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Juan Carlos I contrata para su defensa a un antiguo fiscal anticorrupción

Juan Carlos I ha elegido para “ejercer su derecho a la defensa” al abogado Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción muy conocido en la década de los noventa por encabezar la causa contra Mario Conde en el caso Banesto. Este letrado será a partir de ahora “quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar [al Rey emérito] y se consideren procedentes”, según ha informado la Casa Real a través del comunicado donde Felipe VI anuncia que renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación.

Sánchez-Junco, fiscal anticorrupción en excedencia, fundó en 2001 su propio despacho, según consta en su página web. Una firma especializada “en el asesoramiento de empresas y particulares en el ámbito socio-económico” y en “la defensa jurídica en el ámbito del derecho penal-económico”. Antes de aterrizar en la abogacía privada, su figura había adquirido cierta dimensión pública al participar en la acusación del caso Banesto. Él fue el encargado de leer las conclusiones finales en el juicio contra el exbanquero por apropiación indebida, estafa y falsedad. Y llegó a solicitar para Conde hasta 49 años y medio de prisión por esta trama financiera.

Su elección no resulta casual. Juan Carlos I se enfrenta a una compleja investigación en Suiza —sobre la que la Audiencia Nacional ya ha pedido también detalles— relacionada con un supuesto cobro de comisiones ilegales por la obra del AVE a la Meca llevada a cabo por un consorcio de empresas españolas encabezadas por OHL. Los investigadores del país helvético siguen la pista a cerca de 100 millones de euros ingresados en una cuenta y que, según Corinna Larsen, se corresponden con una donación que el rey emérito le habría hecho. Además, el diario inglés The Telegraph ha publicado este fin de semana que el antiguo jefe del Estado creó dos fundaciones, que desde una se administró ese dinero y que Felipe VI consta como beneficiario.

El actual Monarca ha admitido este domingo que, desde el 5 de marzo de 2019, tenía conocimiento de “su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de su majestad el rey Juan Carlos”. Según su versión, recibió entonces una carta del despacho de abogados Kobre&Kim (Reino Unido) en la que se le informaba de tal situación. “Sin ninguna justificación documental”, matiza Felipe VI en su nota de prensa, donde añade que, inmediatamente, comunicó al citado despacho de abogados que no tenía “conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba”.

Un mes después, el 12 de abril, el actual jefe de Estado se dirigió a un notario para dejar constancia de que había enviado otra misiva a Juan Carlos I para que, “si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación”. “Manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro”, informa la Casa Real.

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