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Igualdad anuncia un cambio en la ley del aborto para derogar la reforma de 2015

La ministra de igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la derogación de la reforma de 2015 de la ley del aborto. En la práctica supone eliminar los artículos introducidos entonces que hacen que las jóvenes de 16 a 18 años necesiten el permiso paterno para abortar, es decir, que los progenitores puedan obligar a una mujer de esas edades a tener un hijo no deseado.

Según Montero, el Gobierno ha comenzado los trabajos para cambiar la última reforma de la ley de seguridad de salud sexual y reproductiva, de 2010 y modificada en 2015 por el PP, “con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos”. Lo ha avanzado ante la Comisión de Igualdad del Congreso, aunque no ha facilitado ningún detalle sobre fechas o procedimiento.

La recuperación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, también de las menores vetadas por la última reforma, formaba parte del acuerdo de Gobierno rubricado en diciembre entre PSOE y Unidas Podemos.

Combatir el síndrome de alienación parental

Otra de las novedades anunciadas en la comisión supone acabar con la aplicación del llamado síndrome de alienación parental (SAP). “Tomaremos las medidas necesarias para que el SAP deje de ser utilizado como un criterio”, ha señalado la ministra, que ha recordado que es una “reivindicación histórica” del movimiento feminista. Se trata de una herramienta esgrimida en algunas resoluciones judiciales y que presupone que normalmente las madres manipulan a sus hijos e hijas contra sus progenitores, lo que invalida los testimonios de los menores.

El conocido como SAP carece de base científica, es descartado además en numerosas sentencias judiciales, y descalificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Consejo General del Poder Judicial. Montero ha indicado que, con la vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Justicia, han previsto tomar medidas “para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, el SAP, puedan ser tomados en consideración”. Según la ministra, las consecuencias de su aplicación resultan “enormemente preocupantes” porque pueden contribuir a la “impunidad de formas de violencia contra la infancia y son desde luego inasumibles para un Gobierno feminista”.

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