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Interior facilita que 2.100 presos en semilibertad más cumplan sus condenas en casa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada el pasado lunes al hospital de campaña montado en IFEMA.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada el pasado lunes al hospital de campaña montado en IFEMA.Eduardo Parra / Europa Press (Europa Press)

La decisión del Ministerio del Interior de facilitar a las cárceles que autoricen a sus reclusos en semilibertad cumplir las condenas en sus casas para evitar la expansión del coronavirus ha duplicado en una semana los presos que disfrutan de este beneficio. De los 2.230 reclusos en régimen abierto a los que se les aplicaba control telemático antes de la emergencia sanitaria se ha pasado a 4.381, según fuentes penitenciarias. Es decir, 2.151 más en solo siete días. Todos se han comprometido por escrito a permanecer en sus domicilios y a salir únicamente para realizar las actividades autorizadas en el decreto de estado de alarma.

Esta modalidad de cumplimiento está contemplada en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, y permite que el recluso al que se le aplica acuda a prisión únicamente a realizar actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales, pero no a dormir. La vigilancia sobre él se realiza mediante dispositivos telemáticos, habitualmente unas pulseras que se colocan en muñeca o tobillo al recluso y que alertan si no cumple las restricciones de movimiento. Sin embargo, el elevado número de presos que han accedido esta última semana al mismo beneficio supera el de estos dispositivos con los que cuenta Instituciones Penitenciarias —aproximadamente 2.500—, por lo que se han iniciado gestiones para adquirir más unidades. Mientras llegan, Prisiones realizará la otra medida de control contemplada en la ley: llamadas aleatorias al teléfono fijo del domicilio del recluso para constatar que respeta el confinamiento. La medida ha permitido vaciar momentáneamente más de la mitad de los 33 Centros de Inserción Social (CIS) y secciones abiertas de las cárceles donde pernoctaban estos presos, según fuentes sindicales.

Interior adoptó esta medida después de que las que se tomaron inicialmente tras la declaración del estado de alarma para aislar las cárceles supusieran la cancelación de los permisos de salida y el fin de las visitas de familiares y amigos a los internos en régimen cerrado mientras dure la crisis, pero no de las salidas diarias para ir a trabajar de los reclusos en semilibertad. Ya entonces algunos centros —que son los que tienen la última palabra en la concesión de este beneficio, optaron por permitir a sus internos en régimen abierto que permanecieran en sus casas, con la cárcel de Martutene (San Sebastián). Ahora se ha generalizado.

Para los presos en semilibertad a los que no se ha aplicado el artículo 86.4, Interior contempla otras medidas para evitar sus salidas y entradas continuas en prisión. Así, se les permite acumular dos permisos ordinarios de cuatro días cada uno y otras tantas salidas de fin de semana de tres días, de modo que permanezcan en su casa hasta dos semanas. Si en algún caso no se pudiera conceder estos permisos, abre la posibilidad a conceder salidas extraordinarios de hasta siete días. Para el resto de presos en régimen abierto, se mantienen las salidas a trabajar, aunque con precauciones: pernoctan en celdas aisladas y cenan en turnos diferentes al resto de los internos para evitar la propagación del virus. Algo más de 8.000 reclusos disfrutan de alguno de los tipos de terceros grados contemplados en la legislación penitenciaria.

Hasta ahora, en las prisiones dependientes de Interior se ha registrada el fallecimiento de una interna de la cárcel de Estremera. Otros tres reclusos ―dos de ellos del mismo centro que la mujer muerta― y 46 trabajadores penitenciarios han dado positivo. Además, según el recuento oficial, están en observación o cuarentena más de 260 funcionarios y cerca de 125 internos. Los sindicatos de funcionarios de prisiones elevan estas dos últimas cifra a más del doble. En las cárceles catalanas, gestionadas por la Generalitat, hay cinco internos con coronavirus y otros 36 están “en estudio”.

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