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Justicia, las Comunidades y el Consejo acuerdan iniciar el martes la desescalada en los tribunales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, firmó este viernes la orden por la que se aprueba el plan de desescalada en los tribunales acordado entre el Gobierno, las Comunidades con las competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado y la Abogacía. El documento, al que han llamado Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, prevé la reincorporación escalonada de funcionarios judiciales a partir del próximo martes. El plan contempla cuatro fases, que se adaptarán en función de la evolución de la pandemia y las recomendaciones de Sanidad.

La primera fase empieza el próximo martes y durará, al menos, una semana, según la información facilitada este viernes por el departamento que dirige Juan Carlos Campo. Implica la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales y fiscalías, como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. A partir del día 19 se iniciará la segunda fase, a la que el documento describe como “preparación para la reactivación de los plazos procesales”. Supondrá la reincorporación de entre el 60 y el 70% de la plantilla y durará, al menos dos semanas.

Si se cumplen las previsiones, la vuelta a la actividad ordinaria de los tribunales y la reactivación de los plazos procesales (suspendidos por el decreto de estado de alarma), llegará la primera semana de junio. Esa será la fase tres, que contempla la vuelta al trabajo del 100% de la plantilla. Para la cuarta fase, descrita como “actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, no hay fecha prevista. El plan de Justicia la sitúa “en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano”.

La orden firmada por Campo establece los criterios para la cobertura de los turnos de tarde habilitados mediante un real decreto-ley para asegurar la distancia de seguridad entre las plantillas y evitar contagios. La participación en estos turnos será, con carácter general, voluntaria, según Justicia. El turno de mañana será de seis horas, entre las 7.30 y las 14.00 y a él asistirá entre el 70 y el 80% de la plantilla. Al de tarde, de cuatro horas y media entre las 15.00 y las 20.00, asistirá entre el 20 y el 30% del personal que deba acudir según cada fase de la desescalada. Entre ambos se establece el período de una hora para limpiar y desinfectar los puestos de trabajo y los espacios comunes. Durante la tarde no se prestará servicio de atención al público o a profesionales.

La disposición recoge también las medidas de seguridad que deben desplegarse durante todo el proceso, entre ellas, barreras físicas como mamparas o paneles cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros entre los trabajadores. La atención al público se realizará generalmente por vía telefónica o correo electrónico. Pero si es necesario un trámite presencial, se será con cita previa. En cuanto al uso de Equipos de Protección Individual, la orden los prevé para trabajadores con atención directa al público como una medida de seguridad complementaria cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por otros medios de protección.

El plan consensuado entre el ministerio, las Comunidades, el Consejo, la Fiscalía y la Abogacía no tiene, sin embargo, el apoyo de los sindicatos. Tanto el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) como Comisiones Obreras (CCOO) anunciaron este viernes que no firmarán el acuerdo, al entender que ofrece un cronograma “absurdo” y trata al personal como ciudadanos de segunda, “que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto”. Según un comunicado difundido este viernes por STAJ, Justicia “se ha limitado a exigir”, como única alternativa para la continuación de la actividad, la presencia de los funcionarios en las sedes judiciales, “con un absoluto desprecio hacia las personas que prestan servicio en la Administración de Justicia, sabedores de que no contaban con las medidas de seguridad que garantizase y preservase la salud de los trabajadores”. CCOO por su parte, acusa al ministerio de no querer cumplir lo que establece Sanidad en cada Comunidad. Según este sindicato, “no es aceptable” que algunos territorios vayan a seguir en la fase 0 de la desescalada mientras sus servicios de Justicia pasan a la fase 1. “Como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto”.

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