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Hambre y chatarra en Casa Gallineta

“Y no te olvides de los pañales, por favor”. Así se despide María Tarano, rodeada de montañas de quincalla y de niños que absorben su zumo hasta estrujar el envase de cartón. Esta rumana que lleva 15 años en Valencia está muy agradecida a la Cruz Roja, que les acaba de repartir bocadillos y bebida sobre todo desde el estallido de la pandemia, pero recuerdan que les faltan muchas cosas como los pañales, que no pueden salir a recoger chatarra desde que se declaró el confinamiento y no pueden ganar “ni un céntimo”. “Antes no necesitábamos casi nada, porque ganábamos algo todos los días. Pero ahora no podemos salir ni vender nada”, comenta la que parece ser la matriarca del asentamiento de Casa Gallineta, un grupo de chabolas levantadas hace años en torno a la casa de un pastor, en un terreno baldío en el que confluyen el fin del campo, el inicio de la ciudad, las rondas de circunvalación y las vías del tren.

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Allí está Juan Moreno, pastoreando sus cabras y ovejas sobre los retazos de maleza y con la imponente mole del hospital La Fe al fondo, entre el barrio de Malilla y la pedanía de la Torre. “Son buena gente y tienen luz y agua”, comenta “el pastor”, como le llaman en el grupo de unos 40 rumanos de este asentamiento. Entre ellos se encuentra Claudio, que se ha acercado a la furgoneta de la Cruz Roja a por las avituallas con una niña en brazos a pesar de la tierra embarrada. Joven, fuerte, risueño, con la piel tostada por el sol, el sí que ha logrado trabajar en la cuarentena en la recogida de cebolla, dada la apremiante necesidad de jornaleros en el campo. La chatarra acumulada, no obstante, revela la principal actividad de este asentamiento consolidado con el paso de los años y en el que dos niños rubios reconocen que ya quieren volver al colegio.

Chatarra por todos lados se ve también en el asentamiento situado detrás de la estación de la Fuente de San Luis. Neveras destripadas, carritos de supermercado sin ruedas, termos oxidados, todo tipo de quincalla. Aunque los precios fluctúan mucho, el alambre de cobre brillante puede pagarse a cuatro euros el kilo, mientras lo más habitual, los restos de aluminio o acero inoxidable, a unos 0,6 euros el kilo. “Si no vamos a la calle, no ganamos nada”, explica una mujer de origen extremeño en la puerta del pequeño poblado, tras rechazar el servicio de asistencia sanitaria que también ofrece la organización en virtud del convenio firmado con la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. La ambulancia de la Cruz Roja ya estuvo la semana pasada allí y todos se encuentran bien, asegura la mujer. Sí esperan a la furgoneta con los bocadillos y los lotes higiénicos que pasará poco después. Es miércoles, 22 de abril, a las 13 horas, en mitad de la jornada de reparto y asistencia sanitaria de la Cruz Roja con el objeto de paliar los efectos de la pandemia mundial del coronavirus sobre las personas más vulnerables y con menos medios.

La ambulancia emprende el camino de su segundo destino, no muy lejos, una pequeña calle paralela a la popular San Vicente, donde viven varias familias en casas abandonadas, en infraviviendas. El equipo médico despliega sus mesitas y sillas y atiende a la gente tras ganarse su confianza, con especial atención a una niña de 11 años a la que se le infectó una herida en un dedo del pie. Tiene una inflamación de pus considerable. La pequeña operación que le practican en el interior de la ambulancia duele. La niña sale llorosa con el dedo vendado y se sienta en una silla en la calle. La madre no deja de acariciarle y de hablar en rumano. La hija asiente, traduce y resume: “Que fuimos al hospital hasta tres veces y nos decían que no era nada, que la limpiáramos y ya está”. Intenta sonreír, pero le cuesta. Tiene muchas ganas de volver a la escuela y de ver a sus amigas. Tanto ella como su madre agradecen el interés del profesor que no deja de llamar por teléfono para ayudarla en los estudios durante el confinamiento. Conexión con Internet y clases telemáticas habrá a la vuelta de la esquina, allí no.

Allí hay poco. El marroquí Zacarías trabajaba con su furgoneta transportando material de obras. Ahora no puede salir. Hace meses que pidió la renta mínima de inclusión de la Generalitat para mantener a su mujer, ahora embarazada, y sus dos hijos. Tampoco puede ganar dinero la colombiana Beatriz, trabajadora doméstica en una casa “con una señora muy delicada con cáncer”.

Todos ellos reciben ayuda de la delegación de Servicios Sociales, que dirige Isabel Lozano, a través de la Cruz Roja. La concejalía tiene contabilizadas unas 600 personas que habitan en infraviviendas en diferentes asentamientos en Valencia. Este departamento, junto a Ibercaja Banco, presentó la plataforma solidaria Anem València para canalizar donaciones particulares y de empresas para garantizar comidas y lotes de higiene personal. La atleta Marta Fernández ha sido una de las primeras mecenas. En las páginas web del Ayuntameinto y de Ibecaja se encuentra toda la información.

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