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Hacienda triplica hasta los 30 millones el baremo para definir a grandes contribuyentes

Centro de control de la Agencia Tributaria fotografiado el pasado 8 de diciembre.
Centro de control de la Agencia Tributaria fotografiado el pasado 8 de diciembre.Jaime Villanueva

Serán 30 millones de euros, y no 10 millones como hasta ahora, los que un particular tenga que atesorar para que la Agencia Tributaria lo adscriba a la delegación central de Grandes Contribuyentes, una oficina creada en 2005 para hacer el seguimiento de las grandes fortunas que cambia para “adaptarse a la nueva realidad socioeconómica”, según la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado. En el radar de la delegación también se incluirán las empresas y entidades cuyo volumen de operaciones, a efectos del IVA, haya superado los 200 millones durante dos ejercicios seguidos, lo que viene a duplicar lo considerado hasta ahora para incluirla dentro del paraguas de dicha oficina.

Pese a la subida de los importes, la unidad tiene un margen muy amplio para actuar, ya que podrá fiscalizar las cuentas de quienes hayan declarado rentas en un año superiores a tres millones de euros o “tengan una posición destacada en un sector económico determinado”. Sus funciones, que son las mismas que las de la Agencia Tributaria exceptuando algunas de gestión aduanera e impuestos especiales, también podrá ejercerlas frente a aseguradoras en liquidación; cuando haya indicios de un fraude complejo o diseminado por todo el territorio o simplemente cuando se considere útil “por razones de eficacia”.

En cuanto a las empresas, más allá del importe de sus operaciones, estarán adscritas a esta unidad de grandes contribuyentes las que generen un volumen de información muy grande, superior a los 20.000 registros durante dos años seguidos, y tengan operaciones en más de una comunidad autónoma.

El organismo dependiente de la Agencia Tributaria tiene poder para sancionar o recabar información respecto a cualquier impuesto y periodo que no haya prescrito. Lo mismo ocurre con las personas físicas no residentes o empresas extranjeras que no tengan establecimiento permanente en España cuando el representante, depositario o gestor de sus bienes esté obligado a rendir cuentas en este país.

El ministerio que dirige María Jesús Montero quiere que la oficina gane en eficiencia y para eso la disposición publicada ayer incluye cambios en la estructura interna, como la creación de una unidad de coordinación que velará porque se cumpla el plan de objetivos que Hacienda establezca.

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