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Justicia en tiempos de coronavirus

En estas difíciles semanas de confinamiento, sanitarios, policías, militares, transportistas, empleados de supermercados, entre otros, están dando lo mejor de sí mismos para protegernos contra este maldito virus. Son el orgullo de nuestra sociedad y todo un ejemplo a seguir cuando cese la crisis sanitaria y se produzca la tan deseada vuelta a la normalidad.

Al igual que ellos, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales junto con los representantes políticos, tendremos que arrimar el hombro para hacer frente a la situación de colapso en que se encontrará nuestra ya sobrecargada Administración de Justicia. Sacrificio, esfuerzo, colaboración y consenso deben ser algo más que meras palabras para reflotar este servicio público esencial. Resulta inaplazable un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, con la colaboración de los operadores jurídicos, para sacar adelante un ambicioso plan para afrontar los efectos perniciosos de esta crisis tan dramática.

Será imprescindible adoptar unas medidas de choque ante la inédita y excepcional situación que se producirá cuando se alce el estado de alarma en nuestros juzgados y tribunales.

Mientras tanto la Justicia sigue funcionando, cierto que a un ritmo menor. Ha de dar respuesta a todos los problemas que se antojan inaplazables y cuyas actuaciones aparecen detalladas como esenciales en el decreto declaratorio del estado de alarma. Lamentablemente la actividad criminal no cesa, se registran más episodios de violencia contra las mujeres y de abuso infantil, por citar solo algunos casos más llamativos. Sin olvidar la imperiosa actualización de las inscripciones de defunción y de los consiguientes certificados que en algunas de las importantes oficinas del registro civil se han visto colapsadas por mor de la obligada reducción de plantilla. Son muchas las personas que están pendientes estos días de esos documentos indispensables para gestionar la obtención de pensiones, cancelar cuentas bancarias o simplemente dar de baja unos suministros.

Levantado el estado de alarma, habrá que reanudar la actividad judicial suspendida y hacer frente al más que previsible incremento de la litigiosidad fruto de la propia emergencia sanitaria así como de las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar los efectos sociales de esta crisis. Preocupante es el aluvión de demandas previstas en las jurisdicciones social y mercantil, ya de por si saturadas por el impacto de la última crisis financiera. Y será prioritario en la jurisdicción social poner en marcha de forma inmediata planes de refuerzo basados fundamentalmente en la dotación de medios materiales y personales.

De entrada, las medidas a adoptar, normativas, organizativas y tecnológicas, deberán limitarse a actuaciones puntuales exclusivamente ligadas a proporcionar una respuesta rápida y concreta a los problemas que se planteen al término de la crisis sanitaria. En particular, evitar un colapso generalizado en la Administración de Justicia y ofrecer una pronta solución a todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la especial atención a los grupos más vulnerables.

Conviene tener presente que nuestros órganos judiciales tienen inmovilizados más de 4.000 millones de euros producto de fianzas, costas y otros depósitos que se ingresan en las cuentas del Ministerio de Justicia. Dinero, en su mayor parte retenido y fuera del circuito económico, a veces durante varios años, a la espera de una resolución judicial. Una respuesta ágil incidirá, sin lugar a dudas, positivamente en nuestro sistema económico tan falto de recursos.

Hay que apostar por agilizar plazos procesales, concentrar actuaciones judiciales, buscar alternativas como la mediación y conciliación, extender los efectos de los pleitos que van a ser masivos, dictar sentencias in voce en determinados procedimientos a fin de flexibilizar las cargas de trabajo de los órganos judiciales, reducir trámites procesales innecesarios e incluso habilitar el mes de agosto. Todo ello requerirá un mayor esfuerzo de todos los operadores jurídicos y seguramente algunos sacrificios y poder estar a la altura de nuestros héroes del estado de alarma. Eso sí, bajo ningún concepto, estas medidas pueden alterar los principios constitucionales ni suponer una merma de los derechos y garantías de los justiciables. Y, lo que es más importante, ante esta terrible crisis sanitaria, económica y social, es obligado defender los derechos de las personas más vulnerables así como de las afectadas económicamente por la covid-19, garantizando para empezar su acceso a la Justicia.

Ignacio González Vega es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

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