuebles por valor catastral de unos 17,5 millones de euros, lo que elevaría su IBI anual total a pagar a los 200.000 euros. Sin embargo, el importe sería mucho menor, dado que el Consistorio solo está dispuesto a requerir el pago de inmuebles que no tengan fines religiosos o educativos.

Pero entre la realidad y el deseo hay un margen que puede llegar a ser insondable. Aunque el Consistorio emita las referidas facturas, desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que el acuerdo entre España y la Santa Sede firmado en 1979 podría dificultar la intención de José María González. “Es complicado”, explican fuentes cercanas a esta institución que, sin entrar a valorar la medida, recuerdan que la vicepresidenta Carmen Calvo ya mantuvo negociaciones con la Iglesia para intentar revisar el régimen fiscal. Tampoco ayuda la Ley 49/2002 de mecenazgo que blinda un régimen fiscal reducido para entidades sin ánimo de lucro a la que también puede acogerse la Iglesia o sus fundaciones.

En el Ayuntamiento son conscientes de todas las trabas legales que, de entrada, eximen al Obispado de pagar el IBI. De hecho, la institución religiosa ha emitido un escueto comunicado de respuesta a la idea de Kichi en el que se limita a señalar que cumple “escrupulosamente” con el marco legal y le recuerda al Consistorio que él también está obligado “a cumplir el ordenamiento jurídico”. Pero fuentes cercanas a la institución municipal se muestran dispuestas a seguir adelante para forzar una respuesta oficial de la Iglesia gaditana.

La intención es girarles los recibos y esperar al paso del obispo, el conservador Rafael Zoronoza. Si se niega a pagar tendrá que ir al [Juzgado] de lo Contencioso Administrativo por que si no acumulará recargos en las facturas, según estiman fuentes cercanas al Consistorio. Y, en ese escenario, saldrá a la luz que el Obispado ha abierto una batalla judicial, antes que optar a colaborar con el municipio. El coste de imagen es alto para una diócesis ya señalada por ser de las que más ingresa por patrimonio en España (5.118.166,65 euros, procedentes de inversiones financieras y el alquiler de inmuebles) y por diversos escándalos de despidos o desahucios.

Llegar a los juzgados también tendría un recorrido incierto. Cádiz no es la primera localidad que intenta cobrar el IBI, ya lo han planteado otras entidades locales como Valencia y la capital gaditana ya se ha puesto en contacto con otros consistorios para sondear posibles cauces administrativos y hacer frente común. Por ahora, solo el Ayuntamiento de Getafe consiguió que la Justicia le diese la razón en el cobro de un impuesto por actividades no religiosas de su obispado, pero por el cobro del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid se basó en un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017 que estableció que las exenciones fiscales son “ayudas de Estado prohibidas”. Pese a todo, en Cádiz no pierden la esperanza de evitar el extremo judicial y que Zornoza recoja el guante. “Por encima de la ley, puede haber acuerdos entre dos partes, como un inquilino que acuerda con el propietario de su piso pagar el IBI aunque no esté obligado a ello”, zanja una fuente local conocedora del caso.

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