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Interior da la semilibertad a tres presos etarras a los que ya había acercado

Jagoba Codó Callejo, en abril de 2001 en el aeropuerto de Barajas tras ser entregado a España por las autoridades mexicanas.Jagoba Codó Callejo, en abril de 2001 en el aeropuerto de Barajas tras ser entregado a España por las autoridades mexicanas.

El Ministerio del Interior ha anunciado este jueves la concesión del tercer grado penitenciario o semilibertad a tres presos de ETA a los que con anterioridad ya había beneficiado con un acercamiento a cárceles próximas al País Vasco. Se trata de Jagoba Codó Callejo, Javier Aguirre Ibáñez y Fernando Alonso Abad, para los que las juntas de tratamiento de las prisiones en las que están recluidos propusieran el régimen abierto tras hacer una renuncia expresa de la violencia, reconocer el daño causado y aceptar la legalidad penitenciarias, según ha destacado en una nota el departamento de Fernando Grande-Marlaska. Cuando sea efectiva, la medida les permitirá ir a prisión solo a dormir de lunes a jueves si justifican tener un trabajo y disfrutar de más días de permisos.

Los dos primeros permanecerán en la sección abierta de la cárcel de Logroño y el tercero, en la de la prisión de Asturias, a las que fueron trasladados entre 2018 y 2019 de otros centros penitenciarios más alejados del País Vasco tras poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez una nueva política penitenciaria que incluía el fin de la política de dispersión. Instituciones Penitenciarias destaca que, pese al aislamiento que ha sometido a las prisiones por la crisis sanitaria del coronavirus, las juntas de tratamiento siguen concediendo progresiones de grados “para cumplir con la legalidad penitenciaria y no perjudicar el interés y los derechos de las personas privadas de libertad”.

En el caso de Codó Callejo —en prisión desde abril de 2001 tras ser entregado por las autoridades mexicanas y condenado a 22 años por pertenencia a banda armada y depósito de armas— Interior ha valorado que en mayo de 2015 cumplió tres cuartas partes de su condena, que no tiene delitos de sangre y que aceptó la legalidad penitenciaria al recurrir en 2017 la negativa de Instituciones Penitenciarias a progresarle entonces al segundo grado penitenciario, que le abría las puertas a disfrutar de permisos. Es uno de los reclusos etarras a los que la asociación de familiares de presos Etxerat considera gravemente enfermo.

Codó fue finalmente clasificado en segundo grado penitenciario en marzo de 2017 por orden judicial después de enviar al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, una carta en la que hacía un desmarque genérico de la violencia. En esa misiva, el etarra escribió que “nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido, ni al causado y penalmente lo estoy pagando”. El juez consideró dichas palabras una renuncia expresa al terrorismo, aunque criticó que el interno aún guardara “cierta equidistancia con las víctimas, a las que ni siquiera menciona”. Los técnicos de la prisión ya consideraban entonces que el etarra mostraba “un pronóstico de reincidencia bajo” y una evolución en su comportamiento en la cárcel que favorecía su reinserción. En octubre de 2018, Interior decidió su trasladado desde el Centro Penitenciario de Castellón II a la prisión de Logroño dentro de la nueva política de reinserción.

Javier Aguirre fue encarcelado en enero de 2016 y cumple una condena de seis años y medio por falsificación de documento público y colaboración con banda armada. Próximo a cumplir las tres cuartas partes de la condena —lo hará el próximo mes de noviembre, lo que le permitirá solicitar la libertad condicional—, Aguirre fue trasladado en febrero de 2019 a la cárcel de Logroño desde la prisión de Ocaña I (Toledo) tras hacer una renuncia expresa a la violencia terrorista.

En el caso de Fernando Abad, el tercer etarra al que ahora se ha concedido la semilibertad, su ingreso en prisión se produjo en agosto de 1996. Cumple una condena de 25 años por depósito de armas, tenencia de explosivos, pertenencia a organización armada y terrorismo. Prisiones le trasladó en noviembre de 2018 desde la cárcel de A Lama (Pontevedra) al Centro Penitenciario de Asturias. Había cumplido las tres cuartas partes de su condena en mayo de 2017. Abad ha manifestado su rechazo a la violencia y ha abonado la responsabilidad económica a la que fue condenado.

Con estas tres progresiones de grado, Interior confirma la apuesta del Gobierno por flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA. Los más de 30 acercamientos y mejoras de la situación penitenciaria registrados desde entonces han sido un goteo constante desde entonces con algunos parones. Lo que rechaza el ejecutivo es acercar a todos los presos etarras en bloque, independientemente de sus condenas y de que hayan renegado o no de la banda armada, como ha pedido públicamente el Gobierno vasco, que encabeza Iñigo Urkullu (PNV). Este anunció un plan para acercar en bloque a las tres cárceles del País Vasco y las cuatro más cercanas a los 200 presos que aún no están en ellas con el argumento de que ello facilitaría su reinserción. Sin embargo, el Gobierno ha insistido siempre en que los acercamientos seguirán siendo individualizados y siempre después de que los presos hayan dado pasos del reconocimiento del daño causado o de la legalidad penitenciaria.

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